La fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación sobre Julio “Chocolate” Rigau, ha convocado a declarar a las personas cuyos nombres figuran en las tarjetas de débito, presuntamente empleados de la Legislatura bonaerense. Estas tarjetas eran utilizadas por el puntero del PJ para retirar dinero de diferentes cajeros en La Plata.

Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, determinó que el recurso de impugnación presentado ante el Tribunal de Casación suspendió la nulidad dictada por la Cámara de Apelaciones. Por lo tanto, ordenó llevar a cabo una serie de medidas que incluyen la toma de testimonios de todos los involucrados, el análisis del teléfono celular de Rigau y de las cámaras de seguridad del cajero automático del Banco Provincia en la Avenida 7 y 49.

Asimismo, se ha pedido una copia de la entrevista realizada por TN y Telenoche al testigo que presenció a “Chocolate” sacando millones de pesos durante más de 40 minutos, portando una bolsa negra con una gran cantidad de dinero.

Las audiencias se realizarán desde el 18 de octubre hasta el 13 de noviembre en la sede del Poder Judicial ubicada en la calle 7 entre 56 y 57.

Estos avances se producen después de que el fiscal general de la provincia de Buenos Aires, Héctor Vogliolo, presentara una apelación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata que anuló la causa. En su recurso ante el Tribunal de Casación Penal, Vogliolo criticó duramente a los jueces de la Sala III y argumentó que se trató de un caso de “arbitrariedad manifiesta” y de “gravedad institucional”. Además, solicitó que se reserve el estado federal de la causa.

Es importante recordar que la fundación Poder Ciudadano solicitó ser parte querellante y acceder al expediente, al mismo tiempo que pidió la reapertura de la investigación tras calificar de “escandalosa” la decisión de la Cámara.

Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo anteriormente habían anulado todo el procedimiento llevado a cabo dentro del cajero, ordenaron la liberación de Rigau y le devolvieron su celular, así como las 49 tarjetas de débito en su posesión. De esta manera, según Vogliolo, se perdieron pruebas fundamentales que podrían haber contribuido a esclarecer una trama de corrupción institucional.