Cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética dispusieron que el combate armado –la parte caliente de su Guerra Fría– debía desarrollarse en territorios no nuclearizados, Corea primero, Vietnam luego y, poco después, África Septentrional y América Latina se constituyeron en teatros de operaciones bélicas. A causa de ello, nuestro continente recibiría a partir de los 60 la más importante agresión armada de su historia moderna, producto de diseños estratégicos financiados desde el exterior. La actuación de formaciones celulares clandestinas con capacitación y organización castrenses, mediante asaltos a unidades militares y policiales, asesinatos, secuestros extorsivos y colocación de explosivos, rebasó las estructuras policiales y judiciales creadas para dar respuesta a la delincuencia común. La escalada generó la convocatoria de las Fuerzas Armadas para aniquilar el accionar subversivo y luego, en casi todo el continente, asumirían el poder público, aun en naciones con un historial democrático invicto, y adherirían a la ilegalidad, respondiendo con secuestros, torturas y penas de muerte sin procesos judiciales. El resultado no pudo ser otro que el dolor, la muerte y la desaparición de miles de personas.

La Argentina hizo respecto de la tragedia todo lo necesario para no librarnos jamás de ella. El “nunca más” con el cual el fiscal Julio Strassera finalizaría su acusación en el histórico Juicio a las Juntas Militares por violaciones de los derechos humanos se ha transformado en un nunca más saldremos del desprecio mutuo ni del enfrentamiento que nos separó; nunca más nos perdonaremos ni abandonaremos el rencor que nos divide.

Todo futuro se construye en el presente. La dirigencia debe decidir si será el de la concordia política o el del rencor y el odio perpetuos

Con las leyes del perdón, el presidente Raúl Alfonsín y el Congreso pretendieron cerrar las heridas. Les siguieron los indultos de la administración Menem a los comandantes condenados y a los jerarcas de las organizaciones terroristas, disponiendo indemnizaciones para los damnificados por el accionar ilegal del Estado. Pero con el gobierno kirchnerista todo volvería a cambiar. El presidente Néstor Kirchner les entregó la política de derechos humanos a las víctimas del accionar ilegal del Estado argentino, sus familiares y simpatizantes. Así, rápidamente se crearon nuevos organismos gubernamentales, se desplegaron decenas de programas de gobierno y nuevos beneficios económicos para las víctimas, sumando a aquellos que alegaran haberse exiliado por cuestiones políticas durante el gobierno militar y a los hijos nacidos en el exterior o llevados allí cuando eran menores; se modificó la enseñanza de la historia en los colegios, enalteciendo a los guerrilleros y demonizando a los militares; se crearon espacios para la memoria y parques conmemorativos en los cuales figuran solo las víctimas del accionar represivo del Estado y ninguna de las miles producidas por las organizaciones terroristas, y las leyes del perdón pasaron a ser llamadas “de impunidad”. Simultáneamente, la nueva mayoría instalada por el kirchnerismo en la Corte Suprema de Justicia, para eludir los “obstáculos” que impedían reanudar la persecución judicial contra las Fuerzas Armadas, impondría –contra la opinión de los doctores Fayt, Belluscio y Vázquez– una nueva doctrina: aniquilando la garantía constitucional consistente en que todo delito debe estar contemplado en una ley previa y que ella no podrá nunca ser aplicada retroactivamente, se declaró que determinados comportamientos delictivos no debían estar contemplados por escrito en leyes antes de su producción. Los llamados delitos de “lesa humanidad” obedecerían a una norma no escrita, una “costumbre internacional” que los consideraría desde siempre como tales y, por tanto, imprescriptibles. Y, lo más desconcertante, tampoco serían perdonables. Las amnistías y los indultos vigentes, válidos para todos los delitos sin distingo según los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la carta magna, pasaron a ser declarados inconstitucionales, eso sí, solo aquellos que amparaban a las fuerzas legales. El Congreso no solo aceptó mansamente la privación de la facultad excluyente y por ende irrevisable, destinada a consolidar la paz interior y la unión nacional, sino que avanzó haciendo suya una potestad que es exclusiva del Poder Judicial, declarando la nulidad de las leyes del perdón. La reapertura de los juicios sobre la base de estos criterios fue duramente criticada en sendos dictámenes de la Academia de Derecho y rechazada por prestigiosos juristas, entre los cuales se encontraban tanto el fiscal Strassera como la casi totalidad de los miembros de la Cámara que condenó a los comandantes. Se procedió desde entonces a la formación de miles de causas judiciales; se crearon secretarías especiales de derechos humanos en cada tribunal y la Justicia Federal argentina –responsable de investigar la corrupción y el narcotráfico– pasó a empeñar sus recursos ocupando sus agendas, hasta el día de hoy, en la revisión de hechos ocurridos hace medio siglo. Coetáneamente, se impuso a los procesados por estos delitos una doctrina diferenciada del resto de la ciudadanía. Considerando que por el tiempo transcurrido y la clandestinidad del método estatal se habían perdido las pruebas, se le otorgó a la menos confiable de todas, la testimonial, valor indiscutible. Eso hizo que centenares de personas –acompañadas por organismos de derechos humanos– se presentaran y se sigan presentando en las causas como nuevas víctimas, afirmando que estuvieron detenidas en tal o cual centro secreto, con la seguridad de que nadie habrá de desmentirlas. Las prisiones preventivas se prolongan mucho más allá de lo permitido en la ley y triplican en tiempo las de los delincuentes comunes. No se otorgaron en muchos casos libertades condicionales, salidas transitorias o la detención domiciliaria contemplada en las leyes aun cuando los detenidos superen los 70, 80 o más años. Así, han muerto en prisión detenidos sin condena que tenían incluso más de 90 años, en una muestra de salvajismo y abandono del trato digno a un ser humano. Esta doctrina especial generó la atribución de responsabilidades penales no por lo que la persona hizo o dejó de hacer, sino por el cargo que tenía o el lugar en el cual estaba destinada, sentando un tan peligroso como nefasto precedente contrario a la recta doctrina penal. Suboficiales y agentes penitenciarios que en los años 70 tenían apenas 20 años y hasta baqueanos que prestaron servicios en las fuerzas han sido encarcelados, mientras los miembros y las más altas jerarquías de Montoneros, ERP, FAP, FAR, Todos por la Patria y otras organizaciones terroristas no solo viven desde hace años en libertad, amnistiados e indultados, y acceden a la función pública, sino que además recibieron suculentas indemnizaciones con nuestros impuestos. Y por más que consideraremos siempre más grave el comportamiento delictivo llevado a cabo por un agente estatal que el perpetrado por un particular, si no se puede juzgar a las cúpulas terroristas, debemos preguntarnos si es moral y jurídicamente aceptable que se juzgue y condene a las más bajas jerarquías de nuestras Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

Resulta insostenible que una persona que siempre ha estado a derecho tenga que estar esperando 30, 40 o 50 años a que a un supuesto testigo, un fiscal o un juez se le ocurra imputarla de un delito.

Con el reciente fallecimiento del último general que estaba en actividad en aquellas épocas, es hora de que la Justicia y la política empiecen a cumplir los altos fines que les impone el Preámbulo. El compromiso del Nunca más fue desterrar el uso de la violencia como método para dirimir las contiendas políticas locales. Nunca se necesitó para ello debilitar las garantías que protegen a los ciudadanos, ni mucho menos violar el principio por el cual nos hicimos libres: la igualdad ante la ley. Todo futuro se construye en el presente. La dirigencia debe decidir si será el de la concordia política o el del rencor y el odio perpetuos.