El Gobierno dejó sin efecto este jueves una serie de programas sociales, culturales y deportivos destinados a la niñez y la adolescencia. Lo hizo por intermedio de once resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, para evitar la superposición innecesaria de proyectos de igual temática, así como también, suprimir las cargas innecesarias y alinear las normativas con los objetivos del Poder Ejecutivo, entre otras razones.

La Resolución 143/2025, al igual que las 10 restantes firmada por Juan Bautista Ordoñez, responsable de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Capital Humano, dispone la eliminación del “Programa de Integración y Desarrollo Humano ‘Participar en Comunidad’” aprobado el 1 de septiembre de 2020 para “responder a las demandas y necesidades locales, principalmente de los sectores más vulnerables”.

Según ese documento, se dejó sin efecto para “alinear la normativa que regula los programas vigentes en el ámbito de ese Ministerio con los objetivos del Poder Ejecutivo Nacional”, y porque se llegó a la conclusión de que “la existencia de programas que no tienen aplicación efectiva o que se superponen con otros, imponen la necesidad de reordenar la normativa vigente”.

La siguiente resolución, la 144/2025, pone el foco en el Programa “Centro de Promoción de Derechos (CPD)” creado el 4 de mayo de 2017 para fomentar “espacios en diferentes localidades atravesadas por situaciones de vulnerabilidad social” con el objetivo de “garantizar la promoción, prevención y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes”.

Y como el 16 de marzo de 2018 se creó el “Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos”, ahora el Gobierno consideró que existe “un solapamiento normativo de la materia en ciernes, lo cual trasunta en un dispendio burocrático administrativo y de recursos públicos, ya que coexisten dos programas que atienden similar temática”.

La Resolución 146/2025, por su parte, dejó sin efecto el Programa “Espacio Unzué”, destinado a fortalecer la participación y protagonismo de la ciudadanía en prácticas culturales, artísticas, recreativas y deportivas, y el Proyecto Institucional “Colonia Gutiérrez e Instituto Manuel Lucio y María Cruz Inchausti” donde “las familias, los adolescentes y jóvenes, niñas y niños” podían “aprender y vincularse mediante el desarrollo de actividades de variada índole como ser artísticas, de creatividad, expresión y cooperación”.

También abarcó al “Proyecto Institucional Espacio Sarmiento”, el “Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos” y el Programa “Espacio Crescencia Boado de Garrigós”.

“En el contexto de reestructuración de la Administración Pública Nacional, resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos”, se explicó en el documento.

El siguiente texto, que lleva el número 147/2025, dejó sin efecto la resolución del entonces Ministerio de Desarrollo Social Nº 235 del 14 de septiembre de 2006, en la que “se establecieron las normas que rigen el funcionamiento y misiones de las delegaciones denominadas Centros de Referencia cuyos objetivos son articular políticas sociales nacionales con los gobiernos provinciales, locales y sociedad civil para maximizar los recursos del Estado”.

La Resolución 148/2025, en paralelo, dispuso la misma acción tanto para el Programa “Construimos Ciudadanía”, creado en 2018, como para el “Programa Nacional de Derecho al Juego – Jugar-«, generado en 2020, que también se superponían.

También se eliminó el “Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias” de 2002 (Resolución 149/2025), y quedó sin efecto la Resolución que creó la “Unidad Técnica Para el Abordaje Integral de Derechos” (150/2025) tras detectar “pluralidad de entidades, áreas, programas y unidades técnicas cuyas funciones han sido repetidas y superpuestas”.

También quedó fuera de vigencia la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Departamento Salud Integral (Resolución 151/2025) porque significaba “un dispendio de recursos humanos y materiales” y el “Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad” (Resolución 152/2025).

El Gobierno dejó sin efecto, a través de la Resolución 153/2025 , la normativa que creó en 2023 la “Línea Activar”, que “tuvo como propósito el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes”.

Por último, disolvió por intermedio de la Resolución 154/2025 el “Consejo Consultivo de Adolescentes”, y también el “Programa nacional de Derecho a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes”.