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El Gobierno les pidió la renuncia a los funcionarios de Nación Seguros investigados por la Justicia

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El gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, fue imputado y allanado por la Justicia este viernes, en el marco de la causa que investiga el escándalo de las pólizas de ANSES, tras lo cual el Gobierno le pidió la renuncia.

El funcionario de la aseguradora está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza del organismo previsional en la causa que involucra al expresidente Alberto Fernández.

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Durante la gestión anterior, Tanos se había desempeñado como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y luego, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue ascendido a gerente general de la compañía. También quedó imputado el actual gerente de compras, Marcos Federico Eufemio. Según consignó el diario Clarín, a ambos funcionarios se les pidió la renuncia este fin de semana y se concretará de manera formal el lunes.

El expresidente Alberto Fernández es investigado en el marco de una causa por presunta defraudación al Estado en la contratación de seguros de Anses. (Foto: AP - Natacha Pisarenko).
El expresidente Alberto Fernández es investigado en el marco de una causa por presunta defraudación al Estado en la contratación de seguros de Anses. (Foto: AP – Natacha Pisarenko).

La documentación que obra en el expediente judicial muestra que Tanos ofició como contacto con la firma San Ignacio, una empresa que cobró millonarias comisiones por la contratación de la póliza de la ANSES. En la serie de allanamientos ordenados por la Justicia también se incluyeron los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, presidente y director suplente de San Ignacio.

Leé también: Escándalo de los seguros: ordenaron 24 nuevos allanamientos en la causa que involucra a Alberto Fernández

Ante las novedades judiciales, el Gobierno del presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Tanos, por lo que se espera que en los próximos días se oficialice su salida del cargo. Días atrás, Alberto Fernández había salido a referirse al escándalo a través de sus redes sociales y en algunos reportajes, afectado por la destrucción de su principal caballito de batalla, la honestidad de su gestión. Para eso, además de desmentir las versiones públicamente, levantó el teléfono y se comunicó con Milei, quien – aseguran- lo escuchó y aceptó los argumentos técnicos que ofreció ante cada una de las acciones que lo llevaron a la firma y la instrumentación del cuestionado decreto 823/21.

La causa se inició por una auditoría interna del actual gobiernoen ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de “brokers” (Foto: Anses).
La causa se inició por una auditoría interna del actual gobiernoen ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de “brokers” (Foto: Anses).

Este viernes se llevaron a cabo una serie de allanamientos en el marco del escándalo de seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández. Hubo 24 nuevos procedimientos en empresas y personas que están vinculadas a la causa en la que se encuentra imputado el exmandatario y un exdirectivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos.

La Policía Federal registró domicilios y oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, y San Germano. También del broker Héctor Martínez Sosa, quien está casado con la secretaria del entonces presidente Fernández, María Cantero. Allí fueron en búsqueda de contrataciones de seguros o convenios con el estado nacional y tenían la orden de secuestrar notebooks, computadoras y tablets.

La causa se inició por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de “brokers”. Los allanamientos ordenados hoy por Ercolini complementan los que dispuso semanas atrás para determinar, también, si las comisiones que obtenían los intermediarios estaban dentro de lo que rige en el mercado de los seguros.



Nación Seguros, Alberto Fernández

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Despidos injustificados en Uquía: tensión con los trabajadores de la ciudad

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Uquía se encuentra en el ojo de la tormenta tras las denuncias de dos empleadas municipales que afirman haber sido despedidas de manera arbitraria por la comisionada Gabriela Flores. Karina Zambrano y Vilma Cunchila, quienes trabajaban en la comisión municipal, aseguran que fueron cesanteadas por hablar con un vocal de la oposición, situación que ha generado indignación y apoyo en la comunidad.

Las afectadas expusieron su caso en la sede del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), donde expresaron su desconcierto y frustración. Karina Zambrano relató: “Sufrí un despido por la señora comisionada Gabriela Flores, el motivo que nos dio es que estaba muy molesta y enojada. Nosotras solo velamos por nuestro trabajo, tenemos hijos que mantener”. 

Vilma Cunchila agregó que el despido las tomó por sorpresa. “La comisionada nos llamó a una reunión sin previo aviso y nos despidió en ese momento. Es algo injusto, venimos trabajando hace nueve años como empleadas públicas”, comentó. Ambas coinciden en que el verdadero motivo detrás de su cese fue el simple hecho de haber conversado con un vocal de la oposición, lo cual, según la comisionada, atentaba contra su gestión.

La comisionada Gabriela Flores, miembro de la Unión Cívica Radical, se enfrenta a duras críticas por esta decisión. Las empleadas argumentan que se trata de un abuso de poder y una represalia política. Esta situación ha generado una gran polémica en la localidad, donde vecinos y compañeros de trabajo han manifestado su apoyo a Zambrano y Cunchila.

El caso pone en relieve las tensiones políticas en Uquía y la vulnerabilidad de los empleados municipales frente a decisiones arbitrarias. Mientras tanto, el SEOM se encuentra evaluando los pasos a seguir para defender los derechos de las trabajadoras y buscar justicia en este caso.

La controversia en Uquía no solo afecta a las empleadas despedidas, sino que también abre un debate más amplio sobre la libertad de expresión y la estabilidad laboral en el ámbito público. Las acciones de la comisionada Flores serán escrutadas de cerca, mientras la comunidad espera una resolución justa que restablezca la confianza en sus representantes locales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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