El lunes 17 de febrero la expectativa de los funcionarios públicos de San Luis estarán puestas en la Lotería provincial, pero no por un premio millonario. Allí se hará el primer sorteo del narcotest, similar al antidóping en el deporte y destinado a 1500 miembros de los tres poderes del Estado provincial. Aprobado por ley, este control toxicológico prevé fuertes sanciones en caso de dar positivo. Lo que empieza en los bolilleros sigue en los bolsillos de los funcionarios, que deberán pagar el costo del análisis. Y puede terminar con un decreto terminal.

La normativa del control toxicológico surgió a partir de una iniciativa de la diputada Marisa Patafio, perteneciente al espacio del gobernador Claudio Poggi, que en 2023 ganó las elecciones en una alianza con Juntos por el Cambio y cortó con la hegemonía de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.

En un primer momento, la iniciativa no alcanzó los votos necesarios para avanzar en la Legislatura y Poggi presionó a través de la publicación de un decreto de alcance para él, su vice y los ministros.

Ese decreto logró un revuelo en las redes y pocos días después la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto. Finalmente, el 12 de noviembre el Senado provincial lo convirtió en ley por unanimidad bajo el pomposo título de «Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico».

Esta semana, casi tres meses más tarde, quedó conformada la autoridad de aplicación, con integrantes de los tres poderes del Estado, y se definieron los detalles de ejecución de la norma. «Todos los funcionarios públicos están identificados por un número que será entregado a la Caja Social y Financiera de San Luis, responsable de la Lotería. El mismo lunes se le pedirá que del número total de los 1500 funcionarios y agentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, haga el sorteo por 100″, puntualizó a Clarín Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis.

Bazla integra el organismo junto a Ivanna Vanessa Alvarado Magallanes, del Poder Judicial; y al senador provincial Said Alume y al diputado provincial José Cabañez Lanza, ambos por el Legislativo.

Esta semana girará los 1500 números a la Lotería de San Luis y el lunes 17 se sorteará el primer centenar, con presencia de escribano público. La autoridad de aplicación -la única que tendrá la información- notificará a los 100 funcionarios por correo o whatsapp, que tendrán 24 horas para presentarse a realizar el estudio de ejemplaridad y coherencia. O, como lo bautizaron en redes, el narcotest.

«Quien se oponga o no asista a la segunda notificación en el caso del Poder Ejecutivo cesa en sus funciones. En el caso del Judicial y del Legislativo, queda incurso en mal ejercicio de las funciones y, por lo tanto, sujeto al jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente», remarca Bazla.

El control lo realizará la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Se buscarán restos de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras drogas legales en cantidades excesivas.

Según la ley, «el examen toxicológico se realizará a través de un ensayo de ‘screening’ mediante examen bioquímico y, ante la obtención de un resultado positivo de alguna o todas las sustancias controladas, a pedido del interesado, debe ser confirmado mediante el método de referencia ‘Cromatografía de líquidos asociada a espectrometría de masa’ o el método que lo sustituya a futuro, siempre que cumpla con los parámetros analíticos establecidos».

«El análisis deberá detectar como mínimo la presencia de AMP anfetaminas, THC tetrahidrocannabinol (marihuana), COC cocaína, OPI opiáceos (heroína, morfina, metadona), BAR barbitúricos, BZO benzodiazepinas, TCA antidepresivos tricíclicos, MDMA metilenedioximetanfetaminas (éxtasis), MOP morfina y PCP fenciclidina», detalla la norma.

En diciembre, el costo estimado era de $40.000. La ley establece que corre por cuenta del empleado sorteado. Pero el precio final aún no está definido: esta semana harán la consulta oficial del valor para los primeros análisis.

«Primero, el sorteado hace una declaración jurada de lo que consume. Si por ejemplo aparece un consumo excesivo de clonazepam, se le pedirá la prescripción médica», aclara Bazla.

Estiman que harán un sorteo por mes, con la quita de los 100 que ya participaron del sorteo. El segundo control sería en marzo, pero tendrá un total de 1400 funcionarios públicos, de los que también saldrán 100 para hacerse los estudios. La ley establece la obligatoriedad y la aleatoriedad en el sorteo.

En la reglamentación, el Ejecutivo detalló a quiénes alcanza en la primera etapa. Además del gobernador, el vice y los ministros del gabinete, el universo abarca a los secretarios de Estado, directores, subdirectores, jefes de áreas y los funcionarios de entes descentralizados como Hospital Central Ramón Carrillo, los Laboratorios Puntanos y «San Luis Agua», entre otros 29 entes.

Por el lado del Legislativo, la norma comprende a senadores y diputados provinciales y a miembros de las mesas directivas de ambas cámaras. Mientras que del Poder Judicial, incluye a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, a los camaristas, a los jueces de primera instancia, y también a los fiscales y defensores. A eso se suman miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo y su adjunto.

En una segunda etapa lo aplicarán al personal de la Policía de San Luis, el Servicio Penitenciario provincial y al personal de la Salud pública.

«Hay dos tipos de análisis. El primero es para ver si existe consumo de drogas o no. Ese está a cargo de la Universidad Nacional de San Luis», remarca el secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis.

Si el resultado es positivo, sin importar el poder del Estado, el testeado tendrá la posibilidad de pedir una contraprueba, que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba. El costo es mucho más elevado, de unos $150.000, y también corre por cuenta del empleado que lo requiera.

«En caso de dar positivo se va a analizar la proporción. Por ejemplo, en una escala de 1 a 10, si da 2 va a tener un tratamiento de contención que estará a cargo de un centro de prevención de adicciones, en especial para el personal policial, del Servicio Penitenciario y personal de la salud pública», sostiene Bazla.

Si el análisis positivo es en el Poder Ejecutivo, el gobernador dictará un decreto de cese de sus funciones. «En el caso de los diputados y senadores, constituye causal de juicio político y se comunica al organismo interno del Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Judicial, se formula ante el jurado de enjuiciamiento», especifica Bazla.

«¿Un porro salta?», fue una de las preguntas frecuentes que llegaron a la entidad de aplicación. «En la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis nos señalaron que un consumo bajo de drogas recreativas no aparece en los análisis», señaló Bazla y reconoció que es una de las consultas habituales entre los empleados provinciales. Pero además, están las quejas de los gremios estatales.

«Se aplicará en cada área la legislación vigente para ayudar a quien dé positivo en su recuperación, con licencias o las medidas que se deban tomar de acuerdo a la reglamentación de cada cartera, tanto la de Seguridad como la de Salud. Además, a principios de año creamos la dirección de asistencia y prevención a las adicciones, que funciona en la ciudad de San Luis», había señalado Poggi cuando firmó el decreto.

«Estamos dando un paso muy importante en la lucha contra este flagelo, una lucha contra los que venden drogas ilegales; y estamos dando una lucha muy importante para cuidar a nuestra familia, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La droga enferma a nuestros chicos y les complica la vida a las familias, porque un chico que está enfermo, cuando le falta dinero para consumir, hace cosas que no queremos que haga, entonces crece la inseguridad, es cada vez más violenta y tenemos que cortarla», sostuvo por entonces el gobernador.

El 21 de noviembre del año pasado, cuando solo estaba el decreto, le tocó al vicegobernador Ricardo Endeiza y lo posteó en sus redes: «Esta mañana me realicé el examen toxicológico establecido por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la Lucha contra el Narcotráfico. La prueba se realizó en un laboratorio de la UNSL, asegurando la independencia y objetividad de los resultados».