Ocho años después de abierta la causa, la jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a a funcionarios de la Universidad de San Martin (UNSAM) por supuesta malversación de fondos con contrataciones irregulares y emisión facturas “truchas”. Además, ordenó profundizar la llamada Ruta del Dinero de esos fondos públicos provenientes del ex ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido.

Fue después de detectar que muchas de las facturas emitidas por la universidad pública para un convenio sobre seguridad de represas hidráulicas se usaron para pagar otros gastos y ni siquiera estaban registradas ante la ex AFIP o habían sido emitidas en una imprenta ubicada a metros de la casa de estudios.

Se trata de una causa en donde ya tiene procesamiento confirmado el ex rector de esa casa de estudios, Carlos Ruta, quien –en otra causa- fue enviado a juicio oral junto al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por sobreprecios en la compra equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales digitales también a través de la USAN.

Además, en marzo del año pasado arrancó el juicio oral y público contra la actriz Andrea del Boca, De Vido, el ex rector de la UNSAM Carlos Ruta, la ex titular K del INCAA, Liliana Mazureentre otros, por defraudación contra la administración pública en la realización de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto.

Durante su gestión, De Vido hizo varios convenios con universidades públicas que le permitieron evitar los controles de la ley de administración pública y hacer compras o contrataciones directas como pasó con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la construcción de la central eléctrica de Río Turbio.

En este caso, la investigación se inició en noviembre de 2017 cuando el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción en donde se exponían diversas irregularidades administrativas y financieras que se derivó en una denuncia penal por posible maniobra de desvío de los fondos públicos. Capuchetti juró como jueza en 2019 y la causa tuvo varios vaivenes.

El ORSEP, un organismo destinado a asegurar el adecuado funcionamiento de los emprendimientos de represas hidroeléctrica, firmó un convenio en 2012 con la UNSAM para recibir asesoramiento técnico en materia hidráulica.

Sin embargo, una auditoría interna detectó diversas inconsistencias en los informes de avance de prestaciones y manejo de fondos. Según la acusación, hubo un perjuicio económico a los recursos del Estado Nacional, estimado en cuanto menos en $8.898.167 (de esa época), adjudicados por partida presupuestaria al Organismo Regulador de Seguridad de Presas durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

A fines del 2023, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a Ruta, ex rector de la UNSAM, Daniel Edgardo Di Gregorio, ex vicerrector de la UNSAM, y a los funcionarios Román Martín González, Jonathan Bortnik, Francisco Héctor Fernández, Juan Esteban Videla, Christian Daniel Fernández, María Andrea Luján Fernández, Ana María Fernández, Hernán Eduardo Vilar y Fiorella Raffo.

Con relación al origen de esos fondos, ese dinero era asignado al ORSEP por el entonces Ministerio de Planificación; lo que permite inferir que efectivamente era de patrimonio estatal nacional.

Pero las defensas apelaron y en febrero pasado la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento solo de Ruta y Di Gregorio (aunque los consideró partícipes necesarios y no coautores) y dictó la falta de mérito del resto por entender aún no se había acreditado un poder de decisión en el marco de las funciones asignadas en los convenios, así como tampoco si sus competencias abarcaban o no el control de las prestaciones que debían ser abonadas con los fondos investigados.

Ahora, la jueza Capuchetti sumó más pruebas y volvió a procesarlos. “El nuevo material de prueba detallado, en complemento con el que ya fue oportunamente valorado, reúne a mi criterio las condiciones necesarias para tener por acreditado, la responsabilidad penal de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla en orden a la comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, afirmó.

Según dijo Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.

En ese contexto, la jueza afirmó que “ya se ha logrado recopilar información relevante sobre las distintas personas físicas y jurídicas que participaron en el cobro”, pero indicó que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y delegó en la fiscalía la misión de profundizar sobre la ruta del dinero.

El fallo destacó que entre 2012 y 2015 las máximas autoridades de ese entonces del ORSEP y la UNSAM firmaron un convenio marco y dos actas específicas en el que definieron y acordaron desarrollar diferentes tareas que estaban plasmadas en sus correspondientes anexos.

“Las anomalías acaecidas no solo habrían tenido lugar desde el momento de la confección de esos instrumentos, sino también se habrían extendido hasta la finalización de los procedimientos administrativos iniciados en consecuencia, en lo que concierne a la definición de las prestaciones y al pago efectuado. Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados”.

Ninguno de los documentos cuestionados, a pesar de que el estatuto de la UNSAM así lo estipulaba, contó con la aprobación previa del Consejo Superior para su suscripción. Pero además “las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos”.

Es más: más allá de que los profesionales no desarrollaron las tareas acordadas en los anexos, la UNSAM recibió en función de estos convenios entre el 2013 al 2016 de parte del ORSEP cuanto menos la suma de $8.898.167.

“Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas y pagos por aquella”, señaló

A modo de ejemplo: dos aportaron facturas como psicólogo, uno como arquitecto y otro como profesor educación física. Uno de los involucrados señaló que su labor consistía en la digitalización de fotocopias; otro que tenía que separar la documentación digilitazada y otro que tenía que transcribir reuniones del consejo, viajes y charlas en escuelas públicas. Había facturas por consultorías y por venta de alimentos. Un detalle: entre las facturas incorporadas en las rendiciones de cuenta aportadas por la UNSAM, había algunas que no tenían el código de autorización de impresión (CAI) y otras que, incluso, habían sido emitidas en una imprenta cercana a la sede de la universidad.