POLITICA
El hospital es mío»: el día que Aldo Rico quiso arancelar la salud en San Miguel, fracturaron a un concejal con su banca y hubo derecho de admisión contra «zurdos
Reconvertido en demócrata y respaldado por los votos, para mediados de 1999, Aldo Rico había dejado los tiempos de carapintada y llevaba dos años como intendente de San Miguel. Mantenía el tono marcial en especial en su disputa con los médicos del hospital municipal Larcade, a los que acusaba de mafiosos. Una madrugada copó de prepo el edificio, flanqueado por un centenar de personas que aplicaron un «derecho de admisión contra zurdos«. Mandó al Concejo Deliberante una reforma sanitaria -que la oposición tildó de privatizadora-, y la sesión terminó en una batahola con un concejal fracturado con su propia banca, que hoy vuelve a hablar con Clarín.
La llegada al poder de Rico fue en un año de elecciones legislativas. San Miguel había nacido como municipio en 1994, a partir de la división del Partido de General Sarmiento. El primer intendente, José De luca, fue elegido en 1995 y al año ya había sido destituido por una causa por «administración fraudulenta calificada en concurso ideal con falsificación de documento privado». Entonces, en las elecciones de 1997 San Miguel eligió a un nuevo intendente: Aldo Rico.
Con dos años de gestión, el martes 15 de junio de 1999, Rico desembarcó a las cinco de la mañana. Hace 25 años y como Jefe comunal, el exmilitar caminó por los pasillos del hospital que contaba con 570 empleados distribuidos en distintos turnos. Se sentó en una oficina y se «acuarteló» para «poner orden», según reveló. Un grupo de hombres corpulentos a los que los médicos bautizaron como «patota» ocuparon las instalaciones, cerraron con llave varios consultorios y salas y el intendente se dispuso a controlar los horarios de los profesionales de la salud.
El trasfondo era un reclamo salarial de los médicos que en ese momento cobraran entre 450 y 1.200 pesos (o dólares porque regía la convertibilidad), mientras que los enfermeros arañaban los $350. Rico aseguraba que no cumplían los horarios establecidos. Remarcaba que los médicos derivaban a los pacientes con obra social a sanatorios privados y que por esa gestión cobraban dinero. «Es una mafia médica y ahora se les va a terminar el negocio», afirmaba en tono vehemente. A la acusación, los médicos respondían que solo el 8% de los pacientes tenía cobertura social y que la mayoría no tenía ni el peso que cobraban para la cooperadora.
Apegado a las estrategias bélicas, Rico sostuvo que se anticipó a los médicos porque entendía que en la escala de protestas iban a tomar el hospital. «Yo simplemente me adelanté a ellos. Y pienso quedarme acá todo el tiempo que sea necesario», dijo ese día Rico a Clarín mientras tomaba un mate.
En una tumultuosa rueda de prensa, ante la consulta de por qué se encerraba en el Larcade, el intendente que se había alzado contra la democracia en 1987, lanzó: «Porque es mío el hospital«. Su vehemencia fue material de un sketch del programa de Marcelo Tinelli, entonces uno de los más vistos de la televisión, con Miguel Ángel Rodríguez personificando al excarapintada.
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Como intendente de San Miguel, en junio de 1999 el exmilitar tomó el hospital Larcade por un conflicto con los médicos.
Los médicos respondieron que sólo tenían planificada otra de las marchas a la Municipalidad, para exigirle a Rico que desista de su ordenanza para reformar el sistema de salud. Consideraban que iría a un arancelamiento y el intento de cobro a personas de otros distritos. Rubén Viso era jefe de Consultorios Externos, llevaba 30 años en el Larcade y ese día se quejó de la patota ante Clarín. «Me preguntaron a qué venía. Cuando les dije quién era, se consultaron entre ellos y me dejaron entrar», contó.
Solo frente a la oficina en la que estaba Rico, Carlos Galván, cronista este diario, contabilizó 10 hombres corpulentos. Los médicos aseguraban que algunos hasta estaban armados. Casi once horas después de «la toma», una treintena de hombres se pusieron como dique en la entrada del hospital. Varios de ellos eran excarapintadas como Amado López, o Carlos Illánes.
«Tenemos orden de no pegar», señalaron los hombres en tono canchero. Cuando este diario consultó quiénes no podían entrar, Daniel Torres, coordinador local del Plan Barrios Bonaerenses evitó los eufemismos y pronunció un concepto que ahora volvió a la punta de la lengua de la política: «Los zurdos».
Un concejal fracturado con su banca y la polémica ordenanza aprobada
Dos días después del atrincheramiento en el Larcade, el Concejo Deliberante de San Miguel debía tratar el proyecto de ordenanza de emergencia sanitaria, algo que los médicos y la oposición aseguraban que buscaban arancelar la Salud.
Poco después de las 11 de la mañana del 17 de junio, siete concejales de Aldo Rico y cinco de la Alianza debían tratar el proyecto. El ambiente venía caldeado por la «toma» del hospital. Además de los concejales, en el edificio había otros 200 seguidores del jefe comunal. La Policía Bonaerense se quedó afuera del recinto y afirmó que sólo podía entrar si lo requería el presidente del Concejo Deliberante, que respondía a Rico.
Otra vez hombres grandotes custodiaban la puerta y le negaban la entrada a Gustavo Eugeni, presidente de la Asociación de Profesionales del Larcade. «Este es un lugar público y no nos dejan pasar», gritaba Eugeni. Logró escabullirse e increpó a una concejal peronista a la que le recordó que su padre era médico. Eugeni estaba junto a la diputada provincial del Frepaso por la Alianza, Graciela Podestá.
En ese momento, otro hombre del público decidió que debía responder al comentario de Eugeni, se le acercó y le tiró un cabezazo. Eso desencadenó el peor final: un tumulto de gritos, empujones, patadas, piñas y acusaciones cruzadas.
Hoy, 25 años después, el presidente de la bancada radical, Julio César Franchino, recuerda el episodio ante Clarín. «Mientras esgrimíamos el argumento de que la salud era un derecho que no se podía arancelar, se armó. Me rodearon, me empezaron a empujar y nos dieron una paliza bárbara», comenta Franchino.
«Me golpean de atrás, me caigo abajo de mi banca y me traban con la butaca. No tenía flexión y me fracturan la rodilla con la banca«, detalla. La foto de Franchino herido llegó a la tapa de los diarios, portadas que compartió con el expresidente Raúl Alfonsín, que el mismo día sufrió un grave accidente de tránsito mientras hacia una recorrida de campaña por Neuquén.
Dentro del recinto, el presidente de la bancada del Partido Justicialista, Raúl Martínez terminó cara a cara con el concejal aliancista Rubén Aranda y de golpe se agarró el ojo al grito de: «No me pegue». Ningún testigo vio que le hubieran pegado, pero sumó al alboroto que terminó en cuarto intermedio.
Tras el escándalo, Franchino fue llevado al médico y los concejales de la Alianza se retiraron. Más tarde, sin la oposición presente y ahora sí con ocho efectivos de la Policía bonaerense en el recinto, el presidente del Concejo, Claudio Pérez encendió un cigarrillo y llamó a la calma. «Les pido tranquilidad», dijo al micrófono.
«Horas después, finalmente aprueban la ordenanza solo con ellos presentes pero nunca la ponen en práctica. La sancionaron pero nunca la promulgaron», recuerda Franchino, que meses después enfrentó a Rico en las urnas. El exmilitar fue reelegido por primera y única vez en San Miguel.
El escándalo llamó la atención del país y hasta hubo imitaciones en Videomatch de Marcelo Tinelli. Aldo Rico llamó a una conferencia de prensa y en tono castrense, afirmó: «Ellos vinieron a buscar pelea, la tuvieron y perdieron en todas las líneas. Vinieron por lana y se fueron trasquilados«. Consultado sobre el concejal herido por la golpiza, el intendente contestó tajante: «Se cayó».
En ese 1999, Rico fue reelegido como intendente. Se quedó pocos días en el distrito porque fue convocado por el ex gobernador Carlos Ruckauf y juró como ministro de Seguridad de la Provincia pero duró pocos meses en el cargo. Había afirmado públicamente que el ex represor Carlos «El Indio» Castillo formaba parte de la custodia del presidente Fernando de la Rúa, algo que no era cierto y Ruckauf lo echó.
También en 1999, Franchino enfrentó a Rico en las urnas. Tras la derrota, y casi en espejo al exmilitar, fue convocado a un ministerio. Con Melchor Posse como secretario de Seguridad Social durante la presidencia de Fernando De la Rúa, el ex concejal asumió en el gobierno de la Alianza.
En 2003, Aldo Rico se presentó como candidato a gobernador de Buenos Aires con su Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin) dentro del Frente Popular Bonaerense y logró el 11,56% de apoyo. Felipe Solá resultó gobernador.
De vuelta en San Miguel, los destinos del exmilitar y el concejal radical se volvieron a cruzar. En 2009, Aldo Rico ganó la elección a concejales con el 31,61% -un año antes se había convertido en presidente del PJ de San Miguel-. Se posicionó fuerte para las elecciones a intendente de 2011, donde el principal rival era el jefe comunal Joaquín De la Torre (en ese momento del Frente Para la Victoria).
Rico se presentó como candidato a intendente de la mano de Eduardo Duhalde, mientras que Franchino por Unión para el Desarrollo Social, que llevó de candidato presidencial era Ricardo Alfonsín y a gobernador Francisco De Narváez.
En agosto, Franchino venció en la interna al dirigente Santiago Cúneo, pero quedó lejos en la elección general. Rico, que consultado por este diario prefirió no hacer declaraciones, quedó segundo con el 28,46%, y Joaquín De la Torre resultó reelegido intendente con el 53,43%.
En ese 2011, fuera de lo electoral Aldo Rico -hoy de 81 años- fue víctima de la inseguridad. Sufrió heridas de bala cuando resistió el robo de su camioneta que conducía su esposa en el barrio La Reja, de Moreno. Producto de las lesiones, fue internado en observación en el Larcade, el hospital que había dicho que era suyo 12 años antes. Poco tiempo después fue dado de alta sin tener que pagar ningún bono.
POLITICA
La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.
Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.
La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025
En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.
El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.
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