En un país donde los jueces de instancias inferiores cometen la desmesura –y el disparate, sobre todo– de anunciar que desobedecerán a la Corte Suprema, algunos nuevos excesos del presidente de la Nación tienen, aun en ese contexto, una especial envergadura. Volveremos a los jueces, pero señalemos antes que es un agravio a la historia decir que Domingo Cavallo es “impresentable” solo porque disintió parcialmente con Javier Milei.

Cavallo fue ministro de Economía durante cinco años, de 1991 a 1996, en los que hubo estabilidad económica. Ese período fue uno de los pocos momentos en los 40 años de democracia argentina en que la economía estuvo tranquila y era previsible. Su política fue continuada después por Roque Fernández, pero poco más tarde la sociedad perdió la noción de seguridad económica que había conocido en los tiempos de Cavallo. Luego, el exministro de Menem y de De la Rúa se dedicó a la enseñanza en universidades de los Estados Unidos.

En síntesis, de Cavallo se pueden decir muchas cosas, menos que es un impresentable. El pecado imperdonable de Cavallo fue que disintió con Milei sobre el valor del dólar, un debate que pone especialmente áspero al jefe del Estado. La explicación podría consistir en que Milei no quiere tocar el dólar porque esa decisión pondría en riesgo el descenso de la inflación, que es su capital político más preciado, mientras economistas ortodoxos y productores rurales e industriales le reclaman una actualización del precio de la moneda norteamericana. Milei detesta que lo encierren en esa rémora.

El Presidente está tan inmerso en esa discusión que hasta publicó una nota con su posición en LA NACION el sábado pasado, en la que negó que el dólar esté subvaluado.

Cavallo, en cambio, coincide a la distancia con otros economistas, sin que hayan acordado siquiera una posición conjunta, sobre el presunto porcentaje del atraso cambiario: el 20 por ciento. Cavallo no es un enemigo de Milei, sino un amigo crítico que solo quiere que al Presidente no le vaya mal y, por eso, le señala algunas experiencias que le tocó vivir a él mismo. ¿Milei no está de acuerdo con el exministro de Economía? Que no lo lea ni lo escuche ni siga sus consejos. El silencio es, muchas veces, la mejor compañía de los presidentes.

Cavallo le recordó ayer a Milei que en noviembre de 2023, antes del decisivo balotaje que hizo presidente al actual mandatario, él se había pronunciado a favor del ahora jefe del Estado en su competencia final con Sergio Massa. Milei había emparentado injustamente a Cavallo con Massa. Cavallo enfatizó en las vísperas del balotaje que Milei expresaba la necesidad de cambio que tenía –y tiene– la Argentina.

La paciencia corta del Presidente no toleró aquella crítica sobre el precio del dólar (que es más bien un tema técnico de economistas) e insultó a Cavallo, pero hizo algo más intolerable: echó a la hija de Cavallo –que se llama Sonia, como su madre– de la embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

Sonia Cavallo ya vivía en Washington, donde era profesora en la Universidad Católica de América. Se supone que la hija del exministro debió cambiar su vida laboral para ser embajadora de Milei ante la OEA, de donde el Presidente la acaba de despedir solo porque no le gustó lo que opinó “su papá”, según explicó este públicamente. ¿Qué tiene que ver la hija con la opinión del padre? ¿Le preguntó el Gobierno a Sonia Cavallo si coincidía con las opiniones de Domingo Cavallo? ¿O se trató simplemente de una inferencia? Pero ¿es tan grave que un economista del nivel de Cavallo, que apoyó reiteradamente a Milei, tenga un disenso parcial con el Presidente? Esa es la pregunta que merece una respuesta urgente. ¿Por qué una crítica puntual, ni siquiera generalizada, a la gestión presidencial provoca una reacción tan destemplada del jefe del Estado? ¿Por qué esa crítica parcial puede justificar el despido de la hija de quien expresó un análisis discrepante? Hasta las bandas delincuenciales tienen códigos según los cuales debe respetarse a la familia de los enemigos, aunque Cavallo no sea para Milei un enemigo. Como cabeza del Estado argentino, el Presidente debería comenzar a reconocer ciertos límites en sus actitudes y en sus formas públicas de hablar.

No fue el único desplante. “Voló por el aire”, se ufanó Milei cuando anunció el despido del exdirector de la Anses Mariano de los Heros. ¿Qué error inaceptable había cometido De los Heros? Simplemente anunció que el Gobierno estaba trabajando en una reforma previsional. Según Milei, esa reforma no es una prioridad de su administración ni “está en carpeta”. ¿Era ese un motivo suficiente como para despedir inhumanamente a un funcionario importante del Gobierno como lo es quien administra los recursos previsionales? Vale la pena señalar que hay maneras distintas de relacionarse respetando la condición humana.

El inhumano destrato público contra cualquier persona es directamente inaceptable. Un funcionario hasta puede disentir levemente con su gobierno; la historia universal está cargada de experiencia de gobiernos con ministros que no siempre coincidían con los presidentes o con los primeros ministros que les tocaban.

Al contrario, de ese intercambio de ideas diferentes, con las coincidencias fundamentales necesarias, surgían mejores posiciones comunes. Sin embargo, el estilo es contagioso. Cristina Kirchner no necesita de Milei para aprender nada, pero aprovechó la nueva marea: ella también bravuconea con infelices modos.

En la disidencia con De los Heros, Milei expresó varias ideas que son razonables, pero que se perdieron en el torbellino de los agravios y el maltrato. Un ejemplo: cuando señaló que la dupla Amado Boudou y Sergio Massa (con el beneplácito de Cristina Kirchner, debió agregar) se quedó con los fondos de las AFJP, que era dinero que habían aportado los trabajadores. Los tres se dedicaron a hacer política con esos recursos. Otro ejemplo: Milei dijo que se crearon más de tres millones de nuevas jubilaciones correspondientes a personas que no habían hecho los debidos aportes previsionales. Es cierto. Y es más grave porque un entonces senador peronista, Omar Perotti, luego gobernador de Santa Fe, propuso en el Congreso que en lugar de esas jubilaciones se creara un subsidio para las personas de la tercera edad que no reunieran los recursos necesarios para jubilarse. Proponía, en definitiva, que la Anses se dedicara exclusivamente a los jubilados que habían hecho los aportes en tiempo y forma. Silencio. Nadie opinó sobre la idea de Perotti. La demagogia no es propiedad exclusiva del peronismo.

Un tercer ejemplo: el Presidente subrayó que el sistema previsional no se podrá financiar nunca mientras cerca del 40 por ciento de los trabajadores lo hagan en negro; es decir, por fuera del control de la agencia impositiva. También es cierto. Semejante evasión se justifica, en parte al menos, por la enormidad del monto de las cargas sociales. ¿Bajar esa carga impositiva es la prioridad del Presidente? Muy bien. Debería, en tal caso, comenzar a esbozar un proyecto en ese sentido.

Milei anticipó que la solución de esos problemas debe preceder a la reforma previsional anunciada por De los Heros. Es probable que tenga razón, pero ¿justificaba una divergencia tan menor que agraviara y maltratara al exjefe de la Anses? Desde ya que no. El Presidente está creando, con decisión o involuntariamente, un gobierno de sumisos presos del pánico. El pánico conduce a la parálisis, invariablemente.

La cultura de la insolencia se esparce. Ayer, una reunión autoconvocada de jueces del fuero Civil nacional decidió no acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que las causas que se tramitan en la Justicia nacional (llamada así solo porque decide en la Capital) tengan como instancia final al Tribunal Supremo de la Capital.

Esos jueces sienten que hay un deslustre en su trabajo porque pasarían de la Corte Suprema de la Nación al Tribunal Supremo porteño. Tienen derecho a estar en desacuerdo. No tienen derecho, en cambio, a alzarse contra el máximo tribunal de Justicia del país.

Las decisiones de la Corte Suprema deben cumplirse, se esté de acuerdo o en desacuerdo. Punto.

El reclamo que se les hace a los políticos sobre la obligación de obedecer sin protestar a la Corte Suprema es más justificado todavía cuando se trata de jueces de instancias ordinarias. Es posible que el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz persevere en su posición contraria a la decisión de la entonces mayoría de la Corte que reconoció en el Tribunal Supremo de la Capital a la instancia inevitable de la justicia nacional, pero Rosenkrantz es, al mismo tiempo, un hombre lo suficientemente serio como para discernir una cosa de la otra. Y, en ese sentido, puede darse por seguro que acompañará una decisión que signifique ratificar la autoridad de la Corte Suprema.

Cualquier sublevación era posible y previsible, menos la de los jueces contra la conducción del Poder Judicial en momentos institucionales especialmente sensibles. Señal de que los magistrados (o algunos de ellos) están preocupados solo por el metro cuadrado que los rodea y que deciden como jueces mirando nada más que su propio ombligo.

El único dato alentador de la política lo podría dar hoy la Cámara de Diputados si, como se anuncia, sancionara el proyecto de ficha limpia enviado por el Gobierno con algunas modificaciones de los diputados.

En adelante, no podrán ser candidatos ni funcionarios los políticos que tengan una doble condena por casos de corrupción. Según versiones inmejorables el proyecto tendría asegurados 132 votos a favor (necesita 129), aunque podría haber más. El texto final del proyecto dejaría fuera de la competencia electoral, si se aprobara en el Congreso, a Cristina Kirchner porque es una ley electoral, no penal.

Las leyes penales no pueden tener efectos retroactivos. Se trata de un viejo proyecto de Pro (de Silvia Lospennato, más precisamente) que fracasó hace poco por falta de quorum. El mileísmo estuvo entre las ausencias, pero ahora, después del escándalo que sucedió entonces, decidió hacer suya la iniciativa.

El mayor obstáculo estará en el Senado, donde el perokirchnerismo está solo a tres votos de la mayoría. Y una ley electoral necesita la aprobación de la mayoría absoluta de la cámara, no importa cuántos senadores o diputados estén en el recinto. Dar la cara por una condenada por corrupción con doble sentencia es un desafío enorme para cualquier político. Solo el peronismo puede hacer esas cosas en un país donde hasta los jueces le faltan el respeto a la Corte Suprema. La desfachatez es un mancha que se extiende peligrosamente.