POLITICA
Desde el cambio de Gobierno se registraron casi 100.000 trabajadores privados menos
En un contexto de severo ajuste del gasto y de contracción en la actividad económica, que aparentemente alcanzó su punto más bajo en marzo, entre el inicio del gobierno de Javier Milei y el tercer mes del presente año se observa una disminución de casi 100.000 trabajadores registrados en el sector privado. Estos datos provienen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el cual registra que durante ese lapso desaparecieron del sistema 94.900 empleados en dicho segmento.
El declive en la cantidad de empleados registrados coincide con una disminución en la preocupación por la inflación, la cual ha venido desacelerándose desde diciembre pasado. En este sentido, según las encuestas realizadas entre los argentinos, el miedo a perder el empleo está en ascenso, desplazando a la inflación del primer lugar de preocupaciones.
Un estudio de la encuestadora D’Alessio Irol/Berensztein señala que por primera vez desde enero de 2021, la inflación no es el tema principal de preocupación, cayendo cerca de 25 puntos porcentuales desde la asunción de Milei (del 90% en noviembre y diciembre de 2023 al 66% en mayo de 2024). En cambio, la incertidumbre económica ocupa el primer lugar, acumulando un 68%.
Según las cifras oficiales, la mayoría de los trabajadores que dejaron de estar registrados en el SIPA son del sector de la construcción, con un total de 55.800 afectados, siendo esta actividad la más golpeada por la detención de la obra pública dispuesta por el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo.
Mayo cerró con un superávit fiscal de $1,3 billones
Además de las disminuciones mencionadas, también se observaron descensos significativos en otros sectores: la Industria registró una baja de 12.500 empleados, el Comercio de 5.700, las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler de 10.100, y el Transporte, Almacenamiento y Comunicación de 5.000.
Por otro lado, se destacaron mejoras en los sectores agrícola (4.700 empleados adicionales), explotación de minas y canteras (1.400) y suministro de electricidad, gas y agua (aproximadamente 100). Estos últimos segmentos parecen estar siendo impulsados por el modelo económico de Javier Milei.
Según los registros de la Secretaría de Trabajo, la provincia más afectada por la disminución de empleados privados registrados fue Buenos Aires, con una caída de 37.000 trabajadores. Le siguieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9.700), Santa Fe (7.600) y Córdoba (7.100).
Los números preliminares oficiales que anticipan el movimiento del SIPA indican que la contracción del mercado laboral persistió en abril. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado registrado en empresas con más de 10 empleados en los aglomerados urbanos relevados experimentó una reducción del 0.4% en abril en comparación con marzo.
“Con esta variación, se verifican –en los principales aglomerados del país– cinco meses consecutivos de caída neta del empleo, y se acumula (de diciembre de 2023 a abril de 2024) una reducción de 1,9%”, indicaron en la Secretaría de Trabajo.
Fuentes del sector asegurador confirman esta tendencia negativa durante el mes de abril. En este punto, se ha observado una disminución en las cifras de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que se consideran un indicador similar al empleo registrado tanto en el sector público como privado. En el primer cuatrimestre del año, estas cifras cayeron en promedio un 1.9%.
Los sectores más afectados, según señalan, son la construcción (-15%), el transporte (-8%), seguidos por el comercio y la industria, donde se registra una caída mensual de entre 2.000 y 4.000 trabajadores.
Por otro lado, la minería y el sector agrícola continúan creciendo, mientras que los servicios financieros se mantienen estables. En cuanto a los servicios sociales, donde se incluyen los trabajadores públicos, se observa una disminución del 2%.
Los registros del SIPA también proporcionan una visión de la cantidad de empleados públicos registrados que han dejado de estarlo desde que Milei asumió el cargo ejecutivo. Desde que el gobierno libertario tomó el mando, se ha observado una disminución de 21.700 trabajadores públicos.
Es importante destacar que la reducción del empleo privado registrado no comenzó con el gobierno actual. Incluso durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, comenzaron a verse ajustes en el mercado laboral, aparte de la importante pérdida de ingresos entre los ocupados.
“De acuerdo al SIPA, con la reducción verificada en marzo, la fase contractiva del empleo formal se extiende ya durante siete meses (entre septiembre de 2023 y marzo de 2024). En ese período, alrededor de 127.000 personas se desvincularon de puestos de trabajo registrados en empresas privadas”, señaló el documento que difundió el Gobierno.
El año pasado, el Producto Interno Bruto (PBI) experimentó una caída del 1,6%, mientras que la inflación alcanzó el 21,.4% (la más alta en más de 30 años), lo que además provocó una disminución del 20,2% en los salarios del sector público, del 14,7% en el sector privado y del 31% en el sector privado no registrado.
Asimismo, cabe resaltar que casi la mitad de la fuerza laboral argentina trabaja en la informalidad o como trabajadores independientes. Por esta razón, muchos de estos trabajadores no están incluidos en el SIPA. Según la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra del Indec, a finales del año pasado había 23 millones de puestos de trabajo en Argentina. Un poco más de la mitad de estos (11,2 millones) son empleados formales con sueldos declarados. La otra mitad se divide entre empleados no registrados (5,7 millones) y trabajadores por cuenta propia (5,9 millones).
Según el SIPA, que es un registro y no una encuesta, a finales de febrero pasado había un total de 13,3 millones de trabajadores registrados (tanto en el sector público como privado, incluyendo autónomos y monotributistas).
El próximo dato elaborado por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec se dará a conocer el próximo 24 de junio, lo que proporcionará una nueva visión sobre la situación del desempleo durante los primeros tres meses del gobierno libertario.
POLITICA
La madeja de relaciones que complica la investigación contra el juez Marcelo Bailaque
Artículo publicado originalmente en La Nación
ROSARIO.-Las acusaciones contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque provocaron una implosión en la justicia de esta ciudad, donde las relaciones y vínculos entre magistrados y funcionarios con los investigados provocan que aparezcan decenas de excusaciones, pedidos de apartamiento, y recusaciones.
Uno de esos ejemplos más cercanos es el pedido de apartamiento del federal juez Gastón Salmain que hicieron los fiscales Sergio Rodríguez, de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) y su par de Rosario Javier Arzubi Calvo, luego de que una nueva pericia al celular del extitular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna, acusado junto con Bailaque, se encontraron mensajes borrados que revelan varias conversaciones entre Salmain y el acusado. Los fiscales destacan que a pesar de estos vínculos, que el magistrado no blanqueó, avaló el pedido de Vaudagna de concentrar todas las causas en contra del extitular de la AFIP.
Fernando Whpei y su hermano Guillermo pretendían quedarse con el manejo de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, que estaba intervenida, luego de la causa que se inició contra el histórico cacique que manejaba la estiba de todos los puertos agroexportadores Herme Juárez, apodado “Vino Caliente”. Es una caja millonaria. La tercera investigación es la que tiene a Bailaque y Vaudagna como principales acusados.
La hipótesis es que se armaban causas contra empresarios para perjudicarlos, con información privilegiada del ente recaudador, como ocurrió con los financistas Claudio Iglesias y Jorge Oneto.
En el recorrido de la investigación contra Vaudagna, que se inició el 8 de junio pasado, surgieron complicaciones y sugestivos movimientos, según los fiscales a cargo del caso, que muestran ciertos vínculos “tóxicos” que exponen la resistencia de sectores de la propia justicia federal de Rosario para avanzar hasta el fondo de la oscuridad.
Una de las claves de esta etapa de revisionismo que tiene a Bailaque como protagonista es el teléfono que se le secuestró en una causa en el fuero provincial a Vaudagna. El extitular de la exAfip apareció inesperadamente en la investigación penal contra el exdirectivo de Vicentin Omar Scarel. En un allanamiento en 2021 contra este empresario se incautaron más de 200.000 dólares en la caja de seguridad en un banco.
El exdirectivo de Vicentin no podía justificar ese dinero, y con el riesgo de que le abrieran una causa por lavado de dinero, apareció Vaudagna, en ese momento titular de la actual ARCA en Santa Fe y Rosario, para “salvarlo”. Argumentó ante los fiscales provinciales que ese dinero era de él y que era parte de una inversión inmobiliaria que estaba por hacer con el hijo de Scarel. La pena contra el extitular de la AFIP fue una probation, pero lo más importante recayó en su teléfono celular, luego de que el fiscal federal de Reconquista Robero Salúm comenzara a investigar los vínculos oscuros que tenía Vaudagna, entre ellos, con el juez Bailaque.
La ruta de esa investigación demarca los problemas endémicos que enfrenta la justicia federal de Rosario, cuestionada desde hace una década por su pasividad o demora en enfrentar el problema de la criminalidad y la violencia en Rosario, que supuraban del narcotráfico.
Hace unos días se encargó una nueva pericia al teléfono del extitular de la AFIP, que había sido analizado con una tecnología que hoy fue superada con otras herramientas, como UFED Premium. Se pudieron detectar mensajes de Whatsapp que habían sido borrados, entre ellos, con el actual juez de la causa Gastón Salmain.
La causa se inició en junio de 2023, y en ese momento, el magistrado al frente de la causa era el propio investigado, Marcelo Bailaque, que se excusó. La pesquisa pasó a un colega Carlos Vera Barros, que el 30 de julio de 2024 también pidió correrse del caso por “violencia moral” y por “su estrecha relación personal con Bailaque”. La Cámara Federal de Rosario designó en agosto pasado a Salmain como juez de la causa. Hasta ese momento no aparecía ninguna evidencia en el expediente de una supuesta relación entre este magistrado y Vaudagna.
Eso ocurrió cuando se hizo una segunda pericia del teléfono del extitular de la AFIP. El 3 de diciembre de 2024, la defensa de Vaudagna promovió una cuestión de competencia por vía inhibitoria para que ese juzgado se declare competente y ordene la remisión de las causas contra Vaudagna que estaban radicadas en Reconquista y Santa Fe. El 18 de diciembre pasado, Salmain se declaró competente y absorbió las dos causas contra Vaudagna. Pero el teléfono del exfuncionario de la AFIP aportó sorpresas.
Se recuperaron conversaciones de WhatsApp que habían sido borradas. “Entre esas conversaciones, se destaca un chat entre Vaudagna y un contacto agendado como “Gastón Salmain”, con 48 mensajes intercambiados entre el 22 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019″.
Según el documento judicial al que tuvo acceso LA NACION, Salmain “tendría relación con Carlos Vaudagna, con el que se habría reunido al menos en dos ocasiones –una en la ciudad de Rosario y la otra en la Ciudad de Buenos Aires–, mientras se estaba sustanciando su concurso para ser designado juez federal de Rosario. Vaudagna le habría hecho gestiones para transferir a una persona allegada a Salmain, de otro organismo a la AFIP” y “gestionó el contacto de un salón de eventos para realizar un cóctel luego de su jura como magistrado federal”.
Después de que aparecieran estos mensajes que habían sido borrados, el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez y el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo recusaron al magistrado que actualmente absorbió las investigaciones contra el extitular de la AFIP.
“La relación entre Carlos Vaudagna y el contacto “Gastón Salmain”, conocida a partir del nuevo peritaje del celular y del informe de llamadas telefónicas del imputado, genera a este Ministerio Público Fiscal un fundado temor sobre la imparcialidad del magistrado. Este temor se basa en la naturaleza del vínculo preexistente que tendría con el imputado, y en el hecho de que omitió informar este vínculo al ser designado para intervenir en este caso y en la actuación concreta en esta causa, que incluyó el dictado de dos resoluciones contradictorias en poco más de dos meses a instancias de la defensa de Vaudagna”, señala la recusación.
Allanamientos
El 13 de noviembre pasado, agentes de Gendarmería allanaron la sede de ARCA Rosario (exAfip). Ese día surgió otra complicación y una sorpresa. Cuando los agentes iban a “requisar” –incautar el teléfono celular- de uno de los directivos, Pablo Andrés Allegri. El actual director de Regional de ARCA, Rubén Ranieri, les dijo a los gendarmes que Allegri no estaba dentro del edificio y que se encontraba con “licencia gremial”.
Esta maniobra que habría llevado adelante Ranieri terminó en una denuncia que impulsaron el fiscal Rodríguez, y Esteban Venditti, Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que se suman a las pesquisas que realiza en Rosario un grupo de fiscales sobre tres casos que involucran al magistrado rosarino.
En torno al extitular de la AFIP aparecen varios misterios, que están siendo investigados. Uno de ellos es que Vaudagna manejaba varias mutuales en paralelo a la AFIP. Según publicó el sitio La Política Online, en la causa se llevaron adelante varios allanamientos. Uno de los lugares inspeccionados fue la Mutual Prestaciones Para la Salud, Farmacia y Vivienda, ubicada en Monseñor Zazpe al 2900, de la ciudad de Santa Fe, entidad cooperativa cuyo control se le atribuye a Vaudagna en base a lo extraído de su teléfono.
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