Las imágenes surgieron en el marco de la denuncia por violencia de género que la ex primera dama presentó contra su entonces pareja, el ex presidente Alberto Fernández. En lugar de centrar su pronunciamiento en la gravedad de la denuncia y en la responsabilidad del agresor, el ministerio de las Mujeres del gobierno de Axel Kicillof, bajo la dirección de Estela Díaz, optó por criticar a los medios de comunicación que expusieron las pruebas de la violencia sufrida por Fabiola Yañez. Según el comunicado, la difusión de dichas imágenes «refuerza la violencia» y «vulnera derechos fundamentales”.

Esta reacción no es una sorpresa si se considera el historial del gobierno de Kicillof en temas de violencia de género cuando involucran a figuras de su propio espacio político. Es preocupante que en casos recientes, como la denuncia por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y las acusaciones contra el ex senador Jorge «El Loco» Romero, el ministerio de las Mujeres haya mantenido un silencio cómplice.

El caso de Jorge Romero es particularmente revelador: a pesar de las denuncias, fue despedido con honores en su última sesión en el Senado. Esto refleja la postura que ha tomado el gobierno de Kicillof cuando se trata de enfrentar a sus propios dirigentes en casos de violencia de género.

Más aún, la ministra Estela Díaz ha demostrado una preocupante incoherencia en su gestión al cerrar alianzas cuestionables. Un ejemplo claro es su reciente colaboración con el padre Carlos Pont Gasques, conocido por encubrir al cura pedófilo Eduardo Lorenzo, para asistir a mujeres en situación de violencia en barrios pobres.

Hoy, Kicillof y el denunciado Fernando Espinoza se mostraron juntos en un acto en La Rioja.

La respuesta del ministerio de las Mujeres de la provincia ante la denuncia contra Alberto Fernández se enmarca en una serie de acciones y omisiones que han favorecido el encubrimiento y la falta de responsabilidad en casos de violencia de género dentro del oficialismo. En lugar de centrar su esfuerzo en la protección de las víctimas y la denuncia de los agresores, se ha optado por proteger a los aliados políticos, desviando la atención hacia quienes exponen la realidad de los hechos.

Este caso pone en evidencia las contradicciones y la falta de compromiso genuino con la lucha contra la violencia de género en la gestión de Kicillof, y deja en claro que la protección del aparato político parece estar por encima de la justicia y la protección de las víctimas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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