El futuro del mega DNU de Javier Milei sigue siendo incierto, no solo en la Justicia, sino en lo que refiere a su tratamiento en el Congreso. El Gobierno cumplió con los plazos legales que le correspondía cumplir al Poder Ejecutivo: como establece la Constitución, dentro de los diez días desde su dictado, envió el decreto al Senado.

Desde este mismo viernes, corre otro plazo: en 10 días, la Bicameral de Trámite Legislativo debería tratarlo, analizar si es válido y despachar un dictamen para que se trate en el recinto de ambas cámaras. Sin embargo: la comisión no está conformada, en un sector de la oposición denuncian maniobras dilatorias, surgen luchas interpretativas y son cada vez más los diputados que creen que el desafío para el DNU no está en el Congreso, sino en la Justicia.

La pelea por la Bicameral

Como se informó, la Bicameral está integrada por ocho senadores y ocho diputados. La Cámara Alta, que dirige Victoria Villarruel, ya definió y comunicó a los integrantes la semana pasada. La Cámara Baja, que preside Martín Menem, todavía no lo hizo. El oficialismo afirma que Unión por la Patria no envío los nombres de los tres miembros que le corresponde.

En el kirchnerismo asegura que enviarán cuatro nombres y que LLA y el resto de la oposición intentar robarle lugares que le corresponden por criterio de proporcionalidad al ser la primera minoría de la Cámara con 101 diputados. A última hora de este viernes, todo indicaba que la comisión recién podría quedar conformada la semana que viene.

“No hay negociación. Todo es imposición de LLA. Nuestro bloque va a mandar los cuatro nombres que nos corresponden. Si nos dan 3, es otra discrecionalidad de Menem para llevarse 2 para LLA, con la anuencia de los otros bloques. De todas maneras, lo que manda es el recinto. El que tiene 129 gana”, avisaban en la bancada que comanda Germán Martínez.

Los plazos y las posibilidades de llegar al recinto

Los alcances y el trámite los DNU está regulado por el artículo 99 de la Constitución y Ley 26.122. Se constituya o no se constituya la Bicameral, el plazo de diez días para que la comisión se expida, indican en el Congreso, finaliza el próximo 18 de enero. Vale recordar, hay cientos de decretos de gobiernos anteriores que jamás fueron siquiera discutidos.

“Vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, señala ley 26.122. Es decir, el Senado y la Cámara de Diputados estarían habilitados a sesionar y tratar el DNU en el recinto, para aprobarlo o para rechazarlo.

Porque eso lo único que puede hacer el Congreso con un DNU, aprobarlo o rechazarlo, no puede modificarlo ni segmentarlo. Pero entonces arrancan las discusiones interpretativas. Sin pasar por la comisión, ¿con qué mayoría podría ser votado el DNU en cada cámara?

Si un proyecto llega al recinto sin pasar por comisiones y se trata “sobre tablas” se requiere de una mayoría de dos tercios de los presentes, y lo mismo sucedería aquí, interpretan algunos legisladores.

“Si la ley marca un procedimiento de control que expresa claramente que tiene que ser ‘inmediato”, si plantea el escenario de que haya que expedirse sin pasar por la comisión bicameral, sería ilógico interpretar que se requiere una mayoría de dos tercios, porque iría en contra justamente de ese espíritu de control inmediato”, señala un diputado opositor de experiencia, del sector de la Cámara que, sin defender ciegamente al oficialismo, está dispuesto a acompañar buena parte de lo que el DNU y el paquete de reformas establece.

En cualquier caso, el tratamiento veloz o no del DNU dependería de “voluntad política”. El oficialismo y la mayor parte de la oposición “colaborativa” (PRO, UCR, espacios federales) no trasmitieron hasta ahora precisamente desesperación por discutir el decreto en la Bicameral ni forzar su tratamiento en el recinto. Tampoco es imposible, si cambiara el clima político más adelante.

¿Caminos alternativos?

Una de las incógnitas, incluso antes de que el decreto fuera enviado al Congreso, era si podría tratarse en el recinto durante el periodo de sesiones extraordinarias, donde el temario lo define el Poder Ejecutivo. La Bicameral, al ser permanente, puede funcionar en cualquier momento del año.

Javier Milei no incluyó el DNU cuando elaboró el temario para extraordinarias, pero hubo una sorpresa en la Ley Ómnibus que luego presentó en Diputados. El artículo 654 establece: “Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23″. La incorporación de ese punto generó distintas reacciones entre las bancadas, incluso diferencias de interpretación entre legisladores del mismo bloque.

En general, diputados opositores y oficialistas coincidieron en de esa forma quedaba incluido el decreto en el temario de extraordinarias y por lo tanto podría discutirse en el recinto. Otros señalaban que, al tratarse de “urgencia” siempre fue legalmente válido tratarlo en el Congreso, incluso si el Ejecutivo no cumplía con el plazo para enviarlo.

Si UxP rechaza de plano el DNU, parte de la oposición “colaborativa” como la UCR y el bloque Hacemos Coalición Federal (exmiembros del PRO y JxC alineados con gobernadores, peronismo disidente, socialismo y Coalición Cívica) reclamaba que el Gobierno enviara una “ley espejo” para poder discutir artículo por artículo del decreto, sin necesidad de rechazarlo o aprobarlo en su totalidad.

En esos bloques interpretan que con la inclusión del artículo que plantea la ratificación del DNU se habilita la posibilidad de aprobar o rechazar cada uno de sus artículos. “La expresión de la voluntad de las cámaras es irremplazable; si el Senado y Diputados se expresan a través de sus plenos, eso es lo que vale, se puede discutir sus partes y no hace falta que pase por la Bicameral”, señala uno de ellos. Y, sin embargo, legisladores de su misma bancada dudaban de esa hipótesis.

En otras palabras, el DNU está en manos del Congreso, sí, pero el escenario está completamente abierto. Mientras tanto, desde el viernes pasado, el decreto está vigente. Solo pierde vigencia si las dos cámaras lo rechazan. Es decir, con cualquier otro escenario, por ejemplo que solo una cámara lo rechace, sigue en rigor.

Esto es, claro, si la Justicia no lo invalida o suspende parcial o totalmente -como comenzó a hacer- alguno de sus artículos. Y allí es, sobre todo y considerando la complejidad del trámite legislativo, donde el Ejecutivo y parte de la oposición pone la atención en estos días.