El escándalo devenido por la liberación de Julio «Chocolate» Rigau, el puntero massista que fue detenido mientras extraía dinero de un banco platense con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura, paralizó la actividad del parlamento bonaerense donde, paradójicamente, sigue resonando el llamativo silencio de los tres diputados de extracción libertaria que, en este caso, no apuntaron contra uno de los vicios de lo que denominan la «casta».

En verdad, la mayor parte de los sectores de la política provincial optaron por no manifestarse sobre un caso que pone en debate un tema «tabú»: la financiación «alternativa» de la política y de las campañas electorales. Durante el fin de semana el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, sostuvo que «todos deberían pronunciarse, hay que cortarse con esas cajas negras de la corrupción».

En el oficialismo, donde ni el gobernador Axel Kicillof ni el titular de Diputados, Federico Otermin, hicieron referencia al caso, enfatizaron que hoy en la conducción de la cámara baja también tienen «firma» -traducido, son responsables por las altas de contratos- el kirchnerista Carlos «Cuto» Moreno pero también Adrián Urreli (PRO), quien responde políticamente a Néstor Grindetti, postulante a la gobernación por el mayor armado opositor.

En ese esquema también son fundamentales el secretario admnistrativo de la Cámara, el peronista Miguel De Lisi y la radical Sandra Paris, vinculada a Maximiliano Abad (encabeza la boleta a senadores nacionales de Juntos por el Cambio).

Sólo los diputados nacionales Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente del cordobés Juan Schiaretti, y Margarita Stolbizer, reclamaron un pronto esclarecimiento del hecho y cuestionaron el fallo de la Cámara de Apelaciones platense.

La titular del GEN, adelantó este sábado que las legisladoras de su partido pedirán informes por la falta de controles en los contratos «categoría 25», que tienen montos de hasta $ 550 mil, y por el uso de las tarjetas bancarias que «son parte de la opacidad del sistema». No hubo planteo formal, no obstante, de todo el bloque de JxC de la cámara baja provincial.

Uno de las deudas de la política provincial es el impulso a una nueva ley de financiamiento político. El problema es que la Legislatura, que no sesiona desde abril pasado, ha visto paralizada sus actividades en las últimas semanas a consecuencia de los estertores de las denominadas «tarjetas de la corrupción».

En este sentido, en los pasillos del histórico edificio de 7 y 53 venían preparando un temario «menor» para reanudar la actividad en el recinto, pero ese intentó se vio frustrado por la sorpresiva liberación de Rigau. En el Senado provincial, en tanto, tienen pendiente el tratamiento de los pliegos de cientos de jueces y funcionarios judiciales.

Esta inacción fue constatada de primera mano por un operador sindical que intentó reunirse días atrás con las autoridades de la comisión de Trabajo y Previsión de la cámara baja provincial. En ese cuerpo hay comisiones como Presupuesto, que preside el vicejefe de gabinete, «Juampi» De Jesús, que deberían estar indagando sobre la próxima rendición de gastos e ingresos de 2024 del Ejecutivo provincial.

«Nadie quiere recibir a nadie. Encima la cuestión electoral también influye porque muchos están abocados a las campañas», explicó una fuente legislativa consultada.

Otro de los temas más comentados en los pasillos de la sede parlamentaria es el llamativo silencio de los diputados que se identifican con las ideas libertarias, las mismas que ponen a la «casta política» como la responsable de las mayores penurias de la sociedad.

Si bien es cierto que no constituyen un bloque unido, Nahuel Sotelo participa de la campaña presidencial de Javier Milei y Constanza Moragues suele acompañar en sus recorridas a Victoria Villarruel. El tercer representante libertario, al menos desde el discurso, sería Guillermo Castello, que supo trabajar con Elisa Carrió.