En febrero de 2023 se conoció la triste noticia de que la oficial de policía, Maribel Salazar, había sido asesinada en el cumplimiento del deber. El caso es que su muerte fue muy particular: la bala perforó el chaleco de seguridad que vestía.

Salazar usaba un chaleco RB3, comprado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un año antes. Se trata de un tipo de protección que cubre hasta disparos de calibre 44 o 9 milímetros. Pero en este caso, era un lote deficitario: había sido catalogado como “no apto para su uso”.

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La Anmac, organismo del ministerio de Justicia que se encarga del control de los “materiales controlados”, es decir, las armas, multó a la empresa fabricante de los chalecos en septiembre del 2021 por $150.000. Además, ordenó destruir ese lote de producción. La compañía estatal es Fabricaciones Militares, que no cumplió con lo indicado.

Fabricaciones Militares no cortó la producción ni la comercialización del chaleco no apto para uso, estafando al Estado. Solo decomisaron 15 de esas tandas, en lugar del lote entero. Se trataba de productos ya vendidos a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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Entre los principales clientes de este producto aparecen la Policía Bonaerense, la de Santa Fe, Gendarmería y hasta incluso la Policía Federal. En Anmac aseguran que las fechas de fabricación del producto no cuadran, ya que había una prohibición para la producción de los mismos previa a la fecha de las ventas.

Pero hay más: hasta 2015, muchos funcionarios que habían trabajado en Fabricaciones Militares, pasaron a la órbita de la Anmac. Esto explica en parte varios vínculos entre la empresa y el organismo a cargo de los controles. La titular hasta el final de la gestión de Alberto Fernández fue Natasa Loizou, militante de La Cámpora.

Esta historia incluye un escándalo de corrupción explícita: en febrero de 2023 hubo una compra de chalecos a Fabricaciones Militares por parte del gobierno de Santa Fe, en ese momento a cargo del peronista Omar Perotti. La misma provincia que hoy -y siempre- es noticia por los crímenes ligados al narcotráfico.

En este caso se trató de una compra de 100 chalecos por más de 100 mil dólares, es decir, más de mil dólares cada uno. Sucede que el precio de mercado de un producto de esas características es de 650 o 700 dólares los más económicos, mientras que los más costosos alcanzan los 850 dólares. Pero en ningún caso se acercan a los números que pagó la gestión de Perotti el año pasado.

Para ejemplificar: por esa misma fecha (marzo de 2023) el ministerio de Seguridad de la Nación compró 30 mil chalecos a la empresa Tecnología Antibalas SA a 172 mil pesos cada uno. A dólar oficial de esa época, la cuenta da 850 dólares cada unidad. Si se toma como referencia el valor de tipo financiero, queda en 450 dólares cada chaleco.

Se impone una pregunta: ¿qué ganó Fabricaciones Militares? Por un lado, reducir el déficit de la empresa, de hecho en 2023 fue menor que en años anteriores, aunque siempre fue a pérdida. Pero además, logró construir la narrativa de las ventas récord, como presentaba cada vez que podía el titular de la empresa estatal, Iván Durigón, hombre cercano a Agustín Rossi.

Si de números se trata, las autoridades de la empresa durante la gestión del Frente de Todos aseguran que alcanzaron superávit, por el balance todavía no está disponible. En contrapartida, según la Ley de Presupuesto 2023, Fabricaciones Militares tuvo un resultado económico deficitario de $2.658 millones. Y un dato no menor: la empresa recibió aportes del Tesoro Nacional por $8.480 millones