POLITICA
El Gobierno negocia con figuras clave de la oposición en el Congreso para lograr acuerdos para la Ley Ómnibus
Los principales referentes del PRO y Hacemos Coalición Federal durante el debate de la Ley Ómnibus en Diputados. (Foto: NA/Damián Dopacio).El jefe de bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, en su intervención en una de las sesiones por la Ley Ómnibus (Foto: NA).El ministro del Interior, Guillermo Francos, asistió a la sesión en Diputados por la Ley Ómnibus (Foto: NA).
En el Congreso hay legisladores que aún se preguntan si el fracaso de la Ley Ómnibus no fue, desde el principio, parte de la estrategia discursiva del oficialismo en su lucha diaria por exponer a la “casta”, como lo sugirió el propio Javier Milei en las horas posteriores a la votación fallida en Diputados. Si la hipótesis ya era discutida hace un mes, considerando el tiempo (100 horas solamente debate formal en reuniones de comisión y de sesión) y la energía política que insumió el debate, las más recientes señales del Gobierno parecen terminar de confirmar, al menos para parte de la oposición, que no fue así y que faltó diálogo.
En las últimas horas, el Ejecutivo no solo abrió una negociación con los gobernadores, sino con los principales jefes parlamentarios, que encabezan bloques que no responden linealmente a mandatarios provinciales, y que se fueron de la Casa Rosada con el anticipo de que el Gobierno enviaría la semana que viene al Congreso reformas, a priori en distintos paquetes, con “puntos de mayor consenso”, y que busca evitar repetir el desenlace que tuvo el debate de la Ley de Bases en febrero. En los bloques siguen, sin embargo, las dudas sobre temas clave que ya tuvieron fuerte resistencia hace un mes.
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El jueves, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, recibieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los jefes del bloque PRO, Cristian Ritondo -cuya bancada estaba preparada para votar sin fisuras a favor todo el proyecto de la Ley Ómnibus en el momento de la votación en particular- y de la UCR, Rodrigo De Loredo -que comanda una bancada muy dividida cuando se trata de tomar posturas ante el Ejecutivo libertario.
Horas más tarde, el siguiente pasar por la Casa Rosada para reunirse con el ministro Francos fue Miguel Pichetto, jefe de Hacemos Coalición Federal. El bloque tiene una composición incluso más compleja que la del PRO y la UCR a la hora de unificar posturas: conviven el peronismo cordobés, el PJ disidente de Florencio Randazzo, figuras de JxC que hoy defienden a gobernadores nuevos sin muchos legisladores propios, el jefe del PRO cordobés, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer.
Según indicaron en los tres espacios, para empezar, los funcionarios nacionales mostraron intención de armar una “hoja de ruta” legislativa consensuada y en avanzar en los puntos en los que haya mayor acuerdo. Al mismo tiempo, a acuerdo las mismas fuentes parlamentarias, el Ejecutivo ratificó que el objetivo es avanzar específicamente en temas de la Ley Ómnibus como las privatizaciones, la reforma administrativa, la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el capítulo de hidrocarburos, y la declaración de emergencias, aunque la delegación de facultades podría ser más reducida.
Se incluirá, por otra parte, el debate por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En la Ley de Bases original, el Ejecutivo pretendía eliminar la fórmula de movilidad para avanzar con subas vía decreto hasta que se definiera un nuevo cálculo. Luego el oficialismo retiró el artículo. Pero el día de la votación en particular, antes del naufragio, estaba casi acordado que se aprobaría un cálculo de ajuste para los jubilados atado a la inflación mensual, con una compensación extra del 10% por el empalme entre fórmulas.
Hay, sin embargo, otros antecedentes que recuerdan en los bloques opositores: el capítulo privatizaciones nunca tuvo garantizado los votos. Las bancadas dialoguistas, sobre todo la UCR, rechazaban habilitar al Gobierno a privatizar sin control parlamentario unas cuarenta empresas estatales.
Durante el debate se achicó el número de compañías a privatizar y se negoció la posibilidad de votar paquetes de empresas para que diputados no tuvieran que rechazar todas, por estar en contra de la privatización de una de ellas importante para la provincia que representan. Pero todavía amplios sectores reclamaban que se tratara empresa por empresa, que pasen por el control parlamentario y mayores niveles de transparencia. La votación se cayó justo antes de llegar a este artículo.
Según trasmitieron a sus diputados los jefes de los bloques que pasaron por la Casa Rosada, la negociación del paquete “fiscal” -que incluía un blanqueo y una moratoria- pasaría por el canal de los gobernadores, mientras el Ejecutivo busca avanzar con la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, algo que por ahora rechazan los jefes provinciales. Por un carril paralelo correrían además los proyectos que Milei calificó de “anticasta”, algunos de los cuales ya existen en ambas cámaras parlamentarias presentadas por miembros de lo que solía ser JxC.
“Están sondeando a los dialoguistas, no quieren volver a mandar un proyecto que saben que van a tener que partir en mil pedazos, muestran querer avanzar sobre preacuerdos… están haciendo lo que tienen que hacer y lo que tendrían que haber hecho de entrada con la Ley Ómnibus”, resume un diputado del PRO al tanto de las conversaciones, que trabajó intensamente en febrero con el Gobierno en algunas de las modificaciones que recibió el paquete de reformas.
“Lo de la Ley Ómnibus fue un golpazo político, Milei lo disimuló bien porque tiene legitimidad y la opinión pública atrás, pero están reconociendo que no hay mucho margen, también el FMI está pidiendo solvencia política. La señal es que han aprendido: convocan a ministros provinciales, convocan a gobernadores, convocan a los bloques. Vamos a ver la semana que viene”, señalaba un miembro de la UCR que también solía visitar regularmente el despacho de Menem en los caóticos días en los que la Ley Ómnibus se trabajaba en Diputados.
A los paquetes de leyes que el Gobierno decida enviar en las próximas semanas le sigue esperando la prueba de un Congreso fragmentado, en el que las divisiones dentro de los propios bloques son evidentes, el peso de los gobernadores es importante pero también limitado y ordenar mayorías tarea difícil. El Ejecutivo abrió múltiples canales de diálogo simultáneos.
POLITICA
Luján: Secretario municipal calzó chancletas en la apertura de sesiones
Horas atrás, el intendente de Luján, Leonardo Boto, brindó su sexto discurso inaugural en la apertura del período legislativo ante el Concejo Deliberante. Vestido de traje y corbata, presentó un balance de su gestión en 2024 y anunció nuevos proyectos para este año, con énfasis en seguridad y obra pública. Sin embargo, lo que más llamó la atención del evento no fueron sus palabras, sino que uno de sus funcionarios más cercanos fue en ojotas.
Nicolás Capelli, secretario de Cultura y Turismo de Luján y concejal electo en uso de licencia, asistió a la sesión vestido de manera extremadamente informal y en ojotas. Su actitud generó indignación entre los presentes y abrió un debate sobre la seriedad y el respeto institucional en la función pública. “Para mí que vivió tanto tiempo del estado que ya se cree que está en su casa”, aseguraron desde la oposición. “Debe ser fanático de Diógenes”, especuló un concejal que se encontraba presente. “Falta que se fanatice del jabón y el desodorante para pies”, completó otro.
De la pantalla grande a la política
Capelli se presenta en redes sociales y en su perfil de LinkedIn como realizador de cine y TV, sin preocuparse en mencionar su rol en la arena política. En ambos escenarios, lamentablemente, Capelli sigue esperando su momento de gloria. Su incursión en la función pública nació tras varios fracasos en el mundo del cine, pero su cercanía con el intendente Boto le permitió ocupar un cargo dentro del municipio.
Su primera película, Matar a Videla, filmada en 2005 y estrenada en 2010, cuenta la historia de un joven que, antes de suicidarse, decide asesinar al dictador Jorge Rafael Videla. A pesar de contar con figuras reconocidas como Diego Mesaglio y Emilia Attias, la película fue duramente criticada. El diario Clarín aseguró que «de Videla no se ve otra cosa que imágenes de archivo, y la toma de unas falsas manos que serían las del genocida acariciando un rosario es patética». Además, la calificó como «una simple bajada de línea sin profundidad». Especialistas en la materia aseguraron que, en efecto, no se trató más que de “una aventura de Capelli, un joven que sueña con ser director de cine, pero que suple la falta de talento con subsidios del estado”.
A pesar de su poca repercusión, la película contó con financiamiento estatal a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Capelli, en lugar de buscar inversores privados, recurrió a fondos públicos para su producción, una decisión que generó cuestionamientos sobre su dependencia del estado para desarrollar proyectos personales.
Nexos y beneficios en la política
Casualmente, uno de los productores del filme Matar a Videla, Juan Pablo Redondo, también forma parte del gobierno municipal de Luján como secretario de Producción. Esto refuerza la idea de que, más que una vocación pública, Capelli y sus amigos encontraron en la estructura estatal un respaldo constante a sus emprendimientos.
Otro de los nombres vinculados al proyecto fue el músico Iván Noble, encargado de la banda sonora de la película. Noble, quien ha expresado públicamente su apoyo a gobiernos kirchneristas, también fue objeto de críticas por sus vínculos con el estado. En las elecciones presidenciales de 2023, publicó una foto con un choripán y una copa de vino, acompañada del comentario «Voto cantado», lo que desató cuestionamientos sobre su coherencia ideológica. “Sos populista desde una casa en un country y tomando vinos que salen una jubilación mínima”, le espetaron en aquella oportunidad.
Las ojotas de la controversia
Más allá de sus antecedentes en el cine y la política, lo que generó mayor indignación en el Concejo Deliberante fue la actitud de Capelli al asistir a la sesión de apertura en ojotas. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó el debate sobre el profesionalismo y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
El episodio deja en evidencia no solo un problema de protocolo y respeto institucional, sino también la permanencia de ciertas figuras en el ámbito político sin una trayectoria siquiera rescatable en la gestión pública. Mientras el intendente Boto intentaba proyectar una imagen de seriedad y compromiso en su discurso, la vestimenta de su secretario de Cultura y Turismo terminó opacando el mensaje y desatando una nueva controversia en Luján. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Juicio por la muerte de Maradona. Leopoldo Luque agredió a un periodista y le quitó la cámara
Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona que es juzgado por la muerte del exfutbolista, se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y generó sorpresa su transformación física.
Además, en un cuarto intermedio protagonizó un incidente con un reportero gráfico al que le quitó la cámara con la que lo grababa.
En los pasillos del Tribunal, Luque paseó junto con su abogado y allí se lo pudo observar con toda su fisonomía cambiada, producto de un intenso entrenamiento que comenzó hace algunos meses.
Luque era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural.
En diálogo con LA NACION, el periodista gráfico agredido explicó que el médico le arrebató el teléfono y que, segundos más tardes, se lo devolvió.
Además, explicó que no fue agredido físicamente por el galeno.
“Justicia por papá”
El más chico de los hijos de Diego Armando Maradona se puso ante la lente de la cámara para personificar el pedido de justicia por su padre, el astro del fútbol mundial que falleció el 25 de noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria en una casa de un country de Benavídez, en circunstancias que, para el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, fue responsabilidad del equipo médico que debía cuidarlo y no lo hizo.
Con el hashtag #JusticiaPorDiego, y la icónica imagen del Diez en negro sobre blanco, Diego Fernando, de 12 años, dijo solo tres palabras: “justicia por papá”.
Su madre, Verónica Ojeda, se encontraba en la sala de juicio por jurados de los tribunales de San Isidro, donde ayer por la mañana comenzó el juicio donde se buscará dilucidar las eventuales responsabilidades penales de siete de los ocho imputados de la causa en la muerte de Diego. Vistió la misma remera que su hijo.
En el momento de su entrada se cruzó con una de las principales acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, y le gritó “perra mal parida”.
Luego se sentó en el sector dedicado a los jurados populares; a su lado estaban Jana, Dalma y Gianinna Maradona, tres de los cinco hijos del astro.
Desde allí escucharon cómo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro que llevarán adelante la acusación por parte del Estado, calificó como un “teatro del horror” la internación domiciliaria de Maradona en una casa del barrio cerrado San Andrés, de Tigre, alquilada a tal efecto, que estuvo a cargo de un equipo médico que caracterizó como “un grupo de improvisados” encabezado por el neurocirujano que lo había operado los primeros días de noviembre de 2020, Leopoldo Luque, y completado por Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y dos enfermeros. A ellos, en la imputación, se agregan un coordinador de enfermeros y otros dos médicos que revistaban en una empresa de medicina prepaga y otra de internaciones domiciliarias que tuvieron intervención en el caso.
POLITICA
Denunciaron a Milei frente a la Oficina Anticorrupción por la promoción de una beca de una universidad privada
Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el presidente Javier Milei por la promoción de la “Beca Presidencia de la Nación”, otorgada por la Universidad ESEADE. La acusación señala una posible violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y al Código de Ética Pública por el uso de la imagen presidencial en la difusión de una iniciativa de una institución privada, fundada por el economista liberal Alberto Benegas Lynch (h), mentor del mandatario.
El caso tomó notoriedad cuando Milei compartió en sus redes sociales un flyer con su imagen y la banda presidencial para promocionar la beca, mientras que afiches con el mismo diseño aparecieron en la vía pública. En el anuncio se afirmaba: “Beca Presidencia de la Nación. Aplicá y obtené hasta un 100% de Beca en todas nuestras carreras. Beca financiada exclusivamente por ESEADE sin aportes del Estado”. La universidad también difundió un comunicado en el que destacaba la relación de Milei con la institución y el alineamiento de su gobierno con las ideas liberales.
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro firmaron la denuncia y exigieron que se investigue la posible existencia de un conflicto de intereses. En el documento presentado, señalaron que la promoción de la beca “expone una vinculación especial entre el Presidente y la institución educativa” que podría implicar “uso indebido de recursos públicos”. La polémica surgió casi en simultáneo con el escándalo por la promoción del token cripto $LIBRA, lo que intensificó las críticas al Gobierno.
Desde ESEADE afirmaron que el programa de becas era financiado íntegramente por la universidad y que el Consejo Académico sería el encargado de definir su otorgamiento. Sin embargo, en su página web se mencionaba que la validación final de las becas estaría a cargo de la Presidencia de la Nación. Consultada sobre estos aspectos, la institución no detalló cuál fue el apoyo concreto de Milei ni qué papel desempeñaba el Gobierno en la iniciativa.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, aclaró que no tuvo injerencia en la beca y que se trataba de “un arreglo entre privados”. No obstante, al tratarse de una iniciativa educativa, la supervisión estatal debería recaer en dicha cartera, lo que generó interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Tras la denuncia, ESEADE emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que “el uso de la imagen del Presidente por parte de nuestra institución no ha sido expresamente autorizado” y que la decisión de incluirlo en la promoción de la beca fue “un homenaje a la figura presidencial”. Sin embargo, la referencia a Milei y a la validación gubernamental fue eliminada posteriormente de su página web, lo que alimentó las sospechas sobre la legitimidad del programa y el posible uso indebido de la investidura presidencial.
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