Laura Alonso, vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y candidata a legisladora porteña por el PRO, ironizó hoy sobre la posición actual de la ministra de Seguridad Nacional y excandidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich: “Los que salimos de amarillo a las calles todos los días de la semana para hablar con los vecinos, nunca nos desteñimos”, afirmó.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Alonso señaló que los dirigentes de su partido siempre estuvieron “en el mismo lugar”, y recalcó sobre sí misma: “Nuestro ADN es la competencia y nunca nos desteñimos. Hace 16 años que me sumé al PRO con los mismos valores, sueños y proyectos; esta vocera, que es del PRO, jamás se destiñó”.

En ese sentido, la candidata a legisladora también explicó sus motivos para votar al PRO, de cara a las próximas elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “No somos un experimento, no somos una propuesta regresiva, al contrario, la mirada del PRO es una mirada de futuro, por eso nos importa discutir los temas de la Ciudad».

“Tenemos trayectoria, lo hemos demostrado, somos los que mejor podemos hacerlo: cambiar Buenos Aires para que siga siendo una Ciudad global”, agregó. Y destacó el rol del exjefe de gobierno porteño y expresidente de la Nación, Mauricio Macri.

El viernes pasado, y luego del rechazo del Senado de la Nación a los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, Bullrich afirmó que el exmandatario nacional y presidente del PRO estaba “con bronca”, y dijo que “se juntó” con el kirchnerismo “para voltearle un decreto al presidente Milei”.

“Me dio lástima, es la vendetta. Le salió el ‘tanito’ (sic), fue una vendetta total y absoluta de una persona que está con bronca y que actúa por impulso y no por inteligencia. Evidentemente, no quiere aceptar que al Gobierno le va bien, que está manejando las riendas de la economía, achicando el Estado y logra objetivos en el orden público”, añadió.

El cruce por los piquetes

En otro pasaje de la entrevista, Alonso denunció al espacio de los libertarios por confundir la discusión sobre la responsabilidad en la liberación de las calles porteñas de las manifestaciones y piquetes. En este punto, argumentó que la Policía Federal solo actúa en objetivos federales “como se vio en los operativos alrededor del Congreso”, mientras que la Policía de la Ciudad es la responsable de lo que ocurre en el resto de los cortes.

“La Policía Federal solo puede actuar en puntos geográficos muy específicos en la Ciudad de Buenos Aires, el resto corresponde a la Policía de la Ciudad”, determinó la funcionaria, al tiempo que informó que la fuerza de seguridad trabajó en la prevención y la eliminación de “más de 250” manifestaciones.

Además, recordó que, en la última Marcha por la Diversidad, el Gobierno nacional decidió no realizar ningún operativo sobre los objetivos federales. En cambio, la Policía de la Ciudad acompañó la manifestación con su cuerpo especial de mujeres y resaltó que no se registró ningún inconveniente.

Minutos después, el presidente Javier Milei replicó en su cuenta de X un mensaje del subsecretario de Prensa Javier Lanari, quien a modo de respuesta a los dichos de Alonso había escrito: “Durante más de 20 años no quisieron pagar el “costo político” de cortarles el chorro a los gerentes de la pobreza y reprimir el delito. Y ahora se arrogan el fin de los piquetes. Subestiman a la gente”.

Hace un par de días, Manuel Adorni, candidato a legislador porteño, también se había metido en la disputad por los piquetes al rechazar los dichos de Mauricio Macri, quien había adjudicado a la gestión actual del Gobierno porteño de haber terminado con los cortes de calle.

Tras el amplio rechazo del Senado a su postulación, Manuel José García-Mansilla analiza por estas horas presentar su renuncia como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo al que accedió gracias a un decreto del presidente Javier Milei.

Según pudo confirmar Infobae, el Ejecutivo presentó en las últimas horas un recurso per saltum al máximo tribunal para que frene la medida cautelar del juez para que anule la medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que García-Mansilla se abstenga de firmar nuevos fallos.

García-Mansilla lleva apenas 38 días en el puesto. El Presidente lo nombró en “comisión” el 25 de febrero pasado -con vigencia hasta el 30 de noviembre, fecha del final del año legislativo- y, dos días más tarde, en una discreta ceremonia, juró como ministro.

La decisión de abandonar pareciera inevitable después del último jueves, cuando la Cámara alta no aceptó su pliego por una amplia mayoría: el juez impulsado por Milei cosechó 51 votos en contra y apenas 20 a favor.

De confirmarse la decisión, la Corte volverá a funcionar con tres integrantes: su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzett, ya que el Senado también rechazó la postulación de Ariel Lijo, quien nunca llegó a asumir dado que el propio máximo tribunal no aceptó que pidiera licencia en Comodoro Py para asumir como ministro.

García-Mansilla, un académico de 53 años de perfil conservador, juró como juez el 27 de febrero pasado, gracias a un decreto presidencial publicado durante el receso legislativo. Sin embargo, su nombramiento fue rápidamente cuestionado por sectores políticos y jurídicos, que argumentaron que violaba los requisitos constitucionales al no contar con la aprobación de dos tercios del Senado, como exige el artículo 99 de la Constitución Nacional.

Tras el rechazo de la Cámara alta, entonces, crecieron las presiones de académicos, senadores y organizaciones civiles, quienes exigen su apartamiento. Poco después de la votación, Ramos Padilla ordenó a García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantuviera su cargo como juez designado por el Poder Ejecutivo en comisión. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, desde que asumió, García-Mansilla firmó 215 fallos.

La medida de Ramos Padilla, de cumplimiento obligatorio, fue adoptada tras una presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos habían impugnado la designación de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, por entender que vulneraba la independencia judicial, un argumento que también usaron varios senadores en sus argumentaciones del jueves.

Ramos Padilla entendió que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión tenga funciones jurisdiccionales mientras no haya recibido apoyo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sentenció el juez federal platense, quien recordó que esa es una “condición esencial para la validez del nombramiento”.

“Estamos defendiendo si vamos a tener una Justicia independiente o una Justicia adicta a tiro de decreto”, había dicho Martín Lousteau, presidente del bloque de la UCR. “Esto es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado”, comentó Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina de Unión por la Patria.

La decisión de Ramos Padilla fue, sin embargo, desestimada por el Gobierno, que presentó ayer sábado ante la Corte vía per saltum un recurso para que el juez siga firmando sentencias.

En público, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, dijo el mismo sábado que no había ningún artículo de la Constitución que hiciera referencia a que García-Mansilla debía renunciar en estas condiciones.

“La Corte le tomó juramento”, ironizó Francos en una entrevista radial, luego de que Lorenzetti admitiera, también a la prensa, que él no hubiera aceptado asumir por decreto como sí lo hizo su colega.

En el expediente de Ramos Padilla, García-Mansilla presentó un escrito para defender su nombramiento: “Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución” y agregó que su salida antes de noviembre sólo podría realizarse mediante juicio político.

Pero el propio García-Mansilla había dicho en agosto del año pasado que no aceptaría el cargo si fuera nombrado por decreto. Fue cuando se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado con el fin de defender su pliego.

En esa audiencia, Fernández Sagasti le preguntó si hubiera aceptado ser designado en comisión por Javier Milei como ministro. La consulta de la senadora tomaba como base el DNU 83/2015, a través del cual el entonces presidente Mauricio Macri designó como en la Corte a Rosenkrantz y Rosatti.

“Visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación”, respondió el juez, nacido en Bariloche.

“Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Le doy un ejemplo: la ampliación de los jueces de la Corte Suprema. Depende el contexto en el que se haga, si bien es una facultad estrictamente constitucional, el Congreso tiene la facultad de determinar la cantidad de jueces que integran la Corte Suprema y depende del contexto en que esa decisión se tome, puede afectar al tribunal”, agregó en aquel momento García-Mansilla.

El tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei convocado por la CGT para este jueves 10 de abril sufrió una importante baja: la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA) resolvió no adherirse en la práctica a la medida de fuerza tras acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo, la cual tendrá un alcance de 15 días en relación al reclamo de mejoras salariales de los choferes. Por lo tanto, este jueves, día del paro, habrá colectivos.

En la CGT sospechan de un movimiento coordinado entre el secretario general de la UTA, y el Gobierno nacional para debilitar la medida de fuerza que tendrá lugar este jueves. Es que, en gran medida, el hecho de que haya o no haya colectivos es determinante para medir la eficacia del paro.

El Gobierno realizó una auditoría sorpresa en la UTA y presiona para que no se sume al paro de la CGT

Desde la Secretaría de Trabajo afirmaron que la UTA tiene que acatar la conciliación obligatoria por ley. Desde la central sindical dejaron trascender que no se trata de una movida ingenua ya que Fernández convocó a un paro de choferes en la previa al paro general y dejó servido al Gobierno el dictado de la conciliación para que se extienda por dos semanas y garantice el funcionamiento de los colectivos.

El paro del transporte público se iba a realizar el 28 de marzo pasado, pero la conciliación obligatoria llegó un día antes y sigue vigente. El llamado fue hecho por el Ejecutivo tras una solicitud presentada por las cámaras patronales del sector. A esta acción se le suma una auditoría a las cuentas del sindicato efectuada por el Gobierno.

La CGT suma adhesiones al paro general del 10 de abril y no habrá trenes, subtes, ni taxis

Más allá de que los colectivos van a funcionar el 10 de abril, desde la UTA se apresuraron a informar que adhieren de todos modos al paro general de la CGT. Por consejo de lo abogados del gremio, el transporte público funcionará, ya que de no acatar la conciliación obligatoria, se enfrentarían a sanciones económicas, despidos y recortes de subsidios.

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