A tono con las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, algunos mandatarios comienzan a implementar medidas similares para hacer frente a la merma de recursos nacionales que tendrán durante los próximos años de gestión. En las últimas horas, quien se sumó a este tipo de iniciativas fue uno de los gobernadores peronistas del norte.

En este sentido, el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anticipó que, para el primer semestre, su gestión pondrá en marcha el denominado “Acuerdo Fiscal Municipal”, con las diferentes intendencias de la provincia. Según informaron, el Ejecutivo dispondrá de una partida de casi $6700 millones mensuales.

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El Acuerdo Fiscal Municipal tiene similitudes con los que han sido los convenios del Consenso Fiscal que la Nación habilitó para las provincias. Además de una reducción de entre un 12% y un 20% del gasto en las intendencias, la provincia pone a disposición de esas administraciones toda la información tributaria que requieran para incrementar la recaudación propia.

Si logran esa meta, esos recursos les servirán a los intendentes para financiar obras. Como en los otros pactos, el Ejecutivo retendrá fondos de coparticipación (nacional y provincial) y el Fondo para el Desarrollo del Interior (FDI), con los que se reintegrarán en el largo plazo los recursos que la Provincia dispondrá para abonar los sueldos a los obreros del interior.

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“Ante la coyuntura que vivimos y en el contexto nacional que limita a todos crecer en materia de infraestructura, este nuevo Acuerdo Fiscal con los Municipios habla del trabajo mancomunado entre el gobierno provincial a través del Ministerio del Interior y los Municipios, pero sobre todo agradecer la sensibilidad del gobernador de asegurar el sueldo de los trabajadores municipales y brindar los servicios básicos”, afirmó el intendente de Monteros, Francisco Serra.

En diálogo con La Gaceta, Paula Quiles, intendenta de Bella Vista, señaló: “Estamos acostumbrados a administrar los recursos con austeridad. De todos modos somos conscientes de la situación del país y hemos disminuido la planta de funcionarios. Además, estamos ejecutando un plan para la optimización de los gastos e ir en la misma sintonía que el Gobierno nacional y provincial; siempre en busca del equilibrio fiscal”.

También se refirió al sistema de coparticipación: “Es obsoleto, rige hace más de 30 años y es utilizado de manera discrecional durante los mandatos y acrecentada en períodos electorales. El mecanismo de coparticipación está agotado y urge que, durante el período legislativo 2024, se sancione una nueva ley que contemple la descentralización de servicios y la distribución equitativa de los recursos”.

En tanto, Pablo Macchiarola (UCR), intendente de Yerba Buena, afirmó que el nuevo pacto fiscal es similar al anterior, ya que consiste en “ceder la coparticipación para asegurar la paz social”. Lejos de mostrar disconformidad, calificó a los nuevos lineamientos como “adecuados para regir durante los próximos seis meses”. Pidió reformar la ley de coparticipación, a la que definió como “la solución de fondo” para el problema de la “inequidad y discrecionalidad”.

Respecto a la reducción de gastos, el radical remarcó que su municipio viene llevando adelante una política mesurada donde solo se gasta lo necesario. “Nuestra planta permanente decreció. Ya venimos disminuyendo el gasto y optimizando los recursos; aun así, vamos a buscar ajustar un tanto más por la situación”, resaltó.

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