El abogado Gustavo Semorile estuvo prófugo tres años y siete meses. Su detención fue ordenada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado la última semana de julio de 2020. Está acusado de formar parte de una asociación ilícita, integrada en su mayoría por policías bonaerenses, que robaba cargamentos de cocaína a organizaciones criminales para después reintroducirlos en el circuito clandestino de venta. El sospechoso fue apresado por la Gendarmería Nacional la semana pasada cuando estaba de “vacaciones” en Mar del Tuyú, en el Partido de la Costa. Antes, para evitar ser capturado, se movió entre su casa de la avenida del Libertador, a la altura de Beccar, en San Isidro, la ciudad balnearia de Villa Gesell, Chile y Paraguay.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes que participaron de la investigación que terminó en el operativo de detención.

“No estuvo quieto y escondido en un solo lugar. Hasta ser detenido, Semorile se movió por San Isidro, Villa Gesell, Chile y Paraguay”, sostuvo un detective al tanto de los movimientos en la clandestinidad del abogado. Ahora, la gran incógnita de los investigadores es cómo lograr estar tanto tiempo prófugo.

Semorile, de 68 años, fue indagado el jueves pasado por el juez federal Emiliano Canicoba. Sin aportar pruebas, acusó a la jueza Arroyo Salgado, al abogado Damián Odetti, denunciante y querellante en la causa que lo llevó a prisión, y a un arrepentido de haber fraguado su participación en la organización criminal. El expediente está delegado en el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez.

Según explicaron las fuentes consultadas, Semorile llegó a decir que la jueza Arroyo Salgado tiene una franca enemistad hacia su persona. También sostuvo que un abogado detenido en la causa que después se convirtió en un imputado colaborador o “arrepentido”, Francisco García Maañon, fue instigado a declarar en su contra.

Cuando le preguntaron al imputado si era titular de inmuebles o bienes muebles registrables, el abogado afirmó que tiene una casa en avenida del Libertador, a la altura de Beccar, en San Isidro, que está inscripto como bien de familia y un Toyota Corolla. Y, además, sostuvo que en estos momentos no tiene ingresos económicos por actividad laboral alguna.

Antes de terminar su declaración y además de adelantar que ampliará su indagatoria, Semorile dijo que pedirá autorización para sacar turnos médicos en la empresa de medicina prepaga que tiene contrata para ser atendido por las dolencias que padece.

Según la imputación, la asociación ilícita de la que supuestamente formó parte Semorile tuvo como “principal objeto ilícito la sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados; la extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; e incluso, la detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia; todo ello, además de otros delitos que incluían –aunque no se limitaban- al cohecho, falsedades instrumentales, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, ya sea a través de sus integrantes y/o facilitando y/o instigando su comisión por parte de terceras personas; entre ellos, abogados de la matrícula que simulando una eventual actuación profesional, escondían -frente a las personas involucradas en los procedimientos revestidos de legalidad de los que se valía la organización para el beneficio personal de sus integrantes-, su participación en las maniobras extorsivas de las que resultaban víctimas”.

Semorile estaba prófugo en el expediente donde Arroyo Salgado, en octubre de 2021, había procesado como jefe de la de la asociación ilícita al por entonces fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, funcionario que fue destituido el año pasado tras un juicio político.

Finalmente, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolan. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.Esa cocaína robada terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar, desde donde fue distribuida para su comercialización. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un salón de fiestas de Quilmes que pertenecería a unos de los policías investigados.

La Cámara Federal de San Martín también le redujo sustancialmente el embargo que pesaba sobre sus bienes: pasó de 2000 millones a un millón de pesos.

Hasta el 24 de julio de 2020, cuando se hizo pública la investigación, delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez y se allanó su oficina, Scapolan estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro.

Durante el trámite de la causa, la magistrada había procesado a dos funcionarios judiciales que cumplían funciones como secretarios de la dependencia a cargo de Scapolan: Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale. Estuvieron presos casi cinco meses, pero fueron liberador después de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín le revocara la resolución de primera instancia y les dictara la falta de mérito.

La jueza federal de San Isidro ya no está más al frente de la investigación que tiene a 32 sospechosos (policías y abogados) procesados. La Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la recusación presentada por la defensa de Jarisch.

En esa oportunidad se señaló a Arroyo Salgado porque “al dictar el procesamiento de Adrián Baeta y Alejandro Giancarelli [otros de los supuestos integrantes de la organización] mantuvo la descripción de los hechos y el rol que le había sido atribuido Jarish al dictar su procesamiento a pesar de la falta de mérito”.

El 18 de abril pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires destituyó por mayoría de su cargo a Scapolan.

El jurado fue encabezado por la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso. La secundaron los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora por el Frente Renovador-Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Spinelli.

“Con la prueba reunida durante el juicio y con la evidencia incorporada por lectura, considero acreditada las imputaciones formuladas por la acusación contra el agente fiscal Scapolan, en los siguientes términos: se han verificado graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, así como también quedó comprobada la incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo en su voto la jueza Bourimborde.

Scapolan había sido suspendido de sus funciones el 22 de diciembre de 2022por el Jurado de Enjuiciamiento, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el procurador general ante la Suprema Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, y se dispuso además el embargo del 40% de su sueldo

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