POLITICA
El Gobierno intimó a Camioneros y organizaciones a pagar $40 millones por los gastos de la marcha a Tribunales
Manifestantes protestan contra el DNU de Milei frente a Tribunales. (Foto: TN/Agustina Ribó).Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. (Foto: TN)
El Gobierno de Javier Milei intimó al Sindicato de Camioneros y a otros gremios a pagar los gastos por el operativo durante la movilización a Tribunales del 27 de diciembre. Ese día, hubo una marcha contra el mega DNU del Gobierno, firmado por el presidente el 20 de diciembre.
La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, e informa cuál fue el costo total del operativo que desplegó el Estado durante la marcha: poco más de $40 millones. Fuentes del Sindicato de Camioneros expresaron que están evaluando con los abogados “apelar esto que es ridículo”.
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Asimismo, el documento oficial enumera cuáles fueron las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular durante la protesta en Tribunales.
“No entendemos el contenido de esta carta documento, daremos la respuesta legal que corresponda ante esta dictadura llamada democracia que conforma este gobierno”, enfatizaron desde el sindicato.
En el listado figuran: la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.
Y el texto sigue: “Intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227 en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”.
A continuación la carta detalla: “(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
En materia de repercusiones, Agustín Lecchi, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) escribió en sus redes sociales: “El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada antidemocrática. Esta es la Carta Documento que nos llegó al Sindicato y a otras organizaciones. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión”, expresó.
POLITICA
El Gobierno anunció que se cobrará la salud pública y la educación universitaria a los extranjeros
El Gobierno nacional anunció este martes que se les cobrará aranceles a los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos y asistan a las universidades nacionales de todo el país. Además se ampliarán los controles de antecedentes para quienes pretendan ingresar al territorio argentino.
“Los organismos nacionales, provinciales y municipales van a determinar las condiciones de la atención a la salud, incluso la posibilidad de cobrar aranceles”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada.
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El funcionario destacó que “desde que se tomó esta medida en Salta, bajó un 95% la atención a extranjeros y hubo un ahorro de 60 millones de pesos para las arcas de esa provincia. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”. Poniendo como testigo el caso de la provincia norteña que desde inicios de este año aranceló la sanidad a ciudadanos de países limítrofes.
Respecto al arancelamiento de la educación superior para quienes no sean nativos argentinos, el portavoz de Javier Milei sostuvo: “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”.
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Del mismo modo, Adorni explicó que también se llevaran adelante modificaciones al Código Penal, para incorporar “nuevos delitos para impedir el ingreso o avanzar con la expulsión de inmigrantes” según el caso lo amerite.
“Si a un inmigrante se lo atrapa cuando está cometiendo el delito o violentando el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país. El objetivo de las medidas es avanzar por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”, concluyó el comunicador libertario durante su discurso ante la prensa.
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