La Cámara de Diputados aprobó con 138 votos afirmativos los cambios en las figuras de reincidencia y reiterancia en el Código Penal, con el objetivo de desactivar la denominada “puerta giratoria” en la Justicia. La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo, fue rechazada por el kirchnerismo y la izquierda. Ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se espera una fuerte resistencia del sector cristinista.

El proyecto establece que “se considera reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Según la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, esta medida evitará que delincuentes con múltiples delitos eludan penas efectivas de prisión. “Para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme”, explicó.

Además, el proyecto introduce un nuevo criterio para la aplicación de penas en casos de delitos reiterados. Actualmente, los jueces pueden combinar penas sin un criterio único, pero con la nueva norma “la pena final será la sumatoria de todos los delitos”, aseguró Rodríguez Machado. También se incorpora un tercer criterio para dictar prisión preventiva: además del riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa, los jueces deberán considerar las imputaciones previas del acusado.

El kirchnerismo criticó duramente la medida. El diputado Martín Soria afirmó que “no supera el mínimo test de constitucionalidad” y advirtió que “buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar a ciudadanos completamente inocentes”. Según su interpretación, la reforma sustituye la presunción de inocencia por la evaluación subjetiva de los jueces sobre si un individuo podría delinquir en el futuro.

Por su parte, la radical Pamela Verasay defendió la iniciativa citando el caso de Mendoza, donde una legislación similar “terminó con la ‘puerta giratoria’ y redujo casi en 50% los delitos graves”. En tanto, la libertaria María Celeste Ponce justificó la reforma afirmando que busca “poner fin a la fiesta de los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial como si estuvieran en un parque de diversiones”.