Con escándalos incluidos, cruces y chicanas, pero en un clima, aunque falta mucho, bastante más calmo dentro del recinto de lo que se esperaba, la Ley Ómnibus avanza en Diputados.

El oficialismo confirmó la modificación y la eliminación de un centenar de artículos que objetaba la oposición –incluso algunos que no objetaba-, pero siguen las discusiones en la Cámara Baja por el capítulo de las privatizaciones y hay poca certeza de cuándo podría ser la votación “en general”.

La batería de cambios que confirmó el Gobierno incluye el retiro del capítulo fiscal que había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo -como la suba de retenciones o la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria-, pero también modificaciones en Seguridad, Ambiente, deuda, régimen de pesca, biocombustibles y Energía, entre otros.

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Es decir, según explicaron fuentes parlamentarias de distintos bloques, a la hora de la votación en general, se aprobará un proyecto con el centenar de modificaciones y sin los puntos económicos.

La posterior votación en particular, artículo por artículo, se realizará sobre esa base. Algunos artículos clave, sin embargo, permanecen en la redacción final del proyecto, y son resistidos por los bloques dialoguistas, con excepción del PRO que votaría a favor en general y en particular.

La Libertad Avanza consiguió el quorum con sus pequeñas bancadas aliadas y con ayuda del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, y se descuenta que con los mismos espacios conseguiría la aprobación en general. La votación en particular lleva un panorama más complejo.

Pero, hasta este miércoles por la tarde, el principal punto de conflicto era el capítulo de privatizaciones. HCF (que conduce Miguel Pichetto, ex JxC como Emilio Monzó y Nicolás Massot, la Coalición Cívica, el peronismo disidente cordobés y bonaerense y el socialismo santafecinio) articulaba con la UCR una nueva propuesta para que el Ejecutivo no vea rechazado ese artículo en la votación en particular y sufra, parcialmente, una derrota parlamentaria.

Hasta ahora, el proyecto establece dejar en condición de ser privatizadas 37 empresas estatales en su totalidad, y tres, Arsat, Banco Nación y Núcleoeléctrica, de forma parcial. Luego intervendría la Bicameral de privatizaciones, pero solo a modo de información, es decir, con casi nulo control, creen en la oposición. YPF quedó excluida de ambas listas.

Según indicaron fuentes de UCR y HCF se intentaba por estas horas negociar la posibilidad de que el artículo que habilita la privatización de empresas se desgrane y se pueda votar empresa por empresa cuáles pueden ir camino a una privatización y cuáles no.

“Entre los bloques tenés diputados que acompañarían las privatizaciones de varias de las empresas, pero al estar encapsulada en una lista de 37 no pueden acompañarlas, y así va a ser rechazado”, señalaba una diputada radical. “También le permitís a los diputados volver a sus provincias, habiendo votado en contra de privatización de empresas de esas provincias”, señalaba otro.

En HCF también advertían que se busca negociar con el Ejecutivo la posibilidad de incluir en la redacción algún mecanismo que refuerce de algún modo el tratamiento parlamentario de las empresas que vayan a ser privatizadas luego, no con poder de limitación, pero sí con mayor control y transparencia, incluidas auditorías de la AGN.

“El objetivo, pese a la actitud de Milei y algunos de sus ministros, es que la ley salga lo mejor posible y evitar que el Gobierno sufra varias derrotas en la votación en particular que le de una excusa al presidente para después cargar contra el Congreso”, advertía un legislador “federal”.

Algunos miembros de La Libertad Avanza advertían por estas horas que no se aceptarían más cambios, y de hecho, en la oposición dialoguista se quejaban por la falta de un canal de diálogo con el Gobierno.

Por otra parte, en los bloques opositores, que no están libres de sus propias divisiones internas, habría libertad de acción para otra serie de artículos que seguían generando rechazo, como algunos puntos de la reforma de Ambiente y en Cultura.

Algunos diputados también advertían que un grupo de legisladores del peronismo cordobés buscaba armar mayoría entre los distintos bloques de la cámara –incluido en Unión por la Patria- para intentar reflotar la discusión por la vigencia Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y la coparticipación de parte de su recaudación a las provincias, aunque no existía por ahora demasiado consenso al respecto.

Por otra parte, y así lo dijeron públicamente diputados como Massot o el jefe de la Coalición Cïvica en la Cámara Baja, Juan Manuel López, los bloques advertían que el Ejecutivo sacó del proyecto algunas cosas para las que tenía los votos asegurados, como la moratoria o el blanqueo (incluido un beneficio para cumplidores.

El plan original, señalaban tanto en los bloques de la oposición dialoguista como en el oficialismo, era realizar la votación en general del proyecto esta misma noche de miércoles, antes de la medianoche, para realizar un cuarto intermedio y seguir con la discusión en particular el jueves.

En los mismos bloques advertían que, pese a que la primera parte del debate avanzó de forma razonablemente ordenada, no había posibilidad de llegar tiempos, teniendo en cuenta que cientos de legisladores tenían previsto exponer, y que la votación en general podría darse recién mañana.

Dependerá, en cualquier caso, de cómo se desarrollen los discursos de los distintos diputados, de la existencia o no de nuevos escándalos y de la voluntad de la mayoría, que deberá definir cuándo realizar el cuarto intermedio.