El tiempo corre para los tres poderes del Estado: para el Gobierno, para el Congreso y para la Corte Suprema, pero en especial para la Casa Rosada. El 30 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias, aunque el Ejecutivo podría prorrogarlas. Javier Milei aún no logró que el Senado vote los pliegos de sus dos candidatos para el máximo Tribunal Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En el círculo íntimo del Presidente ya se animan a exteriorizar –como adelantó Clarín– que hasta ahora era un rumor de pasillo. Si no hay acuerdo en la Cámara Alta, un juez de la Corte podría ser nombrado por DNU en comisión. «Tres jueces en la Corte ya acarraría un déficit grave en materia institucional», consignó uno de los funcionarios que más escucha el Presidente.

En el triángulo de hierro de Milei descartan de plano la posibilidad de que el cordobés Juan Carlos Maqueda -próximo a jubilarse porque superará la barrera de los 75 años- pueda extender su permanencia en la Corte.

Mauricio Macri utilizó esa estrategia al principio de su mandato -por consejo del asesor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón– para nombrar a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti. Finalmente, la presión política obligó a que el ex presidente tuviera que pasar por el filtro del Senado. En el ministerio de Justicia confían en que no será necesario, porque al pliego de Lijo solo le faltaría un voto para obtener dictamen.

En el mientras tanto, el Gobierno se prepara para enviar a la Cámara Alta del Congreso a partir del lunes los pliegos para llenar las vacantes de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, según confirmó en conferencia de prensa este miércoles el secretario de Justicia Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo. En rigor, hay disponible el doble de vacantes, pero por ahora no hay candidatos. «Uno de cada tres juzgados no tiene juez y una de cada dos fiscalías no tiene fiscales», explican.

La iniciativa para completar la nómina de cargos sensibles de la Justicia federal está atada a las negociaciones para completar la Corte Suprema.

Los nombres propios de los magistrados para llenar tantos casilleros le sirven al Gobierno para negociar con los gobernadores y las fuerzas políticas el apoyo a sus candidatos para la Corte.

A partir de la semana que viene, el Gobierno enviará por tandas de a 25 nombres los nombres de los magistrados. En dos semanas debería completarse el proceso. En el Gabinete de Milei destacan que la cifra de vacantes que el Gobierno quiere llenar supera a la cantidad de jueces que se nombraron durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri

En el Ejecutivo señalan que los nombres no son los que circularon públicamente, aunque muchos coincidirían. Destacan que la iniciativa se demoró por las dilaciones de los candidatos para enviar sus currículums y sus declaraciones juradas.

En Cartera judicial señalan que las demoras en las negociaciones se estiraron por un Senado atomizado e interlocutores que no pueden garantizar los votos de sus pares. «Falta un (Miguel) Pichetto», se lamentó un funcionario. Hay puentes con los delegados de los gobernadores y con todas las variantes del peronismo, incluido el kirchnerismo.

La postulación para llenar las vacantes de jueces, fiscales y defensores y el tire y afloje por la Corte Suprema son las dos caras de la misma moneda.

Altas fuentes del Gobierno descartaban desde hace meses nombrar jueces o procuradores si no se votaban antes los pliegos de los candidatos para el Máximo Tribunal. Hace 10 días, con la mirada puesta en el calendario, recalcularon. Funcionarios con acceso al despacho presidencial e intereses en la Justicia sugerían días atrás que el Ejecutivo podría enviar los pliegos en tres tandas. Finalmente unificaron la gestión.

Los aliados del PRO -con Macri, a la cabeza- reclaman tener injerencia para opinar sobre los candidatos que el Senado deberá aprobar. Los interlocutores de LLA con el oficialismo sugieren que el partido amarillo no tiene peso específico en la Cámara Alta, donde solo tiene seis senadores.

No es el único foco de conflicto entre Macri y los delegados del Presidente. El ex presidente pide acelerar los nombramientos en el directorio de la Auditoría General de la Nación y de la defensoría del Pueblo. Para el primer lugar postula a Jorge Triaca. El oficialismo, que en un principio había sugerido ceder su lugar a la UCR -ahora partida en 3- empuja el nombre de Santiago Viola, apoderado de LLA y con despacho en Casa Rosada, aunque no ocupa un cargo formal.

Tras la abrupta salida de Diana Mondino de la Cancillería, en el Gobierno descartaron de plano los rumores de una posible renuncia del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. «Es uno de los ministerios que mejor funciona», lo defendieron en el Ejecutivo.