A 20 días de haber jurado como ministro de Justicia del gobierno de La Libertad Avanza, Mariano Cúneo Libarona ya tiene sus primeros detractores dentro del ámbito judicial respecto a algunas políticas anunciadas que busca impulsar.

Tampoco hay plena conformidad sobre el candidato que tiene en carpeta para el cargo de Procurador General de la Nación, un cargo de absoluta relevancia que hace seis años, por falta de acuerdo en la política, no está cubierto. Como la normativa lo indica, Eduardo Casal cubre el puesto de forma interina.

El Procurador General de la Nación es un cargo de suma importancia: es el jefe de todos los fiscales, además tiene intervención ante la Corte Suprema de Justicia. A tal punto es la envergadura de su rol que para ser designado requiere, en el Senado, la mayoría especial es decir, dos tercios del cuerpo deben dar su consentimiento. La misma exigencia que un ministro del máximo tribunal.

Hace seis años que en Argentina no se logra designar a un Procurador en carácter de titular. Desde que Alejandra Gils Carbó renunció al cargo, está frente a la MPF Eduardo Casal, quien era el segundo en orden de jerarquía. Siguió de esta manera, lo que la normativa establece.

Un concepto siempre se escucha en la Procuración: «el puesto está vacante, designen a alguien, obtengan los votos y así Casal dejará de ejercer el cargo».

Esa idea responde -en esencia- a la gestión saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes intentaron reformar la Ley que determina los requisitos para que una persona asuma frente a la PGN. Buscaron eliminar la mayoría especial, aunque la medida naufragó en el Congreso.

Con la intención de colocar a alguien que responda a los intereses del espacio político, también denunciaron y buscaron llevar a un jury de enjuiciamiento a Eduardo Casal. Nada prosperó.

Es potestad del presidente de la Nación elegir un candidato para la Procuración, pero sólo progresará en tanto el Senado acompañe con la cantidad de manos que la normativa exige. Es lo que no ocurrió con el juez Daniel Rafecas, a quien había elegido Alberto Fernández. Fue la propia Cristina Kirchner la que impidió que ese trámite avance.

El pliego de Rafecas fue retirado del Senado hace dos semanas por orden de Cúneo Libarona. Su candidato, sugerido al presidente Milei, es Marcelo Lucini. «Es intachable, con experiencia y va a dirigir muy bien», dijo el ministro en diálogo con Clarín.

El desafío será que su pliego obtenga la mayoría especial en el Senado. El anuncio, para algunos dentro de la Justicia, podría naufragar en el Congreso. Pero además son muchos los que esperaban un gesto «de referencia y representación» en cuanto al candidato. Esto es: tanto jueces como fiscales del fuero penal, opinaron que debería ser un fiscal quien asuma frente a la Procuración.

Expuesta la primera discrepancia con el criterio instaurado por el ministro de Justicia, comenzaron a surgir más diferencias a la hora de conocer el mapa de ruta que busca trazar Cúneo Libarona.

En la Procuración General no se comparten los dichos vertidos por el ministro de Justicia en cuanto a la implementación del Sistema Acusatorio. Bajo esta modalidad los fiscales tienen mayor preponderancia, asumen la investigación de principio a fin. Esto otorga mayor celeridad al proceso que tiene sustento en la oralidad. Siempre será el juez el garante de todo lo que transcurra.

El Sistema Acusatorio impulsado por el ex ministro de Cambiemos Germán Garavano se puso en marcha a nivel federal, sólo en Salta y Jujuy. Se hizo a través de la Comisión Bicameral de Implementación del Congreso, con lo cual tampoco es potestad del Poder Ejecutivo. Sí es responsabilidad del mismo la dotación de recursos para que sea viable la habilitación del Acusatorio. También hay varias provincias como Santa Fe que tienen este sistema implementado.

Cúneo Libarona en una entrevista con Clarín sostuvo: «Se puede avanzar en el Sistema Acusatorio sin fondos«. El 30% del Ministerio Público Fiscal está vacante, lo que dificulta el progreso en muchos casos, de las investigaciones. Sobre ese punto el responsable de la cartera de Justicia añadió: «Tengo fiscales que van a tener tareas mayores a las que tienen aquí, yo no puedo pretender, como hablaban, de crear una ciudad judicial, sería iluso. O como dice algún fiscal, que necesitamos una superestructura. No tengo eso, me voy a arreglar con lo que tenga y que salga«.

La idea del actual gobierno es una implementación inmediata y simultánea del Sistema Acusatorio en todo el territorio argentino.

«La iniciativa choca con la realidad» dijo a Clarín un reconocido fiscal federal que conoce de cerca la implementación de este sistema. Sin recursos, son muchos los que consideran que es inviable llevar a todo el sistema a esta metodología.

La falta de personal para poder gestionar eficazmente las investigaciones, garantizar la atención de las víctimas y la representación del MPF en las audiencias a lo largo de todo el proceso, es una de las principales falencias que remarcan dentro de la Justicia.

No es el único punto que se señala a la hora de entender la necesidad de recursos, entienden desde el MPF, para avanzar con el Acusatorio. Detallan también la importancia de las adecuaciones edilicias “para integrar equipos de trabajo y garantizar espacio para la atención a las víctimas y testigos”, como “la adecuación tecnológica sin la cual resulta imposible realizar audiencias remotas y gestionar los expedientes en forma totalmente digital de acuerdo a lo dispuesto por el nuevo código”.

Ante la insistencia del Ministerio de Justicia de una implementación simultánea e inmediata, desde el MPF remarcan: “Tratar de implementar el sistema acusatorio en el estado actual implica cierto desconocimiento de la realidad de las jurisdicciones federales, de la estructura del sistema acusatoria y el impacto que implica pasar de un sistema eminentemente escrito a un sistema donde las cuestiones se resuelven en audiencias y la víctima adquiere un rol importante”.

El cambio que representa este modelo de justicia es radical en cuanto a la forma en que se investigan y se juzgan los delitos. Los fiscales pasan a tener un rol central en las investigaciones, que están a su cargo desde el inicio, y la mayor parte de sus planteos se realizan en audiencias ante el juez y la defensa.

En primer término, incluso dentro de la Procuración, consideran que es necesario comenzar a cubrir los cargos vacantes. Cuando asumió el gobierno de LLA se retiraron 62 pliegos del Senado, entre ellos diez correspondían a representantes del Ministerio Público Fiscal y catorce integrantes del Ministerio Público de la Defensa.

Pese a esos números aún faltan cubrir muchos más cargos en el MPF. «Para avanzar hacia el Acusatorio indefectiblemente necesitás más fiscales designados, es el primer recurso con el que tenés que contar», indicó a Clarín una fuente judicial.

En esencia, entienden muchos integrantes del Ministerio Público Fiscal, para que el proceso de implementación tenga algún grado de éxito “se requiere principalmente de decisión política, de la voluntad de los actores y el diálogo de los actores involucrados”.

Pero además, entre los recursos necesarios para avanzar en la implementación del Acusatorio, están los fondos que demanda “para poder llevar adelante las adecuaciones edilicias, mobiliarias y de tecnología que exige el nuevo sistema junto con las de RRHH. En Salta y Jujuy esta última implicó un aumento del 40%”, explicaron fuentes judiciales.

Con una marcada diferencia al criterio que adopta el ministro de Justicia, desde la Procuración se indicó que para dimensionar lo que implica avanzar con la puesta en vigencia del Sistema Acusatorio, basta mirar las dos provincias del Norte, “como prueba valedera y real y no como una simple declamación dogmática de quienes no han tenido esa experiencia. Y, a más de 4 años, no hay mejor testimonio de los resultados del éxito de ese proceso de implementación que la opinión pública de los fiscales, jueces y defensores de esa jurisdicción”.

Según las primeras estimaciones dentro de la Justicia, el presupuesto mínimo necesario para la implementación del Acusatorio ronda los 5 millones de dólares, esa cifra es la que se volcó cuando se puso en marcha -en 2019- en Salta y Jujuy.

El detalle expone: 50 millones de pesos para el edificio de Salta y Jujuy que se renovó en el 2022 por una cifra actualizada por la inflación. En infraestructura informática -computadoras de escritorio, notebooks, storage, etc.- para el MPF U$D 1.763.700, para el PJN U$D 3.105.000 y para el MPD U$D 450.000.

A su vez, falta considerar la inversión en mobiliario y las reformas que se tuvieron que realizar en los edificios para adecuarlos a la lógica del nuevo sistema.