A través de dos décadas, Argentina fue construyendo un mecanismo cuyo fracaso indiscutible condiciona el futuro de todos sus habitantes: con montos millonarios destinados a distintos planes y programas de asistencia social, la pobreza no hizo más que crecer y ni siquiera esas prestaciones alcanzan para aliviar las penurias de la mitad de los argentinos. No sólo eso: con sus arcas vacías, al Estado le cuesta cada vez más sostener esa delicada arquitectura, inútil para el desarrollo humano de los beneficiarios pero aún indispensable para que su vida no empeore. Pero tampoco es todo: en esos laberintos de dinero y necesidades, gerentes de la pobreza y víctimas de sus negociados, florecieron distintas clases de ladrones.

Luego de una investigacion de la ANSeS, el ministerio de Capital Humano denunció ante la justicia federal un millonario fraude al Estado por el cobro indebido y tramposo de Asignaciones Universales por Embarazo, el sostén estatal para embarazadas de bajos recursos. Gestaciones falsas, certificados truchos, médicos cómplices y papeles adulterados fueron detectados en distintos distritos del país, cuyo análisis delineó distintos artilugios para cobrar las asignaciones indebidadamente. La ministra Sandra Pettovello ordenó presentar esa investigacion en la justicia, y ya está en manos del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González.

La llave para acceder a una Asignación por Embarazo es un formulario llamado PS 2.67, que incluye la solicitud de la beneficiaria y la firma, sello y documentación del médico obstetra que certifica el embarazo y las fechas de parto o pérdida. Si todo está OK, el dinero empieza a fluir cada 30 días durante un máximo de nueves meses. Pero en la ANSeS detectaron y agruparon cuatro tipos de estafas con ese simple trámite:

• Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento: Se detectaron solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.

• Simulación de interrupciones de embarazo: En otros casos, se presentaron solicitudes de AUE acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.

• Certificados con fechas de parto futuras: También se detectaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos que luego se incluirían en las categorías de fraude ya mencionadas.

• Certificaciones inválidas y retenidas: En numerosos casos, ANSES rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias notables, tales como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia.

En la denuncia penal, Capital Humano calculó un perjuicio patrimonial promedio a la ANSES de casi 105 millones de pesos. «Bastará un simple razonamiento», dice el texto al que accedió Clarín: «si consideramos que actualmente el pago en concepto de AUE es de 70.231,17 pesos mensuales, por cada beneficiario, y en el presente se denuncia 166 casos», se llega a esa cifra.

Pero en los papeles del ministerio admiten que la cuenta de las pérdidas no son tan lineales, y trazaron dos escenarios. En el de máxima, «si los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100 por ciento de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a 165.959.199 pesos a valores actuales.»

En un «escenario específico», la cuenta es menor: los Grupos I y III (80 casos) cobraron el 80 por ciento de la prestación durante 9 meses; el Grupo II (12 casos) cobró el 100 por ciento durante 6 meses, el Grupo IV (111 casos) no llegó a percibir ninguna prestación. «En este escenario, el perjuicio estimado es de 58.862.376 pesos.

Las irregularidades fueron registradas en oficinas de la ANSeS de Capital, gran Buenos Aires y Santa Cruz. La mayor cantidad de casos se halló «en las oficinas porteñas de Retiro, como así también en las oficinas de Marcos Paz, Regional Bonaerense IV, Turdera, Lomas de Zamora, Trujui, Moreno, Río Gallegos, Rafael Calzada, Almirante Brown, González Catán II y La Matanza». En el ministerio de Pettovello están seguros de que encontrarán trapicheos en más lugares.

La acusación penal es por defraudación a la administración pública, falsificación de documentos, uso de documento falso o adulterado en al menos 92 hechos, asimismo, y tentativas de defraudaciones en otros numerosos casos.

«En respuesta a estas maniobras, el Ministerio de Capital Humano y ANSES reafirma su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites. Estas medidas asegurarán un control más eficiente y seguro de los recursos destinados a la seguridad social», advirtieron desde el gobierno.