“Acompañar no es votar cualquier cosa y esto te lo dice un tipo que quiere acompañar”, avisa un diputado al inicio de un mes intenso para el Congreso. “Para mi, conceptualmente, es a libro cerrado”, señala otro diputado. “No hay cheque en blanco y acá no es todo nada”, advierte un tercero, en aparente respuesta a una frase reciente de Patricia Bullrich. Los tres legisladores forman parte del PRO. Este miércoles a las 16.30, el bloque se reunirá para intentar ordenar una posición frente a la Ley Ómnibus que Javier Milei envió a la Cámara Baja hace exactamente una semana.

El PRO tiene hoy 37 miembros. En una Cámara en la que La Libertad Avanza puede juntar 40 diputados y se necesitan 129 para el quorum, 37 no es un número menor, tampoco es suficiente. Pero, más allá de eso, el PRO quedó en el lugar de “aliado obvio” desde el cambio de Gobierno, señalado por el propio Ejecutivo y por el resto de los bloques opositores como una bancada que acompañaría incondicionalmente. Podría no ser así. O, más bien, no es así en términos generales.

Leé también: Fuerte rechazo de los gobernadores patagónicos a los cambios de la Ley Ómnibus a la industria pesquera

Tomado de forma esquemática, el bloque amarillo, liderado por Cristian Ritondo, está dividido en tres partes: un sector de corte “macrista”, duro pero alejado hoy de la idea de “cogobierno”; un sector que responde a la excanidadata y actual ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y un sector más “moderado”, que incluye al larretismo, y que si bien manifiesta intención de colaborar, el nuevo gobierno le genera un rechazo mayor. De hecho, este sector puso hasta marzo como límite de un periodo de prueba para la convivencia con sus socios.

El miércoles pasado, en el que el Ejecutivo envió su mega proyecto de reformas a la Cámara Baja, el PRO se reunió y, sin posibilidad de analizar el texto en detalle por la magnitud de la iniciativa y por la diversidad de ejes temáticos que abarca, dividió a sus diputados por tema y quedó en volver a reunirse una semana más tarde para tratar de tomar una postura en común.

La Ley Ómnibus plantea la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, promueve reformas en todas esas áreas y supone la delegación de facultades legislativas en la figura del Presidente para intervenir en varias de esas áreas sin pasar por el Congreso. Esto es, durante dos años, prorrogables por otros dos años a simple decisión del Ejecutivo. O sea, cuatro años, todo un mandato.

“Va a depender mucho de qué margen dé el Gobierno para negociar. Las facultades, cuatro años, no existen. Otra cosa es un año y algunos temas, a lo sumo prorrogable otro año. La suspensión de la movilidad jubilatoria: así como está, no. Puede ser transitorio, pongamos un piso mínimo de aumento, algún límite. La reforma electoral, fuera de las PASO, no sale ni en pedo. Y todo está repleto de errores técnicos y contradicciones, más allá de la valoración política”, señala el mismo diputado halcón que se declaraba dispuesto a acompañar.

Como informó TN, tanto en el ala más “macrista” como en el sector “moderado” señalan el mismo problema: la falta de un interlocutor con el que poder negociar cambios. “Martín Menem es hoy un intermediario entre el Congreso y el Ejecutivo, no es una cuestión personal. Se entera de las cosas al mismo tiempo que nosotros y se necesita alguien con capacidad resolutiva. Si es él, que sea él, pero que no sea solo intermediario”, señalaba un diputado amarillo.

El oficialismo informó que este jueves quedarán conformadas al menos las 4 principales comisiones para empezar a tratar el mega proyecto. En el PRO, como en el resto de las bancadas opositoras, esperaban la llegada esta semana de funcionarios del Poder Ejecutivo que expliquen el paquete de reformas y el margen de negociación para realizar cambios.

“Si empezamos a analizar puntos, las comas y los punto y coma, va a ser un debate infinito y le vas a trabar la gestión. El cálculo del gobierno es simple: está todo por irse al demonio. El plan de estabilización es cortar 5,1 puntos del PBI. El 3,3 ya vino por DNU. El 1,8 se lo votamos nosotros. ¿No te gusta la reforma electoral, la de pesca, querés limitar un poco la delegación de facultades? Ok. Pero no trabes lo que sea reforma económica”, opinaba un diputado del ala bullrichista, que advertía que el bloque podría terminar teniendo “libertad de acción”.

“Libertad de acción es tener diez tipos pidiendo modificaciones, cuatro rechazando de plano, otros acompañando y un par ausentes. Tampoco le sirve al Gobierno. La idea es tener postura unificada, que seguro no se defina ahora. Pero también tienen que estar más claros los canales de diálogo con el Gobierno”, contestaba un “dialoguista”.

Fuera del sector del PRO más alineado con la ministra de Seguridad, había una base importante de dudas entre los miembros del PRO respecto a las que podrían ser “las verdaderas intenciones” -fórmula que utilizó más de uno- de Javier Milei.

No pasaron desapercibidas, en un bloque que desde el principio prometió acompañar, las críticas generalizadas del nuevo presidente a los miembros del Congreso sin distinción. Y genera suspicacias entre los legisladores que el Ejecutivo haya convocado a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, cuando podría haberlo hecho hasta fines de febrero.

“Para todo el mundo somos el más mileista de los bloques, seamos o no seamos los más mileistas. Todas las señales que dio son las de tomar al Congreso como enemigo. Algunos acá nos preguntamos: ¿No nos estarán usando de preservativo para después decir que el Congreso no funciona?”, sugirió uno de ellos, aunque sin utilizar la palabra “preservativo”. Y así empieza un mes intenso en la Cámara Baja.