El presidente Javier Milei reapareció este viernes en la feria de Expoagro tras los graves incidentes que se registraron el último miércoles en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de jubilados y le dio un fuerte respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo acompañó durante su discurso.

«Quiero agradecer la presencia de la doctora Bullrich, por su enorme trabajado defendiendo y sosteniendo los valores de la Republica donde ello lo requiera», dijo el Presidente al comienzo de su exposición, con la ministra sentada a su lado.

Luego se refirió directamente a lo que sucedió en la marcha convocada por barrabravas y militantes sociales y de izquierda. «Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos y queman autos y amenazan a la gente porque no quieren perder curros esos son los malos y los vamos a meter presos», enfatizó.

«Vamos a defender la República porque no vienen contra mi, vienen contra ustedes, yo solo estoy en el medio. Si acelero en las curvas ahora voy a acelerar mucho más», agregó.

«Además de Bullrich, Milei también estuvo acompañado por el diputado José Luis Espert, a quien también le dedicó unas palabras: «También quiero dar las gracias a Espert que me acompañó el año pasado y está haciendo una tarea titánica, ciclopia en el Congreso».

En un mensaje al campo, el Presidente sostuvo que el Gobierno viene «a sacarle el peso del Estado de la espalda de los productores». En este punto, remarcó que «es falso que el desarrollo industrial deba darse pisándole la cabeza al campo».

«Se utilizó la prosperidad de un sector como el agropecuario para financiar otros déficit», cuestionó.

Una denuncia judicial presentada en Paraná sacude a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y expone una serie de prácticas que parecen más propias de una organización mafiosa que de una fuerza de seguridad del estado. La oficial Silvina Andrea Dechanzi, numeraria de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) en Entre Ríos, acusó formalmente al jefe de la unidad, el subinspector Hernán Arrieta, por coacción agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violencia institucional con perspectiva de género.

La presentación, a la que accedió REALPOLITIK, no escatima en detalles: Arrieta habría forzado a Dechanzi a redactar informes bajo amenazas, la habría degradado verbalmente con insultos misóginos, y la habría expuesto públicamente con el objetivo de humillarla y forzar su salida de la institución. Todo esto, enmarcado en un patrón sistemático de persecución y violencia laboral que incluye gritos, amenazas, sanciones infundadas y comentarios degradantes frente a compañeros de trabajo.

“Cállate, maleducada… Ponete a laburar, inútil… No me importa tu jerarquía ni tu formación”, fueron algunas de las frases con las que Arrieta se dirigió a la oficial, según el escrito judicial. El detonante de la situación fue una simple consulta: Dechanzi preguntó por qué había sido removida de su puesto de jefa de turno. La respuesta fue una furiosa agresión verbal por parte del subinspector, quien terminó la discusión azotando la puerta de la oficina con violencia, en presencia de otros oficiales.

Pero lo que podría parecer un episodio aislado, forma parte -según la denunciante- de una política sistemática de acoso, violencia institucional y discriminación dentro de la fuerza, avalada por la cúpula regional. Dechanzi sostiene que Arrieta se jacta de su amistad con el jefe de región y que actúa con impunidad absoluta, incluso para ejecutar venganzas personales. Uno de los motivos de su ensañamiento sería una situación ocurrida en 2016, cuando la oficial fue testigo de un acto violento protagonizado por Arrieta y elevó el hecho a sus superiores. Desde entonces, comenzó lo que ella describe como una campaña para destruir su carrera dentro del organismo que conduce Alfredo Hernán Gallardo.

El expediente judicial también menciona graves irregularidades institucionales, como la impresión de órdenes operativas reservadas en oficinas ajenas a la PSA, en manos de la esposa del propio Arrieta, empleada de Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Cuando Dechanzi se opuso a esta práctica por considerarla una violación a la confidencialidad operativa, las represalias se intensificaron.

El denunciado Hernán Arrieta.

La denuncia invoca, además, las normas internacionales de protección a las mujeres en ámbitos institucionales, como la Convención de Belém do Pará, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la ley 26.485 de violencia contra las mujeres, argumentando que el accionar del subinspector constituye una forma de violencia laboral e institucional basada en género, un delito grave cuando el agresor es, además, funcionario público armado.

La situación expone una vez más la doble vara y el silencio cómplice con el que se maneja gran parte de la estructura jerárquica de las fuerzas de seguridad en la Argentina, hoy bajo el control de la ministra Patricia Bullrich. Mientras el discurso oficial habla de igualdad de género, protección institucional y modernización del sistema, dentro de las oficinas y pasillos de organismos como la PSA, siguen operando castas de jefes que reproducen lógicas feudales y autoritarias.

Hasta el momento, no se conocen sanciones contra el denunciado. El expediente judicial ya se encuentra en manos de la justicia de Entre Ríos. Sin embargo, la denunciante teme por su estabilidad laboral y, sobre todo, por su integridad psicológica y física. (www.REALPOLITIK.com.ar)