“En el año 2020, cuando cambia el gobierno y asume el intendente Sergio Barenghi, la jueza de Faltas anterior renuncia. Se prometió la realización de un concurso público para designar al nuevo juez, pero esto nunca ocurrió. Durante casi un año, el ejecutivo manejó el juzgado de Faltas a su criterio, lo cual generó múltiples problemas en la comunidad”, explicó Moisés Vázquez.

En paralelo, se implementó un sistema de fotomultas en la ruta nacional Nro. 5, gestionado en conjunto con una empresa de Chivilcoy. “Se trata de un esquema recaudatorio. Durante 2024 se emitieron más de 4300 multas, pero el Concejo Deliberante no recibió informes detallados sobre los ingresos generados ni el destino de esos fondos. Este vacío de información es gravísimo”, denunció.

El periodista también señaló la falta de controles sobre el sistema y la persecución estatal hacia los ciudadanos. “El secretario de Tránsito llegó a declarar públicamente que los infractores son ‘lacras y futuros delincuentes’. Se promovió un estado policial que criminaliza las infracciones de tránsito, llegando incluso a casos de violencia como golpizas y hostigamiento a jóvenes. Todo esto tiene un único objetivo: recaudar”, afirmó.

Vázquez advirtió sobre las consecuencias sociales y económicas de estas políticas. “Las multas son excesivamente caras y muchas veces imposibles de pagar. Esto lleva a que las personas no puedan retirar sus vehículos, lo que termina alimentando otro negocio, el de la compactación. Además, motos han desaparecido de los depósitos municipales sin ninguna explicación. Es un desorden que perjudica a la ciudadanía trabajadora”, aseguró.

Sobre la reciente designación del juez de faltas, Vázquez cuestionó el proceso. “Finalmente nombraron a Franco Hernández, un empleado municipal cercano al secretario de Gobierno, pero no se respetó el concurso que había sido anunciado. Además, fuentes internas aseguran que el juzgado no tiene acceso al sistema de fotomultas, lo que profundiza la falta de transparencia”, indicó.

El director de El Censor de Bragado lamentó que la justicia siga sin actuar para frenar estas irregularidades. “A nivel provincial, el Tribunal de Cuentas intervino 89 juzgados de faltas, pero en Bragado no sabemos qué se hizo con el dinero recaudado ni cómo se manejaron las multas. El problema es filosófico: el estado debería garantizar el orden y no buscar el enriquecimiento a costa de los ciudadanos”, agregó.

La situación en Bragado evidencia un escenario de abuso de poder y opacidad en la gestión pública, que afecta directamente a la población y que, según Vázquez, necesita mayor compromiso y transparencia. “Es fundamental que la gente sea consciente de lo que está ocurriendo. El estado no puede seguir siendo ajeno a las necesidades y derechos de su ciudadanía”, cerró. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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