El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pidió que se restituya un decreto de 2017 en el que se permitía extraditar a extranjeros sin ciudadanía que delinquen.

La normativa había sido implementada por el entonces presidente Mauricio Macri e imponía, además, mayores restricciones al ingreso de ciudadanos de otros países a la Argentina.

Leé también: Ley Ómnibus: el Gobierno da señales de flexibilidad y surge un cauteloso optimismo en la oposición dialoguista

“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, escribió en sus redes sociales el mandatario porteño, y se refirió a un hecho delictivo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido, detalló: “Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina”.

Ante esta situación, Macri reclamó: “Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.

“Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, cerró el mensaje.

Mauricio Macri fue quien firmó el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. En el mismo argumentó que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”. Además, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

Leé también: Fuerte cruce entre Cafiero y Espert en el debate de la Ley Ómnibus: “No me cortes el micrófono, autoritario”

En aquel entonces, el argumento se centró en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” como también en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de lo detenidos por el delito de narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33%.

Por otra parte, en el decreto también se prohibía el ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes -en el país o el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

Además, la prohibición de ingreso también regía para quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

De esta manera, La Ley de Migraciones indicaba que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -si eran residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años para los no residentes. Este cambio amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo era necesario un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.

Sin embargo, aquel decreto fue derogado durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021. En la argumentación detallaron que el DNU había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Asimismo, indicaron que esta política no mostró “mejoras ponderables en otros aspectos” y que “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.