POLITICA
Coparticipación: el Gobierno reconoció el reclamo de CABA y trabajará para cumplir con el fallo de la Corte
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, recibió al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (Foto: prensa Economía)La Nación y la Ciudad se reúnen para definir cómo avanza la pelea por los fondos de la coparticipación. (Foto: TN/NA).Caputo y su equipo recibieron a Jorge Macri y funcionarios porteños para discutir la coparticipación de la Ciudad. (Foto: prensa Economía)
Este jueves fue una larga jornada de intensas reuniones para el gobierno nacional. Una de ellas estuvo protagonizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. El tema en discusión fue la histórica disputa por la coparticipación federal.
El gobierno porteño reclama una deuda de $350.000 millones y busca normalizar los pagos diarios a través de transferencias automáticas por el 2,95% de la masa coparticipable. Además, intenta encontrar una solución “para evitar pasar por la Corte Suprema”.
La reunión comenzó a las 17 en el Palacio de Hacienda y participaron también el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, y el ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Gustavo Arengo Piragine.
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“Ya mismo empezamos a trabajar con los equipos técnicos”, dijo Grindetti a la salida de la reunión. Y aclaró: “Hay que darle tiempo al gobierno nacional para que analice el caso”. “Valoro mucho que ha quedado una mesa de trabajo para trabajar”, remarcó.
Según informaron fuentes oficiales, ambos funcionarios dialogaron sobre el estado de la coparticipación nacional destinada a la Ciudad tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. “El gobierno nacional no desconoció la situación legal de la Ciudad. Además, el Ministerio de Economía se comprometió a interiorizarse en los detalles técnicos”, explicaron. Y agregaron: “Se acordó que los equipos técnicos de Nación y Ciudad comenzarán a trabajar en conjunto”.
“Pedimos embargar las cuentas del Banco Nación y ejecutar el fallo, pero nunca sucedió. Ahora vamos a volver a discutir el tema”, indicaron fuentes del gobierno de la Ciudad. “Fue una muy buena primera reunión en la que expusimos el derecho que tiene la Ciudad respecto del pago reclamado en la Corte Suprema”, indicó Jorge Macri tras el encuentro. Además, agregó: “Lo valioso es que el Gobierno nacional no desconoce esta situación, a diferencia del gobierno anterior”.
El Jefe de Gobierno porteño agregó: “Esperamos que se pueda cumplir con el fallo de la Corte, entendiendo las limitaciones que el Gobierno nacional tiene hoy, las de un país al que han dejado en una situación muy débil”.
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El día de la jura, Jorge Macri afirmó: “Necesitamos recuperar los recursos que el gobierno kirchnerista le sacó a la Ciudad de manera inconsulta e inconstitucional”. Y envió un mensaje al gobierno nacional: “Milei cumplirá la ley y les dará a los porteños lo que les corresponde”.
La puja por la coparticipación empezó en la gestión presidencial de Mauricio Macri, que en 2016, elevó el porcentaje de 1,4% a 3,75% tras el pase de agentes de la Policía Federal a la órbita porteña. Dos años más tarde, el coeficiente bajó a 3,5% tras la firma del Pacto Fiscal. Recién en 2020, Alberto Fernández dictó un decreto para reducir los fondos a 2,32% en medio de reclamos salariales por parte de la Policía Bonaerense.
A fines de 2022, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la ciudad de Buenos Aires en el conflicto con el gobierno nacional por el recorte de fondos y dispuso que se le pague el 2,95% de la masa coparticipable, tras la presentación del gobierno porteño para que declarase la inconstitucionalidad de la medida.
La Corte determinó que las transferencias debían realizarse en forma diaria y automática por el Banco Nación (BNA), y luego la Ciudad le reclamó a la Justicia el embargo de la cuenta del BNA que preveía el envío de los montos a través de bonos, al considerar que el Gobierno incumplía con la disposición de la Corte.
A fines de noviembre de 2023, previo al cambio del Gobierno, la Corte rechazó los planteos de excusación y recusación realizados por la administración de Alberto Fernández, lo que habilita al máximo tribunal a ejecutar una sentencia multimillonaria en favor de CABA.
POLITICA
Tensión en Necochea: El sector agropecuario rechazó la nueva tasa vial de Arturo Rojas
El Concejo Deliberante de Necochea aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año 2025, que incluye una medida que ya está generando fuertes tensiones en el sector agropecuario local. Se trata de la creación de la «Tasa Vial Solidaria», un nuevo tributo destinado a las empresas exportadoras que operan en el Puerto de Quequén. La medida ha desatado el rechazo de productores y entidades rurales, que consideran que la carga tributaria recae directamente sobre ellos.
Objetivo de la tasa: Reparación de rutas
La Tasa Vial Solidaria fue impulsada por el concejal de Unión por la Patria-PJ, Julián Kristiansen, y tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y reparación de las rutas que conectan el Puerto de Quequén con otras zonas productivas. Según el edil, los camiones que circulan hacia y desde el puerto generan un desgaste significativo en la infraestructura vial, lo que justifica la creación del tributo para financiar las mejoras necesarias.
La resistencia del campo: impacto directo sobre los productores
La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar. Un total de 16 entidades rurales, apoyadas por CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), expresaron su «total rechazo y repudio» a la nueva tasa. Los productores agropecuarios aseguran que, aunque la medida está dirigida a las exportadoras, el impacto económico de la tasa se trasladará inevitablemente a los precios de los productos, afectando directamente a los productores locales.
En su comunicado, los ruralistas sostienen que «todo gasto de comercialización se le termina liquidando a los productores en su precio». Además, advierten que el costo de operar en el puerto de Quequén ya es elevado, y que con la implementación de esta nueva tasa, las condiciones para el sector empeorarán, haciendo que los costos de operar en el puerto sean aún menos competitivos frente a otros puertos de la región.
Paralelismos con otros puertos: Un modelo controvertido
La creación de la Tasa Vial Solidaria en Necochea no es un caso aislado. En otros puertos de Argentina, como el de Dock Sud, también se han implementado medidas similares para tributar sobre los camiones que utilizan las rutas municipales para acceder a la terminal portuaria. En ese caso, los intendentes Julián Álvarez y Mayra Mendoza propusieron tributar sobre los camiones en circulación hacia el puerto, pero la iniciativa generó fricciones internas dentro del peronismo, debido a las implicancias sobre las tarifas portuarias y la falta de consenso sobre cómo distribuir los recursos generados.
El caso de Necochea, que afecta a uno de los puertos más relevantes de la región, ha levantado una ola de críticas por parte de los productores agropecuarios, quienes temen que esta nueva tasa agrave aún más las condiciones de competitividad de sus productos en el mercado internacional. La crisis económica y la inflación, junto con los altos costos operativos, ya son desafíos significativos para el sector, y esta nueva carga impositiva podría convertirse en un obstáculo más.
Demandas de diálogo: ¿Una solución para el sector?
Las sociedades rurales de Necochea han solicitado al intendente Arturo Rojas que «revise esta situación» y convoque a un diálogo abierto con el sector agropecuario para encontrar una solución que no perjudique a los productores locales. El reclamo se basa en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de la infraestructura vial y la sostenibilidad del sector agropecuario, que es clave para la economía local.
El futuro del Puerto y la competitividad del sector
La creación de la Tasa Vial Solidaria no solo ha generado controversia en Necochea, sino que también pone en evidencia la difícil situación que atraviesan los puertos argentinos en un contexto económico complejo. Para los productores agropecuarios, la sumatoria de nuevas cargas impositivas podría poner en riesgo la competitividad de sus productos, especialmente en un momento en que los costos operativos siguen en aumento y el mercado internacional sigue siendo una fuente vital de ingresos.
En este clima de incertidumbre, las autoridades locales deberán decidir si esta nueva tasa es un paso necesario para la sostenibilidad de la infraestructura vial del puerto o si, como denuncian los ruralistas, se trata de una medida que terminará afectando la rentabilidad del sector agropecuario. Las negociaciones entre el gobierno municipal y los actores del campo serán clave para resolver esta controversia y definir el futuro de la relación entre el puerto y los productores locales. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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