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POLITICA

Se reactiva la causa “Chocolate”: la fiscal pidió citar a los dueños de las tarjetas como testigos

Caso Chocolate: los registros de los empleados de la Legislatura a los que accedió TN muestran los vínculos de los empleados con distintos partidos políticos.Benavides y Villordo, los jueces que liberaron a Rigau. (Foto: TN)

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La fiscal a cargo de la causa contra Julio “Chocolate” Rigau llamó a declarar a las personas que figuran en las tarjetas de débito como supuestos empleados de la Legislatura bonaerense. Esas tarjetas eran las que usaba el puntero del PJ para sacar dinero de distintos cajeros de La Plata.

Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, entendió que el recurso de impugnación presentado ante el Tribunal de Casación suspendió los efectos de la nulidad de la Cámara de Apelaciones, y por eso ordenó realizar estas medidas. Entre ellas, está el llamado a prestar declaración testimonial de todos los involucrados.

Leé también: “Arbitrariedad manifiesta”: duras acusaciones de un fiscal contra los jueces que cerraron la causa Chocolate

Las audiencias se llevarán a cabo desde el 18 de octubre, hasta el 13 de noviembre, en la sede del Poder Judicial de la calle 7, entre 56 y 57.

Otra de las medidas de prueba que solicitó la funcionaria fue analizar el celular de Rigau, así como también las cámaras de seguridad del cajero automático del Banco Provincia, ubicado en Avenida 7 y 49.

Además, pidió una copia de la entrevista que TN y Telenoche (eltrece) le hicieron al testigo que vio a “Chocolate” infraganti, sacando millones de pesos por más de 40 minutos. El hombre realizó la denuncia ante la policía y aseguró que Rigau tenía una bolsa negra con mucho dinero.

“Arbitrariedad manifiesta”: los motivos por los que el fiscal general pidió reabrir la causa

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Este avance ocurre días después de que el fiscal general de la provincia de Buenos Aires, Héctor Vogliolo, apelara la resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata que dio por anulada la causa.

Benavides y Villordo, los jueces que liberaron a Rigau. (Foto: TN)
Benavides y Villordo, los jueces que liberaron a Rigau. (Foto: TN)

En el recurso presentado ante el Tribunal de Casación penal, Vogliolo cuestionó duramente a los jueces de la Sala III y aseguró que se trató de un caso de “arbitrariedad manifiesta” y de “gravedad institucional”. También pidió que se reserve el estado federal de la causa.

Vale recordar que desde la fundación Poder Ciudadano solicitaron ser querellantes y tener acceso al expediente, así como también pidieron que se reabra la investigación después de tildar de “escandalosa” la decisión de la Cámara.

Es que los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo anularon todo el operativo que se hizo adentro del cajero, ordenaron liberar a Rigau y le devolvieron su celular, así como también las 49 tarjetas de débito que tenía en su haber. De esta forma, según el abogado Vogliolo d ela fundación, se perdieron pruebas fundamentales que podrían ayudar a “detectar un acto de corrupción de inconmensurable trascendencia”.

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POLITICA

El Gobierno designó a fuerzas federales ante Interpol

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El Gobierno oficializó la incorporación de nuevas fuerzas de seguridad argentinas a la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), conocida como Interpol. Además de la Policía Federal Argentina, que ya formaba parte de la organización, se suman ahora la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dado que el Ministerio de Seguridad considera que esta participación es «oportuna» y «necesaria».

Mediante el Decreto 27/2025, publicado en el Boletín Oficial del 15 de enero de 2025, el gobierno modificó el Decreto 684 del año 1962, ampliando el ámbito de participación de las fuerzas de seguridad nacionales en Interpol, «en virtud de la transversalidad con la cual la problemática delictiva afecta a la sociedad e instituciones argentinas«. Además, se destacó «la influencia positiva que podrá obtenerse de la incorporación» de las fuerzas federales a «otros ámbitos de trabajo y de conocimiento», según se señala en los considerandos de la norma.

De acuerdo con el nuevo decreto, la Policía Federal Argentina seguirá al frente de la coordinación nacional ante INTERPOL, pero las otras fuerzas ahora incorporadas también podrán designar a un representante en la sede de la Oficina Central Nacional de Interpol en Buenos Aires.

La normativa, firmada por el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, también habilita al Ministerio de Seguridad a dictar normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de los cambios establecidos por el decreto.

La medida del Gobierno ocurrió horas después de que Patricia Bullrich anunciara este martes la detención en la Argentina de un terrorista relacionado con el Estado Islámico, también conocido como Daesh.

Patricia Bullrich anunció la detención de un terrorista vinculado con el Estado Islámico

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El operativo se extendió durante nueve meses, contó con el trabajo de Prefectura Naval, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la asistencia del FBI.

«Representaba una amenaza concreta contra la seguridad nacional», dijo la funcionaria del Poder Ejecutivo, a cargo de la cartera de Seguridad.

Según se informó, se trata de David Nazareno Ávila, «llamado Naza en los distintos grupos en los que participaba, grupos radicalizados». Vivía en General Roca, en la provincia Río Negro, y trabajaba como cadete de mensajería.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el detenido «pertenecía a una red global de odio y destrucción».

Es un «terrorista convertido al Islam en la Argentina», añadió la funcionaria, que añadió que pertenecía a una «red global de odio y destrucción»

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento que culminó con la detención de Ávila se basó en inteligencia de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) con asistencia del FBI estadounidense, que había provisto un informe que alertaba sobre las actividades de un ciudadano argentino de 24 años.

Según indicó la ministra Bullrich este martes, el plan terrorista estaba «avanzado» al momento del descubrimiento. «Lo que llaman encomienda, que es cuando los terroristas se encomiendan para obtener una misión, una guía. Es la última etapa para consumar un atentado», denunció Bullrich.

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