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Inseguridad y narcotráfico: diputados de la oposición proponen que la reunión de comisión se haga en Rosario

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El bloque de la UCR por intermedio del diputado Mario Barletta, propuso la emergencia en materia de seguridad pública en toda la provincia hasta el próximo 31 de diciembre.

El narcotráfico y el sicariato han aumentado considerablemente en los últimos días, generando un clima de tensión e incertidumbre en toda la población. Se requiere una respuesta inmediata del Estado, a través de medidas concretas para garantizar el bienestar y la seguridad”, argumentó el legislador.

También busca fortalecer la actuación de las fuerzas federales de seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado. La producción y tráfico de estupefacientes. La corrupción de niños, niñas y adolescentes; terrorismo; las privaciones ilegítimas de la libertad agravada; los delitos aduaneros; los secuestros extorsivos y la trata de personas.

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Efectivos de Gendarmería Nacional en Rosario. (Foto: Fredy Bustos/El Doce)
Efectivos de Gendarmería Nacional en Rosario. (Foto: Fredy Bustos/El Doce)

La pasada semana se intentó debatir esta iniciativa, que se sumó a las de otros sectores, pero naufragó cuando no se alcanzó el quórum (129 diputados presentes) para generar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, rosarino de la zona sur de la ciudad, pidió conformar la comisión de Seguridad Interior y tener su primera reunión en Rosario, “debatir junto al gobernador (Maximiliano Pullaro) y a las autoridades del territorio”, anticipó el diputado.

Desde el PRO el santafesino José Núñez le dijo a TN que “no se puede vivir al margen de la ley, ni aceptar que el narco regule la vida de la ciudadanía. Necesitamos inversión en equipamiento para las fuerzas, para la construcción de penales y, urgentemente, para contar con un centro de monitoreo que permita que cada barrio de la ciudad esté controlado de forma permanente“. Ya en junio de 2023 el diputado Núñez presentó un proyecto tendiente a tipificar como actos de terrorismo y, en consecuencia, investigadas y juzgadas las amenazas y balaceras contra viviendas, comercios, restaurantes, estaciones de servicio, clubes, edificios de gobierno y escuelas.

Otras iniciativas son las propuestas de los socialistas de Santa Fe que acompañan la declaración de emergencia, que como señalaron Mónica Fein y Esteban Paulón,”la venimos reclamando hace dos años”, pero suman la creación de una Agencia de decomiso de estupefacientes, una Agencia especial para la lucha contra el narcotráfico con el objetivo del trabajo conjunto entre la provincia y la Nación. Institucionalización de las acciones concretas para la lucha contra el crimen organizado, principalmente contra el lavado de dinero. Proyectos que ya fueron presentados y perdieron estado parlamentario.

Patricia Bullrich saludando a las fuerzas de seguridad que llegaron a Rosario. (Foto: Reuters)
Patricia Bullrich saludando a las fuerzas de seguridad que llegaron a Rosario. (Foto: Reuters)

Ahora deberán conformar la comisión de Seguridad Interior, de esa manera se podrá iniciar el trabajo de discutir los proyectos y encontrar consensos a las iniciativas de los diputados. Mientras esperan el ingreso al Parlamento de los proyectos que ya anticipó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

Entre otras medidas, una ley denominada Antimafia o Antibanda, basada en legislación implementada en los EE. UU. y en Italia que lucharon durante décadas contra el crimen organizado. Aplicación de la ley Antiterrorista y está en estudio una modificación a la Ley de Seguridad Interior para permitir la participación, además de tareas logísticas, de las Fuerzas Armadas, en este último punto también está trabajando el ministro de Defensa, Luis Petri.

Desde Justicia se proyecta una modificación al Código Penal de la Nación, elevando penas previstas para el narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados. Un proyecto que permita decomisar bienes de las bandas de delincuentes, una ley de extinción de dominio.

¿Cómo viven el día a día los diputados?

Varios de los legisladores por la provincia de Santa Fe viven, junto a sus familias, en la ciudad de Rosario. TN pudo dialogar con representantes de diferentes sectores políticos en su rol de vecinos de la ciudad.

Germán Martínez (UxP): “Con las mismas angustias que tienen todos los rosarinos y rosarinas. Vivo en un barrio de Rosario, mis hijos van a la escuela pública. Van al club Central Córdoba, soy de la zona sur y vivimos con la misma preocupación. Me molesta cuando algunos hablan de la ciudad de Rosario con tanta distancia afectiva, no solamente efectiva, y queremos traer un debate que permita sintonizar con la frecuencia de los rosarinos y rosarinas”.

Eduardo Toniolli (UxP): “Vivo en la zona sur de la ciudad de Rosario. No vivo ni en un country, ni en un barrio cerrado, ni en una torre de la costanera, ni en el centro. Desde hace mucho tiempo la actividad de la vida cotidiana se encuentra alterada básicamente por esta situación crítica en materia de seguridad pública. Llego a mi casa y tengo que mirar tres o cuatro veces antes de entrar. Cambiar los horarios y terminar más temprano alguna actividad”.

José Núñez (PRO): ”En Rosario desde hace años sufrimos el crecimiento de la narco criminalidad, con situaciones de mucha violencia que en principio parecían circunscritas a determinados barrios o sectores de la ciudad, pero que se han extendido por todo el territorio. El gobierno anterior, entre sus excusas para no combatir a las bandas, solía argumentar que los asesinatos eran ajustes de cuentas entre grupos enemistados. Sin embargo, sabemos que toda la población vive en riesgo y que lamentamos permanentemente la muerte de víctimas inocentes“.

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Mónica Fein (socialista en Hacemos Coalición Federal): “Vivimos como todos los rosarinos, con preocupación, con angustias y con temores. También con suspensión de actividades, mis nietos van a escuela pública, tuvieron días sin clases. Se retomó el transporte público. Vivo como cualquier familia rosarina. Nunca tuve ni tendré custodia particular, ni cuando fui intendenta (de Rosario), ni ahora que soy diputada. Vivo en la misma casa desde hace veinte años en un barrio de Rosario. Vivo lo mismo que todas las familias rosarinas”.

Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza): “Tomo precauciones, al tener un nivel de exposición uno debe cuidarse más tomando los recaudos de seguridad del caso. Toda la ciudadanía lo está haciendo, hay mucha preocupación porque esta situación ha trascendido los ataques entre las propias bandas. Ya lo hemos visto que le puede pasar a cualquier rosarino, además cualquiera puede estar a merced de esto (el narcotráfico) en cualquier momento. Por eso extremamos las medidas de seguridad, las salidas, sobre todo en los hijos que son la mayor preocupación. No hemos llegado al punto de tener miedo, pero si hay cautela, hay precaución. Si bien uno siempre tenía el cuidado de no andar por determinadas zonas en determinados horarios uno tenía cierta tranquilidad. Hoy en día eso cambió y por eso hay que tomar mayores recaudos”.

El Senado, con su agenda

Desde la Cámara de Senadores, la legisladora Carolina Losada (UCR), hizo una moción de preferencia para que en una próxima sesión se trate su proyecto de declaración de Emergencia en materia de Seguridad para la provincia de Santa Fe. “Hoy la situación está peor que nunca. Hay una especie de Estado de sitio, ya que la gente no sale a la calle por temor”, dijo en el recinto.



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La Corte Suprema declaró constitucional la ley que obliga a usar cinturón de seguridad en todo el país

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes por unanimidad el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todo el país. El incumplimiento del mismo será sancionado como una falta vial, es por ello que quienes no lo utilicen podrán ser multados.

En noviembre de 2014, un control de tránsito detuvo a un conductor, llamado por sus siglas D.S.G, cuando circulaba por la intersección de Acceso Norte y Reconquista, en el departamento mendocino de Las Heras. Tal como indica la norma provincial, al advertir que no llevaba puesto el cinturón, el oficial de tránsito le hizo una multa.

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Es por ello que D.S.G planteó la inconstitucionalidad de la ley que lo obligaba a usar cinturón cuando se desplazaba en la calle como único ocupante del vehículo. Sostuvo que, en esas condiciones, utilizar o no cinturón era una acción que no afectaba a terceros y debía quedar exenta de control estatal, en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo 19 dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Los conductores que no utilicen cinturón de seguridad serán multados. Es una norma que rige para todo el país. (Foto: GCBA)

Por unanimidad, la Corte rechazó este planteo de D.S.G y convalidó hoy la constitucionalidad del uso obligatorio del cinturón. Con diferentes votos, los jueces coincidieron en que las normas que regulan el tránsito vehicular buscan coordinar la acción de diferentes actores que interactúan entre sí.

En el caso puntual, señalaron que el uso obligatorio del cinturón se justificaba en la prevención de un riesgo a terceros. En el caso de si se produce un accidente, la falta del conductor puede aumentar las probabilidades de pérdida de control de su auto y, por ende, afectar directamente a terceros.

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En su sentencia, la Corte reafirmó su línea jurisprudencial que protege constitucionalmente las acciones privadas de la intervención estatal, pero indicó que el planteo de D.S.G se encuentra por fuera de la citada protección.

La Corte recordó que “la protección de la salud (tal el objetivo de la cláusula local que considera falta grave conducir sin cinturón y cabezales de seguridad, instrumentos diseñados para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente, con el fin de que no se lesione al hacer de freno del cuerpo frente a la brusca desaceleración producida por el impacto) tiene consagración jurídica en épocas relativamente recientes y está vinculada al llamado Estado de Bienestar”. También, que “la tutela de la salud en el específico ámbito vial, el problema de la indiferencia o de la atención jurídica por las consecuencias de la actividad ha tenido distintas etapas de regulación”.

La defensa del conductor que inició el reclamo y la contundente respuesta de la Corte

En su examen, el Máximo Tribunal dijo que D.S.G, en su presentación, sostiene que frente al derecho a la salud hay otro derecho a la “no salud” que, encuadrado dentro de la elección personal de la forma de vida (y eventualmente de muerte), tiene la misma entidad y reclama similar tutela jurídica.

En ese marco, la Corte recorrió su doctrina relativa a los alcances del artículo 19 que “asegura a cada persona un ámbito de libertad en el cual ella es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valor por sobre su propia vida”. Asimismo, remarcó que “la reserva de este ámbito de autonomía constituye un rasgo característico de nuestro orden constitucional”.

La Corta, además, explicó que “la obligación del uso del cinturón de seguridad en la vía pública –cuyo incumplimiento es sancionado como una falta– no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual, ya que lo que procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que es una de las hipótesis previstas por el mencionado artículo 19 para habilitar la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados”.

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El recurrente, señaló el Máximo Tribunal, “sostiene que el uso obligatorio del cinturón agravia sus convicciones liberales –incluso cuando otros las reputen imprudentes- pero en su presentación no refuta el riesgo a terceros en que la sentencia del tribunal local justifica la validez de ese deber”. Se trata, de acuerdo a lo que apuntó la Corte, de “terceros que también tienen convicciones y para cuyo ejercicio requieren gozar de la vida; una vida que puede peligrar por la actitud omisiva de conductores como el recurrente de estos autos”.

Por ello, entendió que “el obrar del actor está incurso dentro de las acciones y omisiones sujetos a la regulación estatal, la que, en este caso, está plasmada en la ley provincial de tránsito y en un plan general de seguridad vial”.

Corte Suprema, cinturón de seguridad, Ley

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