Los teléfonos a veces arden, y ése es el caso del de Chocolate Rigau. El Samsung gris de Personal que el puntero y electricista de la Cámara de Diputados estaba usando cuando lo sorprendieron sacando millones de un cajero con 48 tarjetas de débito ajenas inquieta a varios desde aquel día. Ese dispositivo quedó en manos de la justicia y será peritado ahora que la causa se reactivó. Sin embargo, este jueves sus abogados realizaron una desesperada maniobra y pidieron frenar la pericia.

Se trata del teléfono que tenía Chocolate el 9 de septiembre. La fiscal del caso, Betina Lacki, resolvió pedir su pericia técnica en el marco de un listado de otras medidas. Se busca obtener un análisis técnico detallado del contenido del aparato: su agenda de contactos, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes, así como cualquier otro dato de interés para la causa. Además, Lacki pidió información sobre el total de líneas telefónicas de las que es titular Julio Segundo Rigau.

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En La Plata todo el mundo habla de ese teléfono y especula sobre las pistas que podría aportar a la causa que investiga por presuntas defraudaciones reiteradas a Chocolate. Pero su defensa no quiere saber nada con que se abra.

Tres días antes del fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que tackleó la investigación y le devolvió la libertad al único imputado, los defensores de Chocolate Rigau habían puesto el grito en el cielo. En un escrito fechado el 18 de septiembre, los penalistas Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina le pidieron al juez de la causa, Federico Guillermo Atencio, que postergara “cualquier decisión” sobre el teléfono. Para ellos, el secuestro del celular es “insólito”.

En la misma línea del habeas corpus que Gascón y Molina llevaron directamente a la Cámara, plantearon en el escrito al juez de Garantías que hubo una “ilegal pesquisa y secuestro del celular de Rigau”. Sostuvieron que “insólitamente, se le secuestró el teléfono celular” a Chocolate y que abrirlo sería arbitrario, e iría contra su “libertad de intimidad”.

Este jueves, solicitaron nuevamente que se suspenda la apertura del teléfono y que no se lleve adelante ninguna de las medidas de prueba solicitadas por la fiscal Lacki. Los defensores pidieron que le devuelvan el aparato al acusado junto con la plata y las tarjetas. Ahora resta conocer la decisión del magistrado.

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En los últimos días la causa se reactivó, a partir del recurso presentado en el Tribunal de Casación por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, y la asignación –en un tiempo récord, extremadamente poco habitual– de una sala allí. La medida más esperada es la apertura del celular más incómodo de La Plata, prevista para el 11 de octubre.

Además, Lacki citó a declarar para las próximas semanas a varios de los empleados cuyas cuentas administraba Rigau. Y ordenó más medidas. Entre ellas, al Banco Provincia le pide registros de cámaras de seguridad del cajero de 7 y 54, de La Plata, de los días 5 al 8 de septiembre. Pero también de julio y agosto. Como contó TN, hay indicios, testimonios y evidencias de que la rutina de Chocolate en el cajero de 7 y 54 era eso: una rutina.

En tanto, a la Cámara de Diputados, la fiscal le pide que informe “a qué se refiere” cuando en los legajos de personal figura “Bloque político”. Y que especifique en qué áreas en las que prestan servicios cada uno de los mencionados (asiento físico), que indique superior jerárquico, régimen laboral que los rige (indicando días y horarios), y que entregue una copia del contrato y/o acto de designación de los empleados cuyas cuentas vaciaba Chocolate Rigau.

El juez Atencio, al denegarle la excarcelación a Rigau, había planteado que el avance de esta investigación podría develar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. Y que el circuito en estudio “no pudo escapar –cuando menos– del conocimiento” de la presidencia de la Cámara de Diputados, el empleador plasmado en las 48 tarjetas de débito que conservan los investigadores.

La palabra corrupción apareció de nuevo pocos días después, en la pluma del camarista Fernando Mateos, autor del voto en disidencia y del presagio del estrépito y el descrédito social que desencadenaría un fallo en beneficio de Rigau. Mateos citó acuerdos internacionales en la lucha contra la corrupción suscriptos por nuestro país que se soslayarían si esta causa se anula, como pretende la defensa de Rigau