Antes de finalizar la gestión de Alberto Fernández, la Unidad Auditora Interna del Ministerio de Economía que dirigía Sergio Massa firmó un documento sobre la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). En 21 páginas plantearon la situación de la compañía que el gobierno nacional quiere privatizar, mientras que la administración santacruceña sostiene que pueden darle viabilidad a la firma, que demanda 5 millones de dólares por mes para subsistir. Las auditoría habla de números inconsistentes, documentación faltante, cuentas bancarias sin rendir y cajas chicas sin arqueo, entre otros aspectos que se cuestionan.

A 300 kilómetros de Río Gallegos, en dirección hacia la precordillera andina, se encuentran las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, que dan vida a esta zona conocida como la cuenca carbonífera: el corazón minero de Santa Cruz.

Los números oficiales de la compañía exponen su falta de viabilidad económica. En diciembre el gobierno de La Libertad Avanza se encontró con una “producción cero”, un fuerte reclamo sindical (conviven allí cuatro representaciones gremiales diferentes) y números en rojo con una populosa planta de personal.

Además de ese panorama, el informe auditor de Economía expuso diversas falencias en la contaduría de YCRT, junto a la falta de rendición de documentación respaldatoria de movimientos millonarios de fondo y una baja productividad.

Para el Estado nacional, la próxima instancia es privatizar la firma. Con un criterio antagónico, el gobierno provincial encabezado por Claudio Vidal, sostiene que, si bien la empresa no es rentable, puede extraer suficiente cantidad de carbón que se exportaría y así no perdería dinero. “Al menos podrían cubrirse los gastos corrientes y no depender del aporte del Tesoro”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

El recurso mineral está. Es decir que YCRT requiere un plan de trabajo y reordenamiento del personal que podría ahorrarle más de 7.300 millones de pesos por año al Estado nacional.

Sin embargo, los números siguen sin convencer a la Casa Rosada, que no excluye a la firma santacruceña -pero intervenida desde 2002- de la lista de potenciales privatizadas.

Con el fondo de esa discusión política trascendió la auditoria que expone algunas dificultades de YCRT.

El informe analizó documentación referida al arqueo de caja hasta diciembre de 2023 y todo tipo de información contable, como la ejecución presupuestaria y también un detalle de todos los proveedores y contrataciones impulsadas por YCRT.

También se hizo un recuento físico de bienes de uso y consumo, un detalle de la nómina de personal, información vinculada a procesos judiciales.

El documento oficial señaló que los auditores no tuvieron acceso a toda la información que pidieron, sobre todo respecto de documentación contable.

Se rindieron 225.807.964,94 pesos correspondientes a órdenes de pago, facturas y remitos. El movimiento más cuantioso, por 112.730.727,94 pesos, corresponde a una transferencia bancaria, una orden de pago interna que carece de documentación respaldatoria.

Lo mismo ocurre con una orden de pago a favor de YPF por 36.507.430,22 pesos que no cuenta con documentación que respalde la operación.

A esos números se suma una cifra aún mayor: dos órdenes de compra firmadas en diciembre por 687.062.444,24 pesos, de los cuales más de 682 millones fueron destinados al mantenimiento de la Central Térmica que está apagada y sin producir energía.

Los auditores siguieron su análisis con las cajas chicas. Se encontraron operativas veinte, por 10 millones de pesos. “No se obtuvo información respecto del detalle de gastos, comprobantes y transferencias bancarias, relacionadas a las cajas chicas asignadas a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos y al Departamento de Compras y Contrataciones”.

La observación volcada en el documento se refiere a la “insuficiencia de los controles efectuados sobre las rendiciones de gastos de cajas chicas, incumpliendo el procedimiento establecido normativamente”.

No es todo: algunos de los comprobantes de gastos de la Delegación Tesorería, Subgerencia de Mecánica, Talleres y Abastecimiento y del Departamento de Infraestructura Tecnológica «resultan ilegibles”, y las cajas chicas correspondientes a Operaciones Mineras y Compras y Contrataciones, hicieron gastos en vehículos que “carecen de identificación del dominio correspondiente”.

Al cuerpo auditor sólo fue remitida la información de doce cajas chicas de un total de veinte. “Se señala que no se ha recibido información sobre los arqueos practicados en la delegación Río Turbio”.

Respecto a la ejecución presupuestaria, se revelaron los siguientes números. Los ingresos corrientes de YCRT ascendían a diciembre de 2023 a 24,9 mil millones de pesos, y los gastos corrientes sumaban 28,3 mil millones.

Los auditores encontraron inconsistencias en los estados contables de la firma minera. Al cruzar la información, el resultado económico consignado “no coincide con el resultado económico del Estado de Resultados”. Se encontró una diferencia de 1.480.793.679,31 pesos en negativo, que no se respalda con nada.

Después se encontraron diferencias en «otros ingresos» por $80.058.264,49 y en «servicios personales», por $317.222.421,02. Ninguno de esos números tiene documentación respaldatoria y no se logró determinar la razón de las millonarias cifras involucradas.

Según las conclusiones del informe, no hay “un sistema de gestión de bienes de uso y de consumo que asegure la adecuada salvaguarda del patrimonio físico de YCRT”.

De la información suministrada por la compañía minera se constató que los bienes de uso son registrados mediante planillas Excel. “Y dichas planillas de cálculo no ofrecen la seguridad necesaria para garantizar la integridad de la información, ya que los datos pueden ser modificados, incluso por error, sin quedar rastro de dichas modificaciones”.

El funcionamiento de YCRT está bajo la lupa desde el comienzo de la gestión libertaria. Sus números en rojo hace décadas demandan una subvención constante del Estado central para garantizar la cobertura de gastos corrientes.

El año pasado, el déficit del Yacimiento fue de 140 millones de dólares. Para el año en curso se proyecta un déficit de 70 millones de dólares. Aunque el número se redujo a la mitad, sigue representando cifras elevadas a consideración de la Casa Rosada, que además, pondera la baja productividad de la compañía.

El fantasma de cerrar la empresa siempre ronda ante un cambio de gestión. La actual administración trabaja en la reactivación de la producción centrada en la extracción del carbón de la mina y su exportación a través del Puerto de Punta Loyola, ubicado a 330 kilómetros de la cuenca carbonífera.

La mayor demanda de la masa presupuestaria es para pagar salarios: 3.485 millones de pesos, más otros 1.952 millones que se destinan a las cargas sociales.

La plantilla de personal de YCRT se compone de 2.142 agentes, de los cuales únicamente 900 son mineros.

Un dato: la municipalidad de 28 de Noviembre cuenta con 977 empleados mientras que la de Río Turbio, tiene 1.126 trabajadores. Es decir: YCRT alberga más trabajadores que las dos intendencias.

Frente a esta situación la gobernación santacruceña sostiene que si logran exportar 70 toneladas de carbón -para lo cual hace veinte días se abrió un diálogo con inversores chinos- en principio lograrían cubrir los gastos operativos de la firma y garantizar los puestos de trabajo. Es el proyecto que entregarán al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para ver si logran revertir el criterio de la Casa Rosada respecto a la privatización.