Este lunes, el Gobierno presentó una solicitud de medida cautelar ante la Justicia para que se embarguen los bienes de los manifestantes que provocaron disturbios en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas que se llevaron a cabo de manera simultánea al debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

La decisión del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, reclama que las personas que se enfrentaron a la Policía y a la Gendarmería, no solo se hagan cargo de los costos del operativo, sino también de la posterior atención médica de los uniformados lastimados.

A lo largo de los tres días que duró la discusión en el recinto, distintas organizaciones sociales y de izquierda se movilizaron en contra del megaproyecto. En este contexto, algunos manifestantes rompieron veredas, incendiaron contenedores de basura y agredieron al personal de seguridad.

A través de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, la cartera de Bullrich solicitó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicte una medida cautelar contra los responsables de los disturbios. 

“De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados”, apunta el pedido que recibió la Justicia.

Según el escrito, la suma total de los gastos del Estado por los sucesivos operativos, asciende a $134.486.038,08, incluyendo el pago a los efectivos, el combustible de los vehículos y los elementos utilizados por cada una de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio detalla que el despliegue de la Gendarmería demandó $55.489.310,44, la Prefectura Naval Argentina otros $45.981.438,12, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) un total de $555.289,52, y la Policía Federal Argentina unos $32.460.000. 

“Agregaré a la brevedad, un informe pormenorizado efectuado por cada una de las Fuerzas Federales respectivas. Aclaro a V. Fiscalía que deberá adunarse a los gastos operativos aportados, los costos del tratamiento médico de los integrantes de las Fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes, los que se encuentran en curso de delimitación y se aportarán en cuanto se tengan debidamente establecidos”, aclara el Ministerio.

En el marco de la solicitud, se argumenta que los cuatro organismos de seguridad “debieron intervenir” entre el 31 de enero y el 2 de febrero, “ante los disturbios y la violencia desplegada por un gran número de personas, a fin de preservar el correcto funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina, proteger a los señores diputados y funcionarios pertinentes”.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se realizó una denuncia penal para que se investiguen los destrozos registrados en las inmediaciones al Congreso de la Nación el último viernes, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se individualice a los responsables.

Al respecto, el mandatario porteño, Jorge Macri, remarcó: “Ya nadie puede hacer lo que quiera en el espacio público en general, y esto va en varios frentes, no solo tiene que ver con esta marcha, esta manifestación. Lo concreto es que nadie está por encima de la ley”.