Los números bajo investigación tienen muchos ceros. Las agrupaciones piqueteras manejaban mensualmente cifras millonarios que provenía del Estado nacional. Según un registro oficial al que accedió Clarín, dos de los espacios involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Se trata de la Asociación Civil Caminos de Tiza, de Barrios de Pie, y la Asociación Civil Polo Obrero. La justicia investiga la ruta de ese dinero y crecen las dudas sobre la administración de los caudales públicos.

El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores judiciales, que sospechan “un abuso de poder» y «un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Según la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros, las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.

Las cooperativas y los comedores fueron centrales en la supuesta actividad ilícita. En el dictamen acusador del fiscal federal Gerardo Pollicita se indicó que todo se realizaba “al amparo de las personas jurídicas inscriptas como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo y recibían subsidios del Estado Nacional”.

En total son 123 las organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y asociaciones civiles las que recibieron del Ministerio de Desarrollo Social dinero público correspondiente a diversos programas que estaban bajo la órbita de la cartera que condujeron Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta.

Los desembolsos durante el gobierno de Alberto Fernández ascienden a 15.897.967.054,82 pesos.

A la hora de desglosar dicha cifra, dos de las asociaciones bajo investigación en el expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Pollicita, resultaron beneficiadas con importantes partidas correspondientes al programa social Potenciar Trabajo, el más importante que diseñó Desarrollo Social para los sectores más vulnerables.

Una de las asociaciones civiles bajo la lupa es Caminos de Tiza, inscripta por Barrios de Pie, que responde a Daniel Menéndez. El dirigente social integró la planta de funcionarios de Desarrollo Social y actualmente se desempeña como subsecretario de Economía Popular en el gobierno de Axel Kicillof.

Según las planillas a las que accedió Clarín, la Asociación Civil Caminos de Tiza recibió 305.277.989,82 de pesos, desde el 25 de noviembre de 2019 hasta octubre de 2023. Todos los fondos fueron enviados en concepto del programa Potenciar Trabajo.

Uno de los últimos depósitos recibidos fue el 18 de octubre del año pasado, días previos a las elecciones generales. De todos los desembolsos realizados, el de esa fecha fue el más relevante, por 42 millones de pesos.

A esta organización vinculada a Menéndez el fiscal le atribuyó conductas “tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en “movilizaciones” de la agrupación Barrios de Pie”.

Con esos objetivos, los dirigentes de dicha Asociación imputados en la causa penal, “hacían saber a los vecinos y potenciales asistentes del comedor que, para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, debían no sólo colaborar con el comedor sino asistir a ‘marchas’ o ‘movilizaciones’ de Barrios de Pie y repartir volantes de los candidatos políticos que se indicaran, en época de elecciones, todo ello durante un período a fijar por los imputados, lo que les permitiría ser inscriptos como beneficiarios de dicho plan”.

Una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados del comedor -relató el fiscal Pollicita- hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando el dinero del plan Potenciar Trabajo, “que hoy representa 78.000 pesos por mes, debían asistir a las marchas y movilizaciones que indicaran los referentes del comedor; caso contrario, le darían de baja el plan”.

Dentro de las maniobras bajo estudio, se les atribuyó igual la exigencia a los beneficiarios de los planes sociales, de abonar “300 pesos cada vez recibían una bolsa con alimentos o mercadería no perecedera, de las que entregaba el Estado Nacional al comedor, lo que sucedía aproximadamente una vez al mes”. En ocasiones, los obligaban a “vender por el barrio los alimentos que recibían del Gobierno, exigiendo a las víctimas que colaborasen en la comercialización”.

Los imputados de esta agrupación que recibió más de 305 millones de pesos en concepto del programa Potenciar Trabajo, “también exigían a cada beneficiario que abonara una cuota trimestral de 1950 pesos, sin entregar a cambio ningún comprobante, pero anotando en un cuaderno quiénes pagaban y quiénes no”. Esto se constató con la documentación secuestrada durante los allanamientos.

La otra organización sospechada por la justicia federal es la Asociación Civil Polo Obrero, encabezada por Eduardo Belliboni. Bajo la denominación de fondos correspondientes a Potenciar Trabajo, recibió 235.197.271,80 pesos durante el gobierno de Alberto Fernández. Más específicamente, desde el 26 de junio de 2020, cuando figura el primer depósito, hasta el 23 de diciembre de 2022.

En esa fecha, después del cambio de gestión, se le depositaron otros 37.500.000 de pesos. Dos depósitos en el mismo día.

A los jefes piqueteros el fiscal Pollicita los acusa de haber “actuado de manera coordinada bajo distribución de roles y desde —al menos— mayo de 2021” para cometer “múltiples actividades ilícitas en perjuicio de los beneficiarios de asistencia social”.

Las personas que eran víctimas de la presunta maniobra extorsiva, concurrían a tres comedores que dependían del Polo Obrero: Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra.

Para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, “debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” del “Polo Obrero”, lo que aumentaba sus probabilidades de ingresar en una “lista de espera” desde la cual, con posterioridad y según determinaran los imputados, podían pasar a ser inscriptos como beneficiarios de dicho plan —a lo que llamaban “ascenso”—.

A su vez, si se asistía a determinada cantidad de “marchas” —fijadas por los responsables del comedor— se podía “ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior mensualmente —entre 150.000 y 200.000 pesos según cada caso— y que se los denominaba “esenciales”, “cuadrilla” o “nexo”; y por encima de esa categoría se encontraban los “delegados”, que cobraban mayor dinero aún —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades”, indica la acusación.

Asimismo, se les exigía a las víctimas que, en caso de no asistir a una “movilización”, “debían justificar la ausencia y acompañar las correspondientes constancias de las razones que impidieron la participación —como la existencia de turnos médicos—; porque de lo contrario se anotaría como ausencia; lo que podía ocasionar la imposición de sanciones”.