El escándalo por las contrataciones irregulares en la Secretaría de Niñez y Familia que desembocó en la salida de Pablo de la Torre y la denuncia por supuesta corrupción que realizó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reavivó la discusión en torno a lo que ocurre en el Ministerio de Justicia desde hace más de tres décadas con el ente cooperador que administra la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) que, tal como expuso Clarín la semana pasada, tiene contratada a más de la mitad de empleados que trabajan en el área y paga sobresueldos en concepto de «incentivos» a unos 70 agentes.

Ahora, luego de la revelación que hizo el periodista Ricardo Roa en este diario días atrás, el Gobierno de Javier Milei ya trabaja en un plan para desmontar esa caja millonaria de la que, numerosas fuentes consultadas, coinciden en señalar que se ha nutrido no sólo el kirchnerismo sino amplios sectores de la política. Los fondos para gastar sin el control de la AGN o la SIGEN superan los 140 millones de dólares al año.

Altas fuentes oficiales confirmaron a Clarín que el Gobierno se puso plazo para «terminar por completo» con el sistema que se nutre de la compraventa de vehículos y otros trámites que realizan los argentinos en registros del automotor de todo el país. La orden del Presidente, según confiaron desde Balcarce 50, es que en 2025 los fondos que ingresen por esos trámites pasen a engrosar el presupuesto nacional.

«No se puede hacer de un día para otro, porque es un sistema complejo y oscuro que funcionó durante casi 40 años, desde la época de (Raúl) Alfonsín, y que está diseñado para que ningún ministro (de Justicia) quiera y pueda desmontarlo, porque implica quedarse sin personal; pero la idea es cambiarlo y (Mariano) Cúneo Libarona está trabajando en un plan con Milei. La fecha es 2025», aseguró a Clarín una fuente inobjetable al tanto (al detalle) de la decisión de la Casa Rosada.

El tema, antes del revuelo por los contratos en Capital Humano, fue motivo de charla en la reunión de Gabinete del martes. Cúneo Libarona, según pudo corroborar este diario, mantuvo una reunión clave con el titular de ACARA, el formoseño Sebastián Beato.

El ministro le transmitió que por administrar el ente, su institución debía bajar del 5% al 3,5% sobre el total de lo que recauda, y que avanzará en un fuerte recorte de la nómina de contratos que nadie sabe -ni siquiera ACARA- qué tarea realizan para el Ministerio: «Hay gente que ellos nos dicen que tenemos contratada y que nosotros no sabemos qué hacen», explican en Justicia, sobre el agujero negro que representa el ente cooperador.

Para ponerlo en números, según el último dato oficial aportado por Justicia, hay 2.483 empleados contratos por el ministerio a través de ACARA, por lo que no pasan por el control de ingreso biométrico.

El dato contradice lo expuesto por Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA, quien en medio de un duro enfrentamiento con su sucesor denunció días atrás que los contratados por su entidad eran casi el doble: habló de unos «4.800 empleados».

Pero ni la baja de los honorarios que percibe ACARA ni la reducción de la plantilla es algo que inquiete demasiado a Beato, al menos eso dejaron trascender quienes lo escucharon. Tampoco la indemnización que, eventualmente, tendrá que pagar a quienes fueron contratados sin plazo y figuran en relación de dependencia en ACARA.

Una preocupación de la entidad tiene que ver con dos pasos que podría dar Cúneo Libarona. En principio, con una auditoría técnica exhaustiva sobre los gastos que se realizaron desde el ente cooperador durante la gestión kirchnerista. Como puntualizó Clarín, en el ente se hicieron contrataciones insólitas, que distan mucho de cuestiones relativas al funcionamiento del Ministerio.

En el entorno de Cúneo Libarona recibieron alertas de convenios millonarios con universidades, alquileres de inmuebles y vehículos cuyo uso no estaba asentado, y pagos a proveedores fantasma. Ya hay un entrecruzamiento de datos que realizaron entre Justicia y Capital Humano en torno al desembolso a ciertas cooperativas con cifras de facturación exorbitantes. Casualidad ó no, ambos ministros fueron puestos en duda durante toda la semana, con versiones que surgieron desde el Gobierno. Tanto que tuvo que intervenir Milei para despejar dudas.

El otro gran temor que hay en la entidad que nuclea a Concesionarios oficiales de todo el país es que el Gobierno se disponga a derogar por decreto las leyes 23.283 y 24.312 que son las que le permiten seguir funcionando y operando con provincias y municipios con convenios similares al que tiene con Nación. Es que según estimaron fuentes del sector, la recaudación por esos acuerdos superaría ampliamente el negocio con Nación.

En un rápido relevamiento que realizó Clarín, que consultó -y no obtuvo respuesta de ACARA- son más de dos decenas de acuerdos entre distritos grandes, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires (fuentes oficiales admitieron que hay acuerdos con tres organismos y que se lleva hasta el 10 por ciento de lo que recauda por el pago de multas en los registros), y distritos más pequeños, como Azul.

Los servicios que presta varían: desde formularios hasta la interconexión de la base de datos de multas y antecedentes de tránsito. Nada que los distintos Estados no puedan hacer.