El afán de los días pone a prueba capacidades y lealtades. Hay para todo: Javier Milei apuró su regreso de los Estados Unidos para sentarse junto a los ministros en un gabinete de crisis. Lo necesita la Argentina, porque el ataque de Irán sobre Israel sucede pocas horas después de conocerse el fallo de la Casación sobre la causa AMIA.

En la larga sentencia de 711 páginas, uno de los magistrados, Carlos Mahiques, (ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal), afirma que el ataque criminal a la mutual de la comunidad judeo-argentina fue una represalia de Irán contra la Argentina.

El magistrado da por cierto que se trató de la respuesta al gobierno de Carlos Menem por no haber cumplido con los acuerdos de intercambios tecnológicos comprometidos por la administración anterior de Raúl Alfonsín. La tradición neutralista de la Argentina, de ser cierta esa hipótesis que ha alcanzado tamaña ratificación judicial, queda comprometida de prepo.

Razonable que el Gobierno emplee todos sus talentos en elegir la mejor estrategia para un país pacífico, que está en la región más pacífica del mundo, y que ha sufrido esos embates por decisiones de los gobiernos que han querido jugar sin red en los conflictos globales.

Lo ilustra, también, el compromiso del gobierno de Cristina de Kirchner en la trama de los acuerdos para el juzgamiento de los acusados de cometer el abominable atentado, que la han llevado a ella a la Justicia, y al país a un escenario de zozobra.

Esto es más importante que la presunta intención de Milei de ponerse al frente de un gabinete que en su ausencia estaba recibiendo directivas de la vicepresidente Victoria Villarruel y del sector bullrichista, en particular del jefe de gabinete de Luis Petri, el coronel retirado Carlos Becker.

Lejos de escenarios tan comprometedores como el de Medio Oriente, algunas colectividades revisitan sus alineamientos. El viernes, para despertar suspicacias, se sentaron juntos, aunque en silencio, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta durante un buen rato. Estuvieron en la primera fila de la presentación de libro de autoayuda de Marcos Peña, «El arte de subir (y bajar) la montaña: Cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo».

Macri llegó a punto de comenzar el acto, Larreta cuando ya había comenzado. Los dos se dijeron apenas un «Hola» y escucharon el diálogo de Marcos con el presentador. Se retiraron pronto para no quedase al brindis que ofreció el editor del libro, el empresario Hugo Sigman (siglo XXI). La asistencia era muy PRO, exfuncionarios, familia y amigos, que escucharon los argumentos del autor.

Rara la pasión de hombres como Peña o Macri de enseñar sobre liderazgo, cuando ellos mismo no son líderes. Son jefes de formaciones, pero no líderes que contengan a su contradicción. De ahí que miren la política, que acariciaron desde el vértice, desde la comodidad de sus domicilios.

El baño de arbitrariedad mileísta sobre la Comisión de Juicio Político de Diputados pone luz a una cuestión, que está en el centro de los intereses del Gobierno: la actitud de la Corte frente a sus decisiones más polémicas.

La algarada que dividió al bloque, en el momento en que debía estar más unido que nunca, puede haber sido una torpeza de sus jefes. Pero actuó la mano invisible de la política, que estalló pocas horas después de una queja insólita del presidente.

“Al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable con el DNU”, dijo Milei el mismo sábado 6 de abril cuando se comunicó con Oscar Zago por la cuestión de la Comisión. Fue en la conferencia AynRandCon 2024, ante un grupo de creyentes en el Objetivismo de la filósofa Ayn Rand (1905-1982), un emblema de la derecha de anteayer, que cree ver en Milei la luz al final del túnel del tiempo por donde la libertad retrocede.

No fue un cruce que dejase pasar la Corte. Horacio Rosatti aprovechó la tribuna del Rotary Club para responderle con la máxima del tribunal: no vamos a solucionar lo que la política no soluciona. «Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en ámbitos parlamentarios. Hay que darle tiempo a la política, pero intervendremos en un plazo razonable”.

Ese plazo está cerca en horas. Los que ven bajo el agua esperan que este martes, en el acuerdo del tribunal, algo se diga acerca de los tiempos y las formas de los expedientes que se acumulan sobre medidas del gobierno -DNU, per saltum, etcétera-.

Los tumultos menemistas -no cabe describirlos de otra manera- en torno a la comisión puso la atención de la platea en donde al Gobierno menos le conviene. Esa comisión existe para que nunca se abra, a menos que haya un incendio intencional. Por ejemplo, el juicio político que intentó el anterior gobierno contra integrantes de la Corte.

Cuando asumió el nuevo gobierno, todos esperaban que la primera medida fuera sepultar el juicio a la Corte, el proyecto más importante de la presidencia de los Fernández. Nadie olvida que en enero de 2023 el propio Alberto Fernández se sacó fotos junto al presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, y a la diputada nacional Carolina Gaillard, que era presidenta de la Comisión de Juicio Político, para hacerles entrega del pedido de Juicio a la Corte, que respaldaba un grupo de gobernadores peronistas.

El gobierno de Milei parece tomar la posta de esas inquinas cristinistas, y prolonga el enfrentamiento con el tribunal o al menos con tres de sus integrantes. Si son ciertas las hablillas sobre Ricardo Lorenzetti como influencer judicial sobre Olivos, dejar abierto el juicio a la Corte es parte de un conjunto de señales amigables del oficialismo hacia el peronismo. Las otras son la nominación de Ariel Lijo para integrar el tribunal y el jugueteo con las tres sillas vacantes en la AGN.

Un tumulto menemista, según el formato histórico, es un choque estridente, divertido hasta se diría, pero que puede dejar esquirlas en asuntos graves. Hoy suma el revoleo de WhatsApp y la hermenéutica de los emojis. ¿Un thumbs up de Milei era para decirle sí a Pagano? Evidentemente no. Ahora sabemos que era un acuse de recibo, pero sin contenido político.

¿Para qué pone en evidencia disidencias justo allí, un Gobierno al que solo le interesa la agenda macroeconómica? ¿Es que quiere poner en evidencia la debilidad de un presidente en extrema minoría en las dos cámaras?

Sería un disparate, porque esa debilidad no le permite ni siquiera vetar leyes, ya que la oposición puede juntar 2/3 de los votos e insistir en la mayoría de los temas. Y con esos 2/3 también puede iniciarle juicio político. Mejor que les ponga burletes de cemento a las puertas de esa comisión.

Nadie piensa que en la Argentina alguien pueda tener en la cabeza un juicio político al presidente. Pero la algarada sobre la designación del guardabosques del presidente -es el rol de quien preside Juicio Político- ocurrió pocos días después de que un grupo de abogados identificados con el cristinismo, reunidos en una peña del barrio de San Telmo, explicara que según ellos sobran razones para enjuiciar a Javier Milei.

Más allá de los argumentos, importa la forma y la oportunidad de ese eventual pedido. Apenas han pasado cuatro meses de gestión y quienes piden el juicio se referencian en los bloques de la oposición peronista, que son primera minoría en Diputados (99 más la izquierda) y casi la mitad del Senado (33 en lo formal, pero extensibles a 48 para proyectos odiosos al oficialismo, por ejemplo, tumbar el DNU/70 o juguetear con coparticipar leyes como las del cheque o el impuesto país).

Uno de los protagonistas más comprometidos con la crisis en el bloque oficialista de La Libertad Avanza ironizó sobre la vuelta del menemismo: noviazgos de estado que se rompen en público, escenarios de revista y tropiezos del tipo tres chiflados, cuando fuerzan la entrada por la misma puerta. Todo para trivialidades que, vistas en perspectiva, abren puertas que deberían estar cerradas.

Hay tres cargos que un presidente debe asegurarse. Uno es la SIDE, hoy AFI, la inteligencia de Estado. Otro es el juzgado federal de San Isidro. Este magistrado tiene jurisdicción en todas las causas que competen a la residencia de Olivos. Es cabecera de las querellas que inició, por ejemplo, la SIDE para perseguir a periodistas, como ocurrió durante el período Kirchner. Quien ocupe esa silla, desde Alberto Piotti a Sandra Arroyo Salgado, tiene un blindaje de poder superior a otras magistraturas judiciales.

El tercer cargo es Juicio Político. Quien está ahí vigila las puertas del infierno, para que jamás se abran. Debe ejercerlo alguien de extrema confianza personal del presidente. Cuando Oscar Zago le consultó en la noche del sábado 6 de abril a Milei sobre la oportunidad de designar a Marcela Pagano en la comisión, le dijo: «Quedo como vocal de la comisión, y si pasa algo, me inmolo yo».

El cancerbero de Juicio Político es como un granadero de la custodia presidencial, debe estar dispuesto a arriesgar la vida para cuidar al jefe. Allí estuvieron César Arias para cuidarlo a Carlos Menem, Anabel Fernández Sagasti para cuidarla a Cristina de Kirchner, y Álvaro González para cuidarlo a Mauricio Macri. A los tres les llovían los pedidos de juicio político, pero los candados estaban cerrados, con poxipol en el ojo de la cerradura, por si las moscas.

La presión de cada día diluye la intención del Gobierno de imponer un cronograma incumplible -pacto para el 25 de mayo, dictamen para la ley cabify para el 17, recinto el 24 para aprobarla, etcéctera-.

En el WhatsApp donde discuten sus cuitas los diputados de los bloques amigables se preguntaron durante todo el fin de semana si el plan se cumpliría. Esos bloques han pacificado su relación con el Gobierno, porque sus funcionarios han aceptado sin muchas condiciones todas las demandas que les hicieron. Y lo que era inviable, directamente se cayó.

Quedan detalles menores que no van a impedir la aprobación. No saben aún qué comisiones actuarán, o si será en el mismo Plenario de Presupuesto, Constitucionales y Legislación que atendió la Ley Ómnibus. Es el retablo donde yace la Ley Ómnibus a la espera de ejercicios de resucitación.

Hay dos cables sueltos. Uno es el artículo 5 del proyecto que reclama delegación de facultades al Ejecutivo para administrar los fondos fiduciarios. El bloque de Hacemos -que actúa como eje en el recinto, porque puede volcar votaciones hacia uno u otro lado- quiere su derogación por ley, con coparticipación de los fondos liberados. El fin de semana se cruzaron mensajes con el gobierno para evitar que se tropiece con la misma piedra que volteó la Ley Ómnibus en febrero pasado.

Con esa facilidad para la demonización que tiene el Gobierno, calificó a los fideicomisos como las cajas negras de la política. Son 29 y manejan fondos equivalentes a un 1% del PBI, $ 1.742.078 millones (datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso a diciembre de 2023).

La existencia de las «fiducias» se remonta al gobierno de Carlos Menem, ha sido un sistema que confía fondos públicos sujetos a normas y restricciones, y pasa a ser un sistema que tiene la liberalidad de una empresa privada. Da poder a quien lo maneja y le permite salirse de las normas contables propias de la administración pública. También permite que quien manda en ese fondo tenga asegurados los fondos a lo largo del tiempo, y que estén protegidos de los cambios de gobierno.

Además, puede darles a los administradores de la fiducia un margen discrecional para decir qué se contrata, con quién, y cómo y cuándo se le paga. La sal de la tierra. Dicho en otras palabras, es una herramienta de gobierno que le da más poder a un funcionario que administra un fondo que el que puede tener un ministro, cautivo de la Ley de Administración Financiera y del Presupuesto Anual. Nada dice que sean una peste, aunque pueden ser nidos de corrupción, o no, como otros sistemas.

Según el ponente de la iniciativa de Hacemos, el diputado Nicolás Massot, si el Gobierno quiere ponerles transparencia a los fondos fiduciarios, tiene la oportunidad de revisar los que administra el Banco Nación y el BICE. No necesita apoderarse de su manejo para revisar si son cajas negras o cajas blancas. La salida hacia adelante de Hacemos busca mejorar la situación de las provincias, castigadas por el unitarismo fiscal del Gobierno.

El otro cable suelto es la reforma laboral. El Gobierno la entregó a los radicales, que presentaron un proyecto que comprende varias iniciativas. Les gusta a los gremialistas, según palabras de Héctor Daer cuando se lo explicaron en Casa de Gobierno la semana pasada. Dijo que es mejor que el proyecto del PRO.

Este entendimiento novedoso del Gobierno con los radicales irrita al macrismo. Macri sostiene que su gobierno fracasó porque la UCR, socia de Juntos por el Cambio, le frenó las reformas que quería hacer. Es otra toma de distancia del mileísmo, que va por el electorado del PRO sin reparar en otros daños.

Aprovecha internas ajenas, como la que libra el jefe del bloque de diputados, Rodrigo De Loredo, con otros dirigentes de Córdoba, como Luis Juez. Embalado por Macri, este dirigente sostiene la necesidad de que el partido apoye al gobierno en su programa.

Eso ha dividido al bloque, que ha discutido el nombre de su candidato para ocupar una silla en la Auditoría General de la Nación. Para poder hacerlo, necesita que el oficialismo resigne la propia, ya anunciada para el abogado Santiago Viola.

La tensión con el macrismo tiene el mismo motivo: la intención de Macri de que el PRO tenga un auditor. Hay tres vacantes y la tercera queda para el peronismo. Si hubo plan canje, el radicalismo se pone el casco para pelear por la reforma laboral, a cambio de que Olivos arbitre en la interna cordobesa entre De Loredo y Juez. Por eso pide patear este penal.