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POLITICA

Descubren que Fabricaciones Militares vendió chalecos antibalas defectuosos a fuerzas policiales del país

El chaleco antibalas de la empresa Fabricaciones Militares que le costó la vida a la agente Maribel Salazar. (Foto: TN)El informe sobre el estado de los chalecos antibalas que deja constancia de los lotes «impactados». (Foto: TN)Informe que señala que los chalecos de Fabricaciones Militares no estaban aptos. (Foto: TN)Suspensión a Fabricaciones Militares para producir el lote de chalecos antibalas. (Foto: TN)Multa a la empresa Fabricaciones Militares por la comercialización de chalecos antibalas defectuosos. (Foto: TN)Compra de chalecos antibalas de Fabricaciones Militares por parte del Gobierno de Santa Fe. (Foto: TN)

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En febrero de 2023 se conoció la triste noticia de que la oficial de policía, Maribel Salazar, había sido asesinada en el cumplimiento del deber. El caso es que su muerte fue muy particular: la bala perforó el chaleco de seguridad que vestía.

Salazar usaba un chaleco RB3, comprado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un año antes. Se trata de un tipo de protección que cubre hasta disparos de calibre 44 o 9 milímetros. Pero en este caso, era un lote deficitario: había sido catalogado como “no apto para su uso”.

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La Anmac, organismo del ministerio de Justicia que se encarga del control de los “materiales controlados”, es decir, las armas, multó a la empresa fabricante de los chalecos en septiembre del 2021 por $150.000. Además, ordenó destruir ese lote de producción. La compañía estatal es Fabricaciones Militares, que no cumplió con lo indicado.

El informe sobre el estado de los chalecos antibalas que deja constancia de los lotes "impactados". (Foto: TN)
El informe sobre el estado de los chalecos antibalas que deja constancia de los lotes «impactados». (Foto: TN)
Informe que señala que los chalecos de Fabricaciones Militares no estaban aptos. (Foto: TN)
Informe que señala que los chalecos de Fabricaciones Militares no estaban aptos. (Foto: TN)

Fabricaciones Militares no cortó la producción ni la comercialización del chaleco no apto para uso, estafando al Estado. Solo decomisaron 15 de esas tandas, en lugar del lote entero. Se trataba de productos ya vendidos a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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Entre los principales clientes de este producto aparecen la Policía Bonaerense, la de Santa Fe, Gendarmería y hasta incluso la Policía Federal. En Anmac aseguran que las fechas de fabricación del producto no cuadran, ya que había una prohibición para la producción de los mismos previa a la fecha de las ventas.

Pero hay más: hasta 2015, muchos funcionarios que habían trabajado en Fabricaciones Militares, pasaron a la órbita de la Anmac. Esto explica en parte varios vínculos entre la empresa y el organismo a cargo de los controles. La titular hasta el final de la gestión de Alberto Fernández fue Natasa Loizou, militante de La Cámpora.

Suspensión a Fabricaciones Militares para producir el lote de chalecos antibalas. (Foto: TN)
Suspensión a Fabricaciones Militares para producir el lote de chalecos antibalas. (Foto: TN)
Multa a la empresa Fabricaciones Militares por la comercialización de chalecos antibalas defectuosos. (Foto: TN)
Multa a la empresa Fabricaciones Militares por la comercialización de chalecos antibalas defectuosos. (Foto: TN)

Esta historia incluye un escándalo de corrupción explícita: en febrero de 2023 hubo una compra de chalecos a Fabricaciones Militares por parte del gobierno de Santa Fe, en ese momento a cargo del peronista Omar Perotti. La misma provincia que hoy -y siempre- es noticia por los crímenes ligados al narcotráfico.

En este caso se trató de una compra de 100 chalecos por más de 100 mil dólares, es decir, más de mil dólares cada uno. Sucede que el precio de mercado de un producto de esas características es de 650 o 700 dólares los más económicos, mientras que los más costosos alcanzan los 850 dólares. Pero en ningún caso se acercan a los números que pagó la gestión de Perotti el año pasado.

Para ejemplificar: por esa misma fecha (marzo de 2023) el ministerio de Seguridad de la Nación compró 30 mil chalecos a la empresa Tecnología Antibalas SA a 172 mil pesos cada uno. A dólar oficial de esa época, la cuenta da 850 dólares cada unidad. Si se toma como referencia el valor de tipo financiero, queda en 450 dólares cada chaleco.

Compra de chalecos antibalas de Fabricaciones Militares por parte del Gobierno de Santa Fe. (Foto: TN)
Compra de chalecos antibalas de Fabricaciones Militares por parte del Gobierno de Santa Fe. (Foto: TN)

Se impone una pregunta: ¿qué ganó Fabricaciones Militares? Por un lado, reducir el déficit de la empresa, de hecho en 2023 fue menor que en años anteriores, aunque siempre fue a pérdida. Pero además, logró construir la narrativa de las ventas récord, como presentaba cada vez que podía el titular de la empresa estatal, Iván Durigón, hombre cercano a Agustín Rossi.

Si de números se trata, las autoridades de la empresa durante la gestión del Frente de Todos aseguran que alcanzaron superávit, por el balance todavía no está disponible. En contrapartida, según la Ley de Presupuesto 2023, Fabricaciones Militares tuvo un resultado económico deficitario de $2.658 millones. Y un dato no menor: la empresa recibió aportes del Tesoro Nacional por $8.480 millones

POLITICA

Las 27 tareas que tendrá el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes a la medianoche la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que estará a cargo de Federico Sturzenegger, cuya designación quedó estipulada también en la última edición del Boletín Oficial, y precisó cuáles serán las 27 funciones «particulares» que tendrá la cartera que se sumará a las de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad; Salud; y Capital Humano

«Compete al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público», expresa uno de los artículos que se incorpora a la Ley de Ministerios según lo dispuesto por el Decreto 585/2024.

Federico Sturzenegger, de asesor presidencial a ministro del gobierno de Javier Milei. Foto: Clarín.

Según lo que indica ese documento, al ministerio le competen, «en particular», las siguientes funciones:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional.

3. Entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado.

4. Entender en la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas, con la intervención de las áreas competentes.

5. Entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

6. Impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

7. Participar, junto con las áreas con competencia en la materia, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía.

8. Impulsar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, reformas estructurales que impulsen la creación de empleo privado, el desarrollo económico, la equiparación de las estructuras tributarias y la eliminación de los privilegios.

9. Entender en la elaboración de propuestas para la reorganización del Sector Público Nacional con el objeto de lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.

10. Proponer a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión y el gasto público.

11. Entender en el diseño de políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y propender a una administración pública moderna y eficiente.

12. Coordinar y controlar las acciones relativas a la reforma, transformación y modernización del Estado que se desarrollen en todos los Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.

13. Entender en la definición y monitoreo de los temas vinculados a la simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y organismos desconcentrados, con especial foco en aquellos concernientes al sector productivo nacional en coordinación con las áreas sustanciales en la materia.

14. Impulsar los principios de calidad regulatoria y la aplicación de estándares internacionales en materia de simplificación y desburocratización de trámites y procesos del Sector Público Nacional.

15. Promover, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional, en coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas.

16. Proponer el dictado de reglamentos para modificar y/o eliminar trámites y normativas que establezcan una carga administrativa excesiva o que incumplan con la política de calidad regulatoria vigente.

17. Entender en la transformación, modernización y desarrollo de la política de gestión del empleo público tendiendo a la optimización y fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, junto con las áreas competentes en la materia.

18. Diseñar e implementar el régimen de ingresos del personal, a través de parámetros para el diseño de una carrera pública conforme las negociaciones colectivas de trabajo.

19. Entender en la implementación de las políticas relativas a la mejora estratégica de los recursos humanos y su capacitación, la política salarial del sector público, la promoción y el desarrollo de carrera de los agentes de la Administración Pública Nacional y en la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

20. Entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia.

21. Colaborar con las áreas competentes de cada Ministerio en la sistematización de los procesos de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, como la liquidación de salarios, justificación de inasistencias, otorgamiento y convalidación de licencias y protección de la salud en el trabajo.

22. Intervenir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas de fortalecimiento institucional y en la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con los organismos del Estado Nacional con competencias en la materia.

23. Coordinar junto con las áreas competentes, la estrategia y los estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Pública Nacional.

24. Impulsar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del Sector Público Nacional.

25. Promover, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, la implementación de los canales y plataformas digitales a fin de alcanzar un gobierno digital y tecnológico al servicio del ciudadano y del sector productivo.

26. Participar en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del Estado Nacional.

27. Promover acuerdos con organismos provinciales y locales, en el ámbito de su competencia.

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