POLITICA
El PP se alinea con la industria fósil y busca trabar la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía
España saldrá de la Carta de EnergÃa (TCE), un tratado internacional que defiende y protege los intereses de la industria fósil y, por ende, limita la transición energética y los compromisos ambientales, dos prioridades en la hoja de ruta nacional y Europa.
Lo que falta decidir es el cómo y el cuándo. España fue uno de los primeros paÃses en sacudir el tablero, rechazar el proyecto de modernización de Bruselas y anunciar su salida unilateral.
El portazo del gobierno español (2022) generó un efecto dominó. Francia, Alemania, PaÃses Bajos, entre otros paÃses, tomaron el mismo camino, lo que generó que la Comisión Europea abandonara su idea de aggiornar el tratado al plan comunitario de descarbonización.
La Carta de EnergÃa se rompe tras 25 años: Bruselas ya tiene redactada la salida conjunta del bloque
En junio del año pasado, la Comisión Europea asumÃa la «inevitable» retirada coordinada del Tratado de la Carta de la EnergÃa ante «la falta de una mayorÃa cualificada» entre los Veintisiete para aprobar el texto modernizado.
En un documento interno, la CE advertÃa que «la protección otorgada por el TCE no modernizado a las inversiones en combustibles fósiles, incluidas las nuevas inversiones, por un perÃodo de tiempo, no está en consonancia con el Acuerdo de ParÃs, por lo que socavarÃa claramente los esfuerzos de la UE para descarbonizar su combinación energética y lograr la neutralidad climática para 2050».
Sin embargo, pese a la decisión de una retirada en bloque, la entidad que dirige Ursula Von der Leyen nunca presentó una propuesta formal al Consejo para su debate y posterior votación, por lo que la salida conjunta sigue siendo un proyecto abstracto.
Ante esa demora, en diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez resolvió -vÃa Consejo de Ministros- autorizar la denuncia del Tratado de la Carta de la EnergÃa y disponer su remisión a las Cortes Generales por el procedimiento de urgencia.
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El Ejecutivo insiste en que el objeto del tratado no se corresponde con la realidad ni con el paradigma energético/climático actual. Y que ante la demora de una salida en bloque, el único camino posible es la retirada individual como ya lo han hecho Polonia, Francia, Alemania, PaÃses Bajos, Eslovenia y Luxemburgo.
Al cabo, la permanencia de España en este convenio resultarÃa poco coherente con las polÃticas energéticas y ambientales aplicadas por el Ejecutivo, bajo el objetivo macro de lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050.
Para Moncloa, el tratado es «un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático» debido a que blinda las inversiones extranjeras en el sector energético -sobre todo aquellas relacionadas el petróleo, el gas y el carbón-, ya que habilita a las empresas a demandar a los paÃses ante un sistema de tribunales privados (eludiendo los tribunales públicos de la justicia nacional) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.
La protección que ofrece ese tratado se ha utilizado en los últimos años para litigar contra los Estados de la UE que más han intentado avanzar en polÃticas climáticas. Algunos ejemplos: la prohibición de extracción de combustibles fósiles, la denegación de nuevos permisos de prospección de gas o el cierre de centrales de energÃas contaminantes han sido objeto de demandas millonarias, en su mayorÃa en trámite.
El portal Investigative Europe estima que la infraestructura fósil protegida por el tratado en la UE, Reino Unido y Suiza alcanza un valor de 344.600 millones de euros, de los que tres cuartas partes corresponden a yacimientos de gas y petróleo (126.000 millones) y oleoductos (148.000 millones).
En el caso de España, este Tratado es la base jurÃdica sobre la que se han interpuesto 51 arbitrajes en los que se reclaman más de 10 mil millones de euros, en su mayorÃa, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada.
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Además, según entienden los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el de EconomÃa, Comercio y Empresa -las dos carteras que han firmado la denuncia-, resulta «conveniente agilizar los trámites» para que la salida pueda «surtir efectos cuanto antes». Entrará en vigencia un año después de publicarse el decreto en el BOE.
En principio, la salida unilateral no librarÃa a España de futuros litigios. El TCE contiene la llamada cláusula de supervivencia (Art. 47) que permite que los paÃses puedan seguir siendo demandados durante esa lapso de 20 años desde la fecha de salida.
A esa cláusula se ha aferrado el PP para presentar una enmienda a la totalidad presentada a la denuncia del Gobierno al Tratado y retrasar asà su salida.
Los populares son partidarios de que se negocie una retirada coordinada con el resto de los Estados de la Unión Europea en aras de garantizar una «mayor seguridad jurÃdica».
«La tramitación por el procedimiento de urgencia, no está suficientemente sustanciada al justificarla el Gobierno de España», cuestiona Génova.
Para el PP, abandonar el acuerdo «no es urgente» (será preciso esperar veinte años para que sea efectiva) y no pone en riesgo la transición ecológica (se argumenta que ya está blindada por ley de Cambio Climático).
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En la enmienda, esta formación advierte que una salida por «cuenta propia y sin el paraguas de la Unión Europea generará más inseguridad jurÃdica en un sector en el que la clave para atraer capital es ofrecer certidumbre a largo plazo».
%u274C El #Pleno rechaza la petición del @GPPopular de aplazar la autorización de la denuncia del Tratado de la Carta de la EnergÃa. pic.twitter.com/jFYNWmRKiI— Congreso (@Congreso_Es) February 29, 2024
Este jueves, el portavoz de EnergÃa del PP, Juan Diego Requena Ruiz, ha defendido esta postura en la tribuna del Hemiciclo sosteniendo que «protege la propiedad privada, el libre mercado y las inversiones» y citando los argumentos de la enmienda.
Tras el debate, el Pleno ha rechazado la petición del PP de aplazar la autorización de la denuncia del TCE. Ahora, la denuncia se tratará en la Comisión de Exteriores. Luego, se someterá a la votación del Congreso.
Para LucÃa Bárcena, investigadora del Transnational Institute sobre polÃticas de comercio e inversión de la UE, especialista en este tema, la retirada de España sà es urgente debido a que tiene «implicaciones prácticas».
Explica que la cláusula de extinción de 20 años solo se aplica a inversiones realizadas antes de que la retirada entre en vigor, por lo que «cuanto más tarde España en retirarse, más tiempo podrán los inversores explotar la protección del tratado y realizar nuevas inversiones fósiles».
Además, agrega, mientras España sea miembro del Tratado de la Carta de la EnergÃa, «fondos de litigios pueden obtener el derecho a presentar reclamos de arbitraje. Cada reclamo costará dinero a los contribuyentes españoles miles de millones de euros».
La investigadora detalla que con 51 demandas de arbitraje de inversión, «España se ha convertido en el foco de la industria jurÃdica» y que el 90% de esas inversiones son fondos transnacionales y no empresas renovables nacionales, pymes o cooperativas.
El 92% de los casos contra España son Intra europeos, la mayorÃa de PaÃses Bajos, Francia y Alemania, paÃses que también anunciaron la salida del tratado.
«Hasta que se llegue a una solución coordinada, se puede trabajar en un acuerdo con las partes interesadas. Por eso, es más seguro salirse ahora y buscar una solución legal entre los paÃses que se han retirado, que seguir en el tratado y exponerse a más demandas de arbitraje bajo el tratado», subraya Bárcena.
Para el coordinador de Alianza Verde y diputado durante la última legislatura, Juantxo López de Uralde, uno de los polÃticos que más ha denunciado los efectos nocivos de este tratado, es «una muy buena noticia que la Carta de la EnergÃa queda fuera de juego».
«Viene siendo un lastre para las polÃticas de transición ecológica debido a que desde hace años es utilizado por las empresas para defender el derecho de seguir explotando los combustibles fósiles y energÃas tan sucias como la nuclear», celebra en diálogo con LPO.
«Desde Unidas Podemos hemos trabajado intensamente para que España abandonara este tratado, que se ha quedado obsoleto. Y es una muy buena noticia que España se haya puesto a la cabeza de Europa en defensa de la transición energética y de las polÃticas verdes. No podemos seguir mirando al pasado», sentencia.
POLITICA
Los secretos de la arremetida contra Victoria Villarruel y la resignación de la Casa Rosada frente a la sesión
-Creo que Milei está de viaje…
-¿En dónde?
-Está en Tucumán…
-No, no… Está en Córdoba.
-Ok, sigamos…
Eran las 15 y el Senado estaba en el cuarto intermedio de la sesión especial que tenía que definir si el entrerriano Edgardo Kueider era expulsado del cuerpo. En la conversación participaban Victoria Villarruel y un puñado de senadores. Nadie mencionó que el viaje del Presidente era, en rigor, al exterior del país (a Italia). Nadie aludió a la irregularidad que pesaba sobre la sesión presidida por la vicepresidenta, que a esa hora tenía que estar a cargo del Poder Ejecutivo.
Más de tres horas después, con Kueider ya expulsado de su banca, la Casa Rosada dejó trascender que la sesión era plausible de ser impugnada porque Villarruel no tendría que haber estado al frente del Senado con Milei fuera del territorio nacional. La tropa de tuiteros libertarios salió al unísono a instalar el tema en X (exTwitter). Y un senador de La Libertad Avanza, el riojano Carlos Pagotto (que obedece a los Menem), deslizó que se podía solicitar la nulidad. “Tendría que haberse hecho un acta de traspaso de mando. Ni bien se firma el acta, ella cumple otras funciones. Ahora tendrán que dilucidar quién tiene la responsabilidad”, soltó Pagotto en LN+ el jueves a la noche.
Al día siguiente, el propio Javier Milei cuestionó la sesión: fue “inválida”, dijo, en una entrevista con El Observador desde Roma. Y amplió: “Se podría hacer [la sesión] nuevamente, porque dados los números está claro que todos queremos a Kueider afuera”.
Según confirmaron fuentes del Gobierno a LA NACION, sin embargo, La Libertad Avanza no va a pedir la nulidad de la sesión en la que se resolvió desplazar a Kueider. Sería como tirarse un tiro en el pie: el único responsable de la irregularidad fue el propio oficialismo. Los libertarios no pueden hacer un planteo porque estarían admitiendo una acefalía.
El escribano general de la Nación, Martín Rodríguez Giesso, firmó el acta de la salida de Milei del país pasado el mediodía, pero se apersonó en el Senado para que Villarruel firmara el acta haciéndose cargo del Poder Ejecutivo cerca de las 19. Es decir, después de la votación. Fuentes oficiales aseguraron que ese “gap” es “habitual”, porque la rúbrica del acta es una mera formalidad. Para el Presidente, sin embargo, la secuencia invalidó la sesión en la Cámara alta.
Qué pasó
“Esto fue Veep, no House of Cards”, ilustró un importante colaborador en Balcarce 50. Se refería a la sátira política que protagonizó la actriz Julia Louis-Dreyfus, en contraste con la oscuridad del poder de la saga de Frank Underwood. El ejemplo buscó ratificar que no se trató de una situación orquestada ni una jugada maestra sino de una “desprolijidad” y que nadie en la Casa Rosada se dio cuenta de la supuesta acefalía durante la sesión. “Yo caí después”, aseguró un ladero de Milei.
Lo hayan sabido en todo momento, o no, lo cierto es que hacia el jueves la noche el Gobierno usó el tema, instaló públicamente que la sesión era plausible de nulidad y logró empastar la situación. Finalmente, fue el propio Kuieder quien presentó un pedido de amparo en la Justicia para cuestionar la legalidad de la sesión que lo removió del cargo.
La Casa Rosada celebra cualquier hecho que demore una resolución: si la expulsión de Kueider se formaliza, en su banca asumiría Stefanía Cora, militante de La Cámpora. Es decir que Unión por la Patria quedaría con 34 senadores, a tres del quorum propio. No solo eso: el radical Víctor Zimmermann pidió licencia para asumir como ministro en el gobierno provincial de Leandro Zdero en Chaco y ahí La Libertad Avanza perdió otro posible aliado. “Con ese panorama se termina el Senado para nosotros el año que viene”, advirtió un colaborador del oficialismo.
Crisis con Villarruel
La sesión del jueves, en tanto, agravó severamente la crisis entre el Presidente y su vice. Primero, cerca de los Milei hicieron trascender que la vicepresidente mintió: dijeron que ella supo en todo momento que el jefe de Estado partía hacia Italia al mediodía, pero que igual presidió la sesión en el Senado. No solo eso: en Balcarce 50 filtraron un presunto chat privado con la secretaria personal de la vice, Guadalupe Jones, del martes a las 8.36 (48 horas antes de la sesión). Allí se le informaba que el jueves Milei viajaría a Roma y se le adjuntaba una resolución de la Casa Militar con los detalles del periplo.
El jueves, pasadas las 11, el vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa anunciando el viaje presidencial.
En el Senado juraron que Villarruel no sabía fehacientemente que el jefe de Estado no estaba en el país durante la sesión. Y dijeron que al momento del anuncio de Adorni ella estaba en el recinto, y no mirando la televisión. “En todo caso, el escribano tendría que haber venido de Aeroparque al Senado a firmar el acta de traspaso de mando. Pero vino siete horas después”, señalaron cerca de la vice. “Acá nos tildan de traidores por estar, por no estar; nos tratan de traidores por existir”, se lamentaron cerca de Villarruel.
En su entrevista desde Roma con El Observador, Milei apuntó hacia Villarruel y la expuso como nunca antes. “Lo que puedo notificar y verificar es que Villarruel fue informada. Se le comunicó que iba a estar de viaje el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel. El jueves que viajé, Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia. Eso fue diseminado por todos los medios. Cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llamó a Villarruel y como no contestaba le escribieron a la secretaria y tampoco contestó”, lanzó el jefe de Estado.
En el gabinete había sorpresa por la virulencia de la confrontación con la vice. Consultados por LA NACION acerca de si la Presidencia profundizará su embestida contra ella o tomará alguna medida, cerca de los hermanos Milei respondieron: “No, que se ocupe la Justicia”.
Otros sectores del oficialismo fueron menos duros con Villarruel. “Victoria trabajó para que lo de Kuieder fuera una suspensión y no una expulsión. Ella quería lo mismo que la Casa Rosada porque es la más interesada en evitar que el Senado quede bloqueado el año que viene”, aseguró un senador libertario que fue testigo de los movimientos de la vice.
Cómo sigue
En Balcarce 50 había desazón por el resultado de la sesión. Sobre todo, porque el Gobierno quedó atrapado por una movida impulsada por el kirchnerismo y tuvo que votar a favor de la expulsión de Kueider, cuando lo que pretendía era imponer la vía de la suspensión para no perder una banca aliada en manos de La Cámpora.
Ahora, en la Casa Rosada, amenazan con hacer planteos disciplinarios contra todos los legisladores nacionales con causas judiciales abiertas. Es una idea que, por ahora, solo se desplegó en el plano discursivo, pero no se formalizó en el Congreso. En las últimas horas, con la venia del asesor presidencial Santiago Caputo, la cuenta de “Las Fuerzas del Cielo” -el “brazo armado” de Milei en el campo de batalla digital- publicó un flyer en redes sociales con un listado de 28 senadores opositores que deberían ser “destituidos” por estar bajo pesquisa judicial.
“Vamos a intentar ir contra todos los que estén en la misma situación de Kueider; casi con seguridad”, soltó este vierne un ladero del Presidente en la Casa Rosada. En las Cámaras, el oficialismo ve poco pausible que pueda avanzar una movida de esa magnitud. Martín Menem, en Diputados, viene advirtiendo puertas adentro que no hay clima para que el Gobierno empuje una sesión especial fuera del período ordinario. De hecho, es uno de los que consideran que no hay un escenario favorable para convocar a sesiones extraordinarias con una agenda de temas que son de interés del Poder Ejecutivo.
Un senador libertario opinó en el mismo sentido: “No tenemos chances de ir contra todos, por ahora es dialéctico. En todo caso podemos elegir pegarle a dos o tres figuras fuertes, como intentamos hacer con (Oscar) Parrilli”.
En rigor, la gestión de Milei no está de acuerdo con la politización de los asuntos judiciales. Y no siente como propia la agenda de la anticorrupción. Pero los acontecimientos de las últimas semanas lo obligaron a hacer algo en lo que no creía.
De la fallida sesión de “ficha limpia” para acá, el Gobierno navega en una agenda que le queda incómoda. Milei le encargó a Alejandro Fargosi un proyecto superador al que había presentado Pro y el abogado constitucionalista le presentó su versión mejorada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Pero este propuso hacer “una comisión” para seguir analizando la iniciativa y el tema quedó en un limbo.
Luego, la Casa Rosada anunció que impulsaría un proyecto para acotar el alcance de los fueros parlamentarios (una iniciativa más emparentada con el relato contra los “privilegios” propio de los libertarios). Pero no hubo convocatoria a las sesiones extraordinarias y ese tema también naufragó.
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