El discurso de Javier Milei ante la Asamblea legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso estuvo cargado de anuncios y críticas a la oposición. Entre otras cuestiones, el mandatario calificó los últimos 20 años como una “orgía de gasto público”, habló de la herencia del kirchnerismo y presentó un paquete de medidas “anticasta”.

De esta manera, frente al Congreso, el presidente enumeró las claves del proyecto que planea presentar en los próximos días: “eliminaremos la jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente; obligaremos a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas pro la justicia electoral que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección; los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años”.

Y continuó: “Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse en elecciones nacionales. Todo ex funcionario con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario”.

“También desde el 1 de marzo ningún funcionario que viaje con un pasaje pagado por un organismo público pueda utilizar millas para viajes personales, un privilegio sin sentido que grafica a la perfección el modelo de la casta. Terminamos también con el festival de los vehículos oficiales”, agregó.

Asimismo, en un fragmento de su discurso, confirmó que cerrará la Agencia de Noticias Télam: “Ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”. “También cancelamos la publicidad oficial en medios de comunicación por un año, lo que va a redundar en un ahorro de más de 100 mil millones de pesos, si tomamos como parámetro lo que se gastó el año pasado. Es una inmoralidad que el gobierno de un país pobre gaste el dinero en comprar voluntades de periodistas”.

“Además, eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que contaba con un presupuesto de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados, además de ser policía del pensamiento. Redujimos las transferencias discrecionales a las provincias, con recursos que se usaron para comprar apoyos políticos. El Estado gastó 5,4 billones de pesos en comprar voluntades”, señaló.

Al momento de referirse a la educación, el Presidente apuntó contra los sindicalistas y, en particular, contra Roberto Baradel.

“En materia educativa multiplicamos por cuatro la ayuda escolar para que las familias que se vieron afectadas por aumentos drásticos en este nuevo inicio de clases puedan comprar los útiles y materiales escolares que las familias necesitan. Esta medida va a beneficiar a las familias de 7 millones de chicos desde el nivel inicial hasta el secundario”, comenzó.

Y añadió: “En una Argentina donde los chicos no saben leer ni escribir no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias provinciales. Por eso, incluimos en el DNU, la declaración de la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% de los servicios educativos durante cualquier huelga”.

“Siempre dijimos que le pedimos el poder a la gente no para que nos de el poder a nosotros sino para devolvérselo a los argentinos. Esa cruzada empieza por reducir el tamaño del estado a su mínimo indispensable y purgarlo de privilegios para políticos y sus amigos. Por eso pasamos de 18 a 8 ministerios, y de 106 a 54 secretarías reduciendo los cargos públicos y jerárquicos en más de un 50%. Eso sí es motosierra”, afirmó.

El jefe de Estado, además, realizó un repaso por las medidas que implementó desde que llegó a la Casa Rosada. En este marco, volvió a arremeter contra las organizaciones sociales: “Respecto a la asistencia social, nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recursos extorsivo para manipular a los que menos tienen”, sostuvo.

“Por eso llevamos adelante un proceso de auditoría que arrojó, como sospechábamos, que al menos 52 mil planes Potenciar Trabajo estaban asignados de forma indebida. Planeros VIP, muchos con conexiones en la Policía, cuya eliminación, redundó en un ahorro de 43 mil millones de pesos”, agregó.

También recordó que se implementó “la línea 134, que nos ayudó a poner al descubierto el mecanismo perverso de las organizaciones piqueteras usan para llevar gente a las manifestaciones, bajo amenaza de quitarles el plan. Recibimos cerca de 80 mil llamados, que decantaron en más de 1500 denuncias judicializadas. Llegamos a descubrir la cara más oscura de este fenómeno: una banda en Chaco que explotaba mujeres”.

“Estamos terminando con la extorsión de las organizaciones hacia los beneficiarios, y gracias al protocolo de seguridad instrumentada por la ministra Patricia Bullrich estamos terminando con la extorsión cotidiana que las organizaciones someten a la sociedad cada vez que cortan una calle. Siempre lo dijimos, en nuestro gobierno, el que corta no cobra”.