El concejal platense y candidato de Unión por la Patria Facundo Albini fue Director de Control y Gestión de Secretaría Administrativa en la Cámara de Diputados bonaerense. Hasta ahora, en la trama de las 48 tarjetas de débito se hablaba de Claudio Albini, su padre, conocido exsubdirector de Personal. Pero su hijo, el edil de La Plata para el que militaba Julio Segundo Rigau, ocupó una Dirección decisiva en materia de sueldos y gastos. Ese dato acentúa más la relación de ambos, expresada en las redes sociales de “Chocolate” e indicada desde diversas fuentes desde el principio de esta historia, la de los empleados fantasma que reveló TN, cuyos sueldos de $550.000 administraba el puntero peronista conocido como “Chocolate”.

Facundo Albini presentó ante la Cámara de Diputados bonaerense una declaración jurada patrimonial integral para cumplir con la ley provincial de transparencia que alcanza a los agentes y funcionarios estatales. Allí declaró su cargo en el Estado: Director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa. Su ingreso se produjo el 10 de diciembre de 2015. El documento está fechado el 30 de agosto de 2019 y catalogado como “declaración jurada inicial”.

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No está claro hasta cuándo ocupó ese puesto, porque en la web de Diputados provincial no consta la llamada declaración jurada de “cese”. La “inicial” es la única publicada. Consultados, voceros de la Presidencia de esta Cámara aseguraron que hoy Albini hijo “no tiene cargo” (con referencia a que no es funcionario) y sugirieron que esto sería incompatible con su salario de concejal. Consultados sobre si Albini podría estar cobrando por un cargo no jerárquico, con algún contrato o sueldo, no respondieron. Y al cierre de esta nota, no había sido posible comunicarse con Albini para clarificar esto.

Según el reglamento interno de la Cámara de Diputados, la Secretaría Administrativa tiene entre sus atribuciones: “proponer al presidente el presupuesto de sueldos y gastos de la Cámara”; “llevar adelante la administración general de la Cámara”; y un amplísimo último inciso que dice “desempeñar las demás funciones que el Presidente le dé en el uso de sus facultades”.

2019

Por algún motivo, en esta historia se repite el año 2019. El 30 de agosto, Albini declaró ser “Director de Control y Gestión de Secretaría Administrativa”. En diciembre de 2019 entró al Concejo Deliberante de La Plata, por el Frente Renovador. Y en el medio de estos meses, en noviembre, el Registro Provincial de las Personas emitió una serie de declaraciones juradas de varios domicilios “para ser presentadas ante la Honorable Cámara de Diputados”. Estaban en la casa de “Chocolate” Rigau junto a fotocopias de diversos DNI.

La Policía allanó la casa de “Chocolate” Rigau por orden del juez de Garantías Federico Atencio y a pedido de la fiscal Betina Lacki, en el marco de su imputación por presuntas “defraudaciones reiteradas”. En esa vivienda de las afueras de La Plata, donde funciona una “Copa de Leche”, aparecieron estos documentos, creados para terminar en algún mostrador administrativo de Diputados.

La facilidad que aparentemente tenía Rigau para acercar papeles con nombres y domicilios desde los barrios hasta el Palacio Legislativo no se agotaba en los 48 empleados fantasma con sueldos de medio millón de pesos que le permitían disponer de sus tarjetas y sus claves. El puntero y electricista de Diputados, hincha de Estudiantes de La Plata colocó en Diputados a buena parte de su familia, y lo hizo con más ventajas que el común de los mortales.

Para cualquier nombramiento en el Estado, la gente “sin palanca” choca en las ventanillas de la provincia con varias exigencias burocráticas: fotocopias de DNI, constancias de CUIT y libres deuda alimentarios. Pero también se investigan los antecedentes personales y se piden certificados de reincidencia.

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No parece haber sido el caso de los familiares de Chocolate. Cristian Osvaldo Rigau, por ejemplo, fue condenado en una causa por “robo calificado, abuso de armas, violación de domicilio, tenencia de arma y munición de guerra”. Y Maximiliano Gastón Rigau fue imputado por presuntas “lesiones graves” en una fiscalía especializada en violencia de género, aunque el juicio no se pudo hacer porque él no se presentó. Los dos consiguieron un nombramiento en la Cámara de Diputados.

En sus nombres se liquidan sueldos de medio millón de pesos. Sus tarjetas del Banco Provincia las tenía Julio “Chocolate” Rigau, el militante peronista que le negó dinero para comer a un hombre sin techo que habitaba el mismo cajero que él, la noche del 9 de septiembre. Y volverá a tenerlas en los próximos días, por decisión de los jueces Alejandro Villordo y Juan Benavidez, de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata.