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POLITICA

En su peor crisis, autoridades abandonaron los institutos de menores para plegarse al paro

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Violencia, fugas permanentes, motines, torturas, violaciones, extorsiones, robos. Desde la llegada de Axel Kicillof al poder, puertas adentro de los institutos de menores del gobierno de la provincia de Buenos Aires han tenido lugar ilícitos de todo tipo, apañados por la permanente actitud timorata de la cúpula del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

Por caso, durante los últimos días se viralizó un video que expuso, de pies a cabeza, el nivel de seriedad con el que el ministro Andrés Larroque -de quien depende esta área- busca encarar la peor crisis del organismo de la que se tenga memoria. A los permanentes escándalos en los centros de encierro respondió con la disposición de piletas en varias de sus dependencias, a fin de que los reos puedan distenderse en el agua y pasar las tardes de verano bajo el sol.

Ahora, otro ejemplo de esta crisis sin horizonte de solución tuvo lugar ayer, cuando la cúpula completa del OPNyA decidió abandonar su responsabilidad para acompañar el paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Solo en la foto que acompaña este artículo puede verse a Claudio Otero, director de los Centros de Contención; Viviana Arcidiácono, subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil; Julio Valva, jefe de Gabinete de la dirección Ejecutiva; Perla Figueroa, directora provincial de Articulaciones Institucionales; y Laura Sporetti, directora de Institutos Penales; posando ante una cámara en medio de la marcha, habiendo abandonado su responsabilidad y sin siquiera sonrojarse.

Mientras tanto, familiares de víctimas de los más variados ilícitos conviven con el trauma de saber que los malhechores pueden esquivar el cumplimiento de la pena en forma caprichosa y casi sin esfuerzo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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POLITICA

Acusan al ex presidente Jair Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictiva

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La Policía Federal de Brasil abrió una causa contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con diamantes no declarados que recibió de Arabia Saudita durante su mandato, según informaron fuentes familiarizadas con las acusaciones. 

Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no detalló los delitos específicos. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la falta de autorización para hacer declaraciones públicas al respecto.

El informe policial con las acusaciones aún no ha sido recibido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Una vez en posesión del tribunal, el procurador general del país, Paulo Gonet, revisará el documento y decidirá si presenta cargos contra Bolsonaro y lo lleva a juicio.

Bolsonaro y sus abogados negaron rotundamente haber cometido cualquier delito en relación con este caso y otras investigaciones en su contra. Además de estas acusaciones, enfrenta cargos por supuestamente ordenar a un asistente manipular registros de salud pública para falsificar su certificado de vacunación contra COVID-19, así como por su supuesta implicación en un intento de levantamiento en Brasilia en enero de 2023 para destituir a su sucesor.

El año pasado, la Policía Federal ya había acusado a Bolsonaro de intentar introducir de contrabando joyería con diamantes valuados en aproximadamente 3 millones de dólares, así como de vender dos relojes de lujo.

En agosto, la Policía reveló que Jair Bolsonaro recibió casi 70.000 dólares en efectivo por la venta de dos relojes de lujo que había recibido como regalos del gobierno de Arabia Saudita. Según la ley brasileña, los ciudadanos deben declarar bienes con un valor superior a 1.000 dólares al llegar al país desde el extranjero, y pagar un impuesto del 50% sobre cualquier cantidad que exceda esa exención.

Los relojes, que eran parte de la colección presidencial y no de propiedad personal de Bolsonaro, habrían estado exentos del impuesto si se hubieran destinado a Brasil como regalo oficial de Arabia Saudita. 

Sin embargo, un colaborador cercano de Bolsonaro, Mauro Cid, vendió en junio de 2022 un Rolex y un Patek Philippe por un total de 68.000 dólares a una tienda en Estados Unidos. Ambos relojes habían sido regalados por Arabia Saudita en 2019. Cid admitió su culpabilidad y colaboró con las autoridades en la investigación.

A pesar de las acusaciones y las investigaciones en su contra, Bolsonaro mantiene un fuerte apoyo político entre su base, como se demostró en una gran protesta en febrero, donde aproximadamente 185.000 personas bloquearon la principal avenida de Sao Paulo en señal de respaldo al expresidente, a quien consideran víctima de persecución política.

En contraste, sus detractores, especialmente del Partido de los Trabajadores de su rival Luiz Inácio Lula da Silva, han celebrado cada avance en las investigaciones y han pedido en repetidas ocasiones su arresto.

El año pasado, el Tribunal Electoral Supremo de Brasil dictaminó que Bolsonaro abusó de sus poderes presidenciales durante su campaña de reelección en 2022, lo que le impide postularse para cualquier cargo hasta 2030. El caso se centró en una reunión donde Bolsonaro utilizó recursos del gobierno y la televisión estatal para afirmar a embajadores extranjeros que el sistema electoral brasileño estaba manipulado.

En otra línea, se espera que Bolsonaro se reúna este fin de semana con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante una conferencia conservadora en Balneário Camboriú, al sur de Brasil.

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