En la primera semana de agosto, el Gobierno buscará impulsar la reforma electoral en el Congreso de la Nación con un paquete de iniciativas que incluye la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que la Casa Rosada intentará convertir en ley en el segundo semestre del año.

Según cuentan desde el oficialismo, detrás de la intención de aprobar esta metodología de votación, que reduce en millones la cantidad de boletas en todo el país, hay un motivo económico, pero también político: por un lado, aseguran que con la BUP el Estado se ahorrará más de $8000 millones en financiamiento a los partidos, y por el otro, su puesta en funcionamiento representará un golpe a la “logística” de ciertos partidos políticos que usaban las boletas como elemento de militancia y que hasta le entregaban a los electores sobres cerrados con el papel de sus propios candidatos. Incluso la medida apunta a atacar los “negocios” de los partidos más chicos que después de cobrar el dinero del Ejecutivo no lo destinaban a la impresión de las boletas.

Es que a diferencia del actual sistema, en las que cada partido debe ocuparse de imprimir las boletas oficializadas por la Justicia, con la BUP, los papeles son distribuidos por el Estado y solo se pueden encontrar en la mesa de votación el día de la elección. Estas boletas tienen garantías de confección como un troquelado y número de mesa. Se entrega un número acorde a la cantidad de electores del distrito más un 5% de reposición.

Boleta Única: el Gobierno busca ahorrar $8000 millones y darle un golpe a la “logística” de los partidos

En el oficialismo se muestran optimistas de acordar cambios con la oposición dialoguista en el proyecto aprobado en Diputados en 2022, para luego darle luz verde en el Senado y que vuelva a la Cámara Baja para una segunda revisión y sanción definitiva. El proyecto había quedado trabado en enero pasado cuando la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un dictamen alternativo al texto original.

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A esa propuesta sumaron su apoyo dos senadores de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut). Pero ahora el oficialismo estaría dispuesto a aceptar una de las propuestas del dictamen de Silva: eliminar la opción del casillero, que con una sola cruz permite votar la lista completa, lo que permitiría que el proyecto alcance la mayoría constitucional para su aprobación en el Senado.

El Gobierno se inclina por implementar a nivel nacional el modelo cordobés de Boleta Única que permite elegir un partido político con una sola marca en las distintas categorías (Presidente, diputados, senador, etc.). La ubicación en la boleta de cada candidato y partido se sortea. “Hoy tenés dos alternativas para construir la mayoría, con Silva o con los senadores de Misiones, prevalecerá con quienes se termine haciendo un acuerdo. Hay una inclinación por la boleta cordobesa y sobre eso se manejan opciones”, dijo a TN un senador al tanto de las conversaciones.

“Estamos cerca, hay conversaciones con los bloques más dialoguistas. Hay un dictamen de la autora del proyecto en el que diferenció las boletas de Santa Fe y la de Córdoba y el bloque de Unión por la Patria la acompañó. Si se logra dialogar la diferencia, que es mínima, se puede aprobar”. El poroteo en el Senado hoy da un empate 36 a 36, lo que ocurre es que Victoria Villarruel no puede desempatar al tratarse de una iniciativa legislativa. “La idea es empezar a negociar en agosto”, agregó.

En 2023 se gastaron $13.000 millones para imprimir boletas: el Gobierno dice que el ahorro será de $8.000 millones

Aprobar la boleta única significaría imprimir millones de boletas menos al reducir gastos en impresión de papel, menos logística y una reducción en la compra de materiales de embalaje al reducir la cantidad de cajas. Se estima en más de $8000 millones el ahorro para el Estado, que sí tendrá que hacerse cargo de la impresión de las BUP. Según pudo saber TN, en 2023, desde el Gobierno salieron unos $13.000 millones para el financiamiento de las boletas de los partidos políticos.

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Pero además, en el oficialismo aseguran que la implementación de la BUP permitiría dar un golpe a la logística de aquellos partidos que utilizan las boletas para movilizar a su militancia o los espacios más chicos que -en muchas ocasiones- usan con otros fines la plata que el Estado les da para imprimir boletas. “Rompes la herramienta de militancia al no repartir las boletas”, dicen. Incluso hay quienes hablan de negocios entre los partidos políticos y las imprentas. “Se corta cualquier posibilidad de cuestión espuria”, acotan.

A su vez, la implementación de la Boleta Única tendría un impacto favorable en el ambiente. Según estimaciones a las que accedió TN, para las elecciones legislativas de 2021 se imprimieron 1100 millones de boletas, lo que equivalía a 100 mil toneladas de papel. En aquel entonces la cantidad de electores era de 34 millones de personas, por lo que para los comicios, por lo que se contabilizaron 34 boletas por elector, es decir, 10 veces el padrón. El ahorro en aquel año, según otra estimación, equivalía a dos hospitales de 500 camas.

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