Javier Milei buscará darle respaldo legislativo a las modificaciones que propuso en materia de trabajo a través del DNU 70/2023 y que fueron resistidas por la Corte Suprema. Según pudo saber TN, enviará la reforma laboral al Congreso y mientras que postergará la reestructuración del sistema previsional para luego del Pacto de Mayo

Ante la declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Nacional del Trabajo, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, hizo en febrero una presentación judicial ante el máximo tribunal apuntando contra la Confederación General del Trabajo (CGT) para intentar revertir el fallo.

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En la cúpula del Gobierno todavía no decidieron la postura que tomarán ante los jueces supremos en línea con la actividad de la comisión de Juicio Político. Reconocen que la relación será determinante, ya que consideran que gran parte de sus reformas por decreto serán judicializadas.

Es por eso que el Ejecutivo apunta a incluir la reforma laboral que enviará al Congreso en los puntos que cree innegociables en la reunión del viernes a las 15 ante los gobernadores. “Es parte del marco legal que queremos instalar para darle garantías a los inversores y que se flexibilice el mercado”, expresó a TN un funcionario.

El Gobierno propone una “flexibilización laboral”, a través de la eliminación de multas por trabajo mal registrado previstas por la ley 27.430 y el blanqueo de contrataciones informales previas. Incluye también la derogación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Además, se quiere modificar el régimen actual de indemnizaciones por un sistema de fondo de cese laboral como el que implementa la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) con un aporte mensual máximo del 8% de la remuneración.

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El Ejecutivo también busca limitar el derecho a huelga con la declaración del servicio esencial del 50% de las áreas de salud, transporte, telecomunicaciones, cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.

Propone la prohibición de los bloqueos en las empresas y establecer la optatividad del pago de la cuota solidaria de los afiliados de los sindicatos, medida que afectaría su recaudación. Además, busca extender el plazo del período de prueba a los ocho meses.

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El Gobierno quiere reformar la legislación laboral en línea con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones y las desregulaciones hidrocarburíferas y mineras. Quieren darle prioridad a los ejes que tengan incidencia directa en la economía.

Además, les ofrecerán el tratado del capítulo fiscal junto con la restitución del impuesto a las Ganancias, la moratoria impositiva, Bienes Personales, el blanqueo y la reforma previsional junto con una predisposición de diálogo de Nación respecto a las deudas de las provincias.

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El Ejecutivo volverá a intentar impulsar la suspensión de la fórmula jubilatoria actual para establecer aumentos por decreto con indexación a la inflación mensual hasta que se trabaje un nuevo cálculo. En la Casa Rosada quieren que sea consensuado con la oposición.

Lo que posterga Milei es la reestructuración del sistema previsional que trabaja el equipo del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para el Pacto de Mayo. Según pudo saber TN, el documento incluye la baja de los jubilados que entraron en las últimas moratorias, la extensión de la edad jubilatoria de las mujeres y la implementación de un esquema similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).