La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano, ha presentado una denuncia judicial para detener el pago del Impuesto a las Ganancias, argumentando que es “inconstitucional e inaplicable” porque, según ellos, infringe el derecho a una remuneración justa y los convenios colectivos de trabajo.

Este sindicato se une a otras organizaciones, como la Asociación Bancaria, que ya había solicitado una medida cautelar contra el “impuesto al salario”, restituido por el gobierno de Javier Milei a través de la Ley 27.743, después de haber sido eliminado durante la gestión de Alberto Fernández.

Además de los bancarios, sindicatos como Petroleros, Judiciales, Seguro, Sanidad, Aeronáuticos, Dragado y Balizamiento, y Marítimos están protestando contra el regreso de este impuesto. 

En este contexto, los sindicatos están llevando a cabo una estrategia coordinada que consiste en presentar demandas colectivas seguidas de demandas individuales por parte de los trabajadores que se sientan afectados en sus salarios por el pago del impuesto.

De acuerdo con la nueva ley, desde julio deberán pagar el impuesto aquellos trabajadores que perciben un salario bruto de 1,8 millones de pesos si son solteros y de 2,2 millones de pesos si son casados con hijos, lo que afecta a unos 800.000 trabajadores en total. 

Anteriormente, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a 2.340.000 pesos hasta junio y 3.500.000 pesos desde julio.

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La CGT decidió no presentar una demanda judicial contra el impuesto para evitar un posible rechazo y optó por dejar que cada sindicato impulse el recurso por separado. Además, solicitó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que se actualizara el umbral a partir del cual se paga el tributo, pero el Gobierno reglamentó la ley sin modificar el monto requerido por los sindicalistas.

No obstante, se ha anunciado que el mínimo no imponible se actualizará trimestralmente a partir de septiembre y, posteriormente, semestralmente, en función del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El malestar sindical ha aumentado debido a que el decreto reglamentario del Impuesto a las Ganancias excluye del pago a los trabajadores del sector petrolero y a los empleados de Tierra del Fuego, quienes siguen beneficiados por la Ley 19.640, que establece el Régimen de Promoción Económica y Fiscal. 

Esta exclusión ha generado críticas por considerarse discriminatoria hacia otros trabajadores y por ser ilegal, dado que un decreto no puede otorgar más beneficios que una ley.

En un plenario con sindicatos kirchneristas, Pablo Moyano, co-titular de la CGT, describió el Impuesto a las Ganancias como “un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios” y señaló una “contradicción” por parte del Gobierno, argumentando que “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.

Moyano anticipó que la presentación judicial será elaborada por los abogados de cada sindicato y que se organizará una gran movilización a Tribunales en el día de la presentación para que los jueces comprendan que el salario no es una ganancia. Esta protesta se llevaría a cabo en los próximos 15 días.

Sergio Palazzo, líder del gremio bancario, fue uno de los primeros en presentar una impugnación judicial contra el Impuesto a las Ganancias, argumentando que afecta al 95% de los trabajadores del sector. Palazzo lo calificó como “confiscatorio” y “una rebaja salarial encubierta”.

“Imagínese una persona que, como tantas otras en la Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria y de (salario) neto le quedó 1.200.000 pesos. Tiene que pagar una cuota alimentaria de 300.000 o 400.000 pesos, con lo cual pagara impuestos sobre 800.000, esto es menos de la canasta para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”, sostuvo.