El Gobierno busca avanzar en la conformación de la bicameral de Defensoría del Pueblo para concretar un plan de desmantelamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, un organismo que fue creado por ley en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y que se estima tiene una planta de 300 empleados con sueldos máximos de $ 5 millones.

Si bien hay hermetismo entre los distintos bloques del Congreso, una fuente legislativa reveló que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya recibió una carpeta con un informe sobre lo realizado por el comité y uno de los puntos que destacaron era que la mayoría de los empleados obtuvo el puesto a partir de su militancia en el kirchnerismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel pudo confirmar a 4 de los 7 representantes del Senado que integran la comisión de Defensoría del Pueblo. Están propuestos el radical Daniel Kroneberger, la macrista María Victoria Huala, la rionegrina Mónica Silva y la libertaria Vilma Bedia. Pero faltan designar los 3 que corresponden al bloque de Unión por la Patria.

En tanto, Martín Menem, presidente de Diputados, aún no presentó los nombres de los 7 integrantes que corresponden a esa cámara. Está bicameral es clave porque bajo su órbita no sólo está el Comité contra la Tortura (CNPT), también figuran la Auditoría General de la Nación (AGN), la Defensoría del Pueblo y la Procuración Penitenciaria.

Puntualmente, en el caso del CNPT se dieron algunos movimientos al menos dudosos porque comenzó a funcionar recién en 2017 y sus miembros fueron designados con acuerdo del Congreso siendo elegido presidente el ex diputado nacional Jorge D’Agostino (UCR), quien en 2019 presentó su renuncia y fue sucedido en el cargo por Juan Manuel Irrazabal, ex senador peronista por la provincia de Misiones y actual titular del organismo.

Hasta ahí era todo bajo lo dispuesto por la ley que instauró el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y que entre sus artículos creaba el comité. La situación irregular comenzó a partir de 2021 cuando vencieron los mandatos de Irrazábal, Rocío Alconada Alfonsín, María Josefina Ignacio y Gustavo Federico Palmieri, quienes estaban desde el comienzo del organismo.

Un año después, como la bicameral de Defensoría del Pueblo no se conformaba, los miembros del comité emitieron una resolución interna extendiendo sus mandatos hasta que sean designados los nuevos integrantes, algo que nunca ocurrió porque no se conformó la comisión parlamentaria, que debería, además de renovar los mandatos también revisar los informes presentados por ese ente.

En lo que va de su existencia, el Comité creado con la misión de garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura presentó un informe en mayo de 2021 y otro en noviembre del año pasado. De acuerdo a lo revelado por fuentes legislativas, los 4 representantes designados por el Congreso cobran sueldos de unos $ 5 millones, incluyendo un adicional por desarraigo. Además tienen asignados «módulos» para nombrar asesores sin que tengan que rendir cuenta a nadie.

La situación del Comité contra la Tortura no es el único caso que genera tensión dentro del Gobierno. Uno de los temas más preocupantes es la falta de designación del defensor, puesto que está  vacante desde 2009, luego de que Eduardo Mondino renunciara para postularse como candidato a senador nacional.

A Mondino lo sucedieron los adjuntos que lo secundaban, Anselmo Sella y Carlos Haquim, que a su vez dejaron sus cargos en 2013 y 2015, respectivamente. Actualmente, la Defensoría está a cargo del subsecretario de la entidad, Juan José Böckel, y desde el Congreso descartan que puedan designar a un nuevo defensor dado que se necesitan los dos tercios de una de las cámaras.

El último intento tuvo como candidato al peronista Humberto Roggero, que llegó a tener despacho de la comisión pero nunca se consiguieron las mayoría necesarias para tratarlo en el recinto.

De la bicameral parlamentaria también depende la Procuración Penitenciaria, que está en una situación de interinato desde el fallecimiento de Francisco Mugnolo, en 2023. En su lugar fue designado en forma interina el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare. Este organismo presentó dos informes desde 2017: uno fue en 2020 y el último el año pasado.