«Si bien la reunión con el presidente Trump no estaba en la agenda formal, esperábamos plenamente un encuentro informal entre los dos líderes el 3 de abril, la noche del evento en Mar-a-Lago», dijo este domingo en un breve video enviado a un grupo de amigos y que pudo ver Clarín John Rourke, organizador de la American Patriot Gala.

En este video, Rourke confirma toda la información publicada por este diario el sábado, sobre cómo fue el minuto a minuto en el que la comitiva argentina por algún mal consejo, por desinformación o por motivos que aún no se explicaron, decidió que el presidente Javier Milei se fuera de la fiesta que tenía lugar a metros de la residencia del presidente de los Estados entre 15 y 20 minutos antes de que llegara Donald Trump de otra cena con un grupo de empresarios y deportistas de golf.

«Lamentablemente, el equipo del presidente Milei optó por abandonar el evento poco después de aceptar el premio León de la Libertad que le entregué. Creemos que si hubieran esperado hasta el final del evento un poco más, la reunión con el presidente Trump se habría producido cuando intentaba entrar en el evento. Y lo que sucedió fue que un montón de gente salió corriendo por las puertas y el Servicio Secreto agarró al presidente Trump y lo escoltó», dijo Rourke, que junto al otro organizador de esta fiesta que organiza el movimiento conservador Make American Clean Again (MACA) Glenn Parada.

«Lamentablemente, las exigencias del canciller (Gerardo Werthein) no se correspondían con el espíritu de colaboración y diplomacia que habíamos trabajado tan duro para crear. Y podríamos haber hecho que suceda, pero optaron por dejarnos, un poco demasiado temprano», dijo quejándose del ministro en coincidencia con Glenn Parada, que fue más duro porque dijo que Werthein estuvo a los gritos. Los testigos que dieron su versión a Clarín el sábado tenían la misma versión, pero no vieron al canciller gritando sino ofuscado y nervioso por la situación.

En el video en que habla Rourke se le encuentra dando una versión parecida a la que publicó Clarín en base al testimonio de tres testigos. Dijo que en el momento en que llegaba Trump había «muchas personas saliendo a tomar fotos y videos con el presidente Trump y a darle la bienvenida a casa». Y que otro miembro de Mar-a-Lago, Dragos Sprinceana, habría «acompañado al presidente Milei hasta el patio donde el presidente Trump se detuvo y estrechó algunas manos y saludó y habló con un par de personas antes de dirigirse a la residencia oficial».

Ello, aseguró, como si los argentinos le hubieran reprochado alguna demora: según Rourke, «el Presidente Trump llegó dentro del plazo que se nos dio, incluso después de sufrir retrasos.» Agregó: «Eso habla del esfuerzo y el respeto que pusimos en hacer posible el momento».

Rourke dijo que la gala terminó a las 11 de la noche y que los argentinos se fueron alrededor de las 10.45 «o algo así»: «Se lo perdieron», concluyó.

Clarín, por los testigos más directos, publicó que la comitiva argentina se retiró del salón a las 22.30 y que el Servicio Secreto empezó los movimientos por la llegada de Trump a las 22.50.

«El evento terminó a las 11», insistió Rourke. Y agregó que lo ocurrido fue «muy desafortunado. Pero nunca prometimos que el presidente Trump iba a venir. Teníamos la esperanza, nos dijeron que iba a pasar y decir unas palabras. Desafortunadamente, ya sabes, se acercó a las puertas del evento o cerca de las puertas, y el Servicio Secreto lo rechazó sólo porque teníamos tanta gente. Y, por desgracia, se fue un poco temprano, y perdió la oportunidad.»

«El Presidente Milei estuvo increíble -matizó Rourke-. Fue muy apreciado por todos los que estaban en la gala. Por desgracia, se fue un poco temprano, y perdió la oportunidad».

El juez porteño Roberto Andrés Gallardo le ordenó al gobierno porteño que organice el operativo de seguridad de la próxima marcha de jubilados, que tendrá lugar el miércoles con respaldo de columnas sindicales, y le exigió al Ministerio de Seguridad nacional que se abstenga de intervenir en la protesta “más allá de los límites de protección de intereses federales”. Con su decisión, el magistrado aceptó un planteo que habían realizado dirigentes gremiales de la CGT y la UTEP.

Ante la protesta del próximo miércoles, que será la víspera del paro general del jueves y contará con presencia de militantes sindicales, los dirigentes Julio Piumato y Maia Volcovinsky (sindicalistas judiciales que son cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT), junto al líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, habían pedido el dictado de una medida cautelar para “intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” y para que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.

En su pedido contra la ministra Patricia Bullrich, los representantes gremiales subrayaron que las fuerzas federales que conduce la ministra actuaron “de forma ilegal, frente al ejercicio del derecho constitucional de protesta”. Y puntualizaron que en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo y fueron detenidas 114 personas, se produjeron hechos de represión por parte de las fuerzas federales “sin contar con una autorización para ello” y que se produjeron fuera de los límites del Congreso, por lo que excedieron su papel de custodia del lugar.

El juez ordenó a la Ciudad que, “en el contexto de la movilización masiva convocada para el miércoles en las inmediaciones del Congreso, despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”.

En su fallo, Gallardo le indicó al ministerio de Bullrich que “se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”. Indicó que su decisión debe ser informada a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.

Según señaló el juez en su fallo, el riesgo de represión que declaman los sindicalistas que hicieron la presentación no es “un planteo abstracto”. En ese sentido, puntualizó: “El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y, posiblemente, futuros”.

“En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflicto y caos”, subrayó el juez.

Gallardo afirmó que existe una “preocupante actitud avasalladora y excesiva” de las fuerzas de seguridad federales. Y remarcó que “en las concentraciones realizadas con anterioridad, se evidenció que el despliegue de las fuerzas federales en el ámbito de esta ciudad se extendió por arterias que se alejaban notoriamente de las inmediaciones de los edificios donde tienen asiento poderes federales [por el Congreso]”.

“Resulta elemental destacar que la CABA no ha adherido al protocolo establecido por la resolución ministerial 943/2023 [el protocolo antipiquetes]. La adhesión a este tipo de normas por parte de la jurisdicción local no se puede presumir, sino que requiere de un acto formal de adhesión por parte de las autoridades competentes”, destacó el juez.