Mientras fue secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider recibió dinero en efectivo que sumó, a lo largo de cuatro años, el equivalente a un millón de dólares. En una primera reconstrucción realizada por Infobae, se constató que manejó entre 2018 y 2019 una cifra superior a USD 500 mil a través de una autorización legal.

Ahora se pudo comprobar que durante los años 2016 y 2017 tuvo a su disposición otro monto similar. Fue luego de una transferencia de partidas realizada vía decreto por el ex gobernador Gustavo Bordet.

Estos recursos llegaban a su oficina en fajos de billetes dos veces al mes, al principio y a mitad del período, durante cuatro años. El monto total presupuestado era dividido por doce meses. Y en cada quincena se le hacía llegar a sus manos un 50% de esa cuota mensual.

El procedimiento, según pudo reconstruir este medio, era el siguiente. El primer paso era una nota firmada por Kueider en la que solicitaba al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación que se le haga entrega de un determinado monto. Esto debía tomarse de la partida 3.9.2. Ese número correspondía en el nomenclador a los gastos reservados.

Con ese escrito se iniciaba un expediente. A la solicitud se le agrega una autorización del gasto y una orden de pago. Todo tenía la rúbrica de Kueider. Con esa documentación, se solicitaban los fondos a la Tesorería General de la Provincia. De allí salía un cheque nominado a la orden del Contable de Gobernación.

Las autoridades de esta dependencia administrativa endosaban el cheque a favor de una persona que trabajaba en el área. Lo hacían “en procuración”. Este tipo de operación permite al portador del valor conferir su representación para exigir el pago sin transmitir su propiedad y sin tener que recurrir a las formalidades del mandato.

Una vez al mes, con una mochila que se compró al efecto, esta persona iba a la sede central del Banco de Entre Ríos y cobraba el cheque en ventanilla.

Al regresar a Casa de Gobierno, los fajos de billetes eran acomodados en la caja fuerte del Tesoro Provincial. El dinero no se contaba. Los primeros días de cada mes o cuando se había cumplido la quincena, Kueider llamaba al Contable de la Gobernación a través del sistema Cronos, una red telefónica interna del Gobierno de Entre Ríos que permite intercomunicar a todas las oficinas del Estado. Estas comunicaciones no quedan registradas.

Ese llamado implicaba que había que llevarle dinero. La operación se realizaba después de las 13. A esa hora termina el turno de trabajo de la planta de personal y la Casa de Gobierno queda casi vacía. El dinero se preparaba en Tesorería dentro de bolsas de residuos y de cajas de resmas de papel para evitar que quedara a la vista. Es que la persona que debía llevarlo hasta el despacho de Kueider tenía que caminar 50 metros por las galerías de la Casa de Gobierno y atravesar una guardia policial antes de llegar a destino.

Por cada entrega de dinero que se hacía, el secretario general de la Gobernación firmaba un recibo oficial emitido por el SIAF (Sistema Integrado de Información Financiera). Kueider no debía rendir ante los órganos de control en qué utilizaba el dinero. Solo tenía que constar que había llegado a sus manos. Solía quejarse de que le entregaran billetes chicos, de cien pesos. En esos años, las denominaciones más grandes eran de $500 y $1.000.

Antes de darle destino final, Kueider guardaba el efectivo en una caja fuerte. Estaba en una dependencia muy pequeña, pegada a su oficina. No estaba empotrada en la pared. Las nuevas autoridades no la encontraron.

El recibo se adjuntaba a la nota, la autorización del gasto y la orden de pago y se sumaban al legajo de caja diaria de la Tesorería de la Provincia. La documentación era luego rendida al Tribunal de Cuentas.

El detalle de los montos que manejó Kueider durante los cuatro años es el siguiente:

2016 – $ 3,6 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 14,97 – USD 240.080

2017 – $ 5,1 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 16,77 – USD 304.114

2018 – $ 8,35 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 28,61 – USD 291.913

2019 – $ 10,062 millones – Valor promedio del dólar oficial 49,72 – USD 202.373

El total del período suma, aproximadamente, USD 1.038.480.

El marco legal

A partir de 2018, regía la ley provincial 10.533 que establecía que los gastos reservados quedaban en manos de la Secretaría General de la Gobernación. Pero durante 2016 y 2017 Kueider pudo manejar esos recursos luego de que Bordet se los otorgara por decreto.

Los gastos reservados estuvieron en poder del Ministerio de Gobierno hasta 2015. Cuando asumió la gobernación, Bordet colocó en esa cartera a Mauro Urribarri, hijo de su antecesor Sergio Urribarri. La intención del nuevo mandatario era restarle poder al ex gobernador. Y por eso dictó dos decretos para quitarle el manejo de estos fondos que no requieren rendición.

El primero fue el 118 del 10 de febrero de 2016. Allí se transferían los gastos reservados del Ministerio a la Secretaría General. El mecanismo utilizado fue una modificación presupuestaria por transferencia compensatoria de crédito. Es una facultad que la Legislatura otorga al gobernador en cada ley de presupuesto.

Pero esto no fue suficiente. Las áreas contables se negaron a entregar dinero de gastos reservados a Kueider porque no tenía una autorización expresa de uso. Eso se solucionó con un nuevo decreto: el 869 del 19 de abril. Allí se le otorgó al secretario general la facultad de disponer de los fondos de la partida 392, la de gastos reservados.

Los videos

Estos movimientos de dinero son algunos de los registrados por las cámaras de seguridad que Kueider hizo instalar en su oficina. Según la entrevista que dio desde Paraguay el jueves, su intención era que sirvan para hacer una suerte de “Gran Hermano”. La idea era que las filmaciones se transmitieran a través de un sitio web y mostrar cómo trabajaban él y su personal.

La historia fue distinta. Las cámaras utilizadas eran genéricas y tenían un bajo nivel de seguridad. Fueron hackeadas. Y usadas para captar los videos que se encontraron en un disco externo. El dispositivo había quedado en una prenda que Kueider dejó en un departamento que alquilaba en Buenos Aires. Cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, allanó el lugar, se topó con los registros.

La magistrada, en el último resolutorio que tomó, sospecha que el dinero que se maneja en las oficinas de Kueider podría provenir de las coimas pagadas por la firma Securitas para quedarse con el contrato de seguridad privada de la empresa provincial de energía Enersa.

Los videos corresponden a fines de 2018 y a principios de 2019. Kueider hizo una denuncia en la Justicia, alegando que habían querido extorsionarlo. Al respecto, dio varias versiones de cómo llegaron los videos a su conocimiento. En un primer momento, dijo que fue vía correo electrónico. En la entrevista que brindó el jueves pasado, afirmó que una persona (que no identificó, pero que no pertenecía a su círculo íntimo) le había hecho mención de la existencia de esas filmaciones.

Lo que consta en la denuncia es una tercera versión.

El fiscal coordinador de Paraná, Ignacio Aramberry, respondió un pedido de información pública presentado para elaborar esta nota. Indicó que Kueider expresó en su presentación que había recibido “un llamado de una persona desconocida quien le manifestó tener en su poder fotos, capturas de imágenes y videos comprometedores de funcionarios que se encontraban bajo la órbita del anoticiante”.

La denuncia tiene fecha 12 de febrero de 2019.

“Ante la falta de comprobación del hecho, se procedió al correspondiente archivo” de la causa, registrada con el N° 98079, el día 28 de marzo de 2023, concluyó Aramberry.

– “Hola Adrián. ¿El teléfono (de Sabag Montiel) lo entregaron en sobre cerrado o abierto?”, preguntó Damián Neustadt, por entonces Director de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y cortó. Eran cerca de las 9:30 de la mañana del sábado 3 de septiembre de 2022. Habían transcurrido menos de 48 horas del intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Adrián Eduardo Acosta era el jefe de Cibercrimen de la Policía Federal y había estado en el primer intento de abrir el teléfono, en Comodoro Py. El celular había partido la noche anterior hacia una dependencia de la PSA, donde apareció Neustadt.

A los 5 minutos, Nuestadt volvió a llamar a Acosta: “Adrián, ¿el teléfono estaba apagado o encendido?, insistió. Acosta no dudó: “Estaba apagado, ¿qué es lo que está pasando?”. El enviado del Ministerio de Seguridad tampoco titubeó: “El teléfono está encendido y borrado de fábrica”. A esa hora ya se habían encendido todas la alarmas. La cadena interminable de irregularidades en torno al teléfono de Sabag Montiel arrancó la misma noche del hecho y quedó expuesta en las últimas dos audiencias del juicio oral.

Las primeras sospechas apuntaron al rol de la Policía Federal.

Primer dato llamativo. No se labró un acta sobre el secuestro del aparato en el lugar del hecho.

Segundo dato. El teléfono se trasladó al juzgado de Maria Eugenia Capuchetti pasada la medianoche. En el auto viajaron Acosta, el oficial que intervino en el secuestro (Gonzalo Ruiz), un chofer, y Juan Martín Mena, por entonces viceministro de Justicia. En su declaración, este jueves, Acosta se encargó de aclarar que “no conocía” a Mena.

¿Quién decidió que la pericia se haga en el juzgado? En una declaración por escrito, el fiscal Eduardo Taiano, que intervino esa noche, sostuvo que fue una decisión de Comisario General de la PFA, Alejandro Ñamandú, que estuvo esa madrugada en el juzgado y se reunió con Capuchetti. “Le preguntamos si debíamos enviar el teléfono celular a alguna dependencia especializada de la PFA a los efectos de realizar la extracción de sus datos, a lo que nos respondió que no hacía falta, puesto que traerían a una persona especializada al juzgado para realizar la tarea”, detalló Taiano en la causa donde se investiga la responsabilidad de los peritos que manipularon el teléfono.

A las 2:49 de la madrugada se labró un acta en el juzgado que se recibía el teléfono marca Samsung, modelo SM-A50 5G con una memoria Micro SD marca Sandisk de 64 GB de capacidad, un SIM con el logo de la empresa Movistar N° 895407514458444373.

Ñamandú convenció a la jueza que la PFA tenía “personal calificado” para abrir el teléfono y que se podía hacer dentro del juzgado. Pero terminaron convocando un perito, Alejandro Heredia, que no tenía experiencia. A partir de ese momento, toda la secuencia quedó grabada por una cámara. “Se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo, no se pudo desbloquear”, declaró Acosta en la última audiencia.

A esa altura, solo se había podido acceder al contenido de la tarjeta de memoria. Ahí se encontraron varias fotos, entre ellas las que Sabag Montiel y Brenda Uliarte están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner.

El teléfono se guardó en un sobre de papel madera. “Coloqué el dispositivo en el sobre aperturado oportunamente, el cual cerré con tres ganchos de abrochadora y luego guardé en la caja fuerte de esta Secretaría, quedándome con la correspondiente llave en mi poder”, declaró el secretario del juzgado, Federico Clerc.

A partir de ese momento comenzó a discutirse cuál era el destino ideal. Acosta declaró ante el Tribunal Oral Federal 6 que había tres opciones: mandarlo a la Gendarmería, a la PSA, o a una oficina de la empresa Cellebrite en la ciudad de San Pablo. Se optó por la PSA.

La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, la oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio que el sobre estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido. El tribunal decidió hacer un careo y sumó a Neustadt, que estaba, llamativamente, en las oficinas de la PSA. El debate fue tenso pero cada uno se mantuvo en su versión original.

Para la defensa de Cristina Kirchner, el testimonio de Santillán fue “inconsistente”. Sobre el final de la audiencia del jueves, el abogado José Manuel Ubeira pidió que se extraiga testimonio y se abra una causa por falso testimonio.

La segunda pericia también fue un fracaso: el aparato terminó reseteado a valores de fábrica. Por ese motivo se abrió una causa en el juzgado de María Servini. Los peritos de la PSA se desligaron desde el comienzo. “No hay ninguna evidencia que permita inferir que este reseteo pudo haber estado vinculado causalmente a alguna irregularidad cometida en la órbita de nuestras funciones (…) Sí, en cambio, fueron detectadas irregularidades en otros tramos de la cadena de custodia”, sostuvo Kaplan.

Nuestadt declaró en ese mismo expediente que participó de la investigación desde un comienzo, por pedido de Aníbal Fernández. Luego se trasladó al juzgado y fue uno de los que le sugirió a la jueza que enviara el teléfono a la PSA o la Gendarmería, que tenían versiones más avanzadas del programa UFED. Al final, fue él mismo a la PSA, otra vez ante un reclamo de Fernández. “Ese día llegue a mi casa alrededor de las 20, 20:30hs. Venia sin dormir de toda la noche, y el Ministro me pidió que vaya a PSA porque iban a llevar el teléfono del Juzgado y que este ahí presenciando y verificando que este todo en condiciones, y que si faltaba algo lo pudiéramos resolver rápido desde el Minsiterio”, detalló.

El fiscal Ramiro González terminó pidiendo el archivo y en febrero de este año la magistrada sobreseyó a los tres peritos involucrados.

Servini llegó a la conclusión que “con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel”.

El último intento de abrir el teléfono ocurrió hace menos de un mes, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

“Ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505 G perteneciente al imputado Fernando Sabag Montiel a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado”, señalaron los seis peritos.

Ese mismo informe determinó que el reseteo a valores de fábrica fue a las 0:19:26 del sábado 3 de septiembre, cuando el celular ya estaba en manos de los peritos de la PSA. Para la Justicia, fue solo una negligencia.

La causa penal todavía no se terminó porque la querella apeló y falta una definición de la Cámara Federal.

Los investigadores tampoco dan por cerrado el tema. La jueza Capuchetti, que acaba de reasumir la investigación luego de dos años, tal como anticipó Infobae este miércoles, no descarta acudir a otros organismos, incluso fuera del país, para intentar determinar qué había en ese celular.

La otra novedad es que la jueza decidió apuntar a la Policía Federal. De hecho, su primera decisión fue pedir un sumario administrativo interno, identificado con el número 165-18-008-526/2022. Ese legajo expondría una serie de irregularidades dentro de esa fuerza en las horas posteriores al ataque.

Para Capuchetti, el sumario “proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos y que hasta ahora no fueron abordados”. ¿Hubo negligencia policial en las horas previas a la detención de Brenda Uliarte, que terminó cayendo en la estación Palermo de la línea de tren San Martín el domingo 4 de septiembre?. ¿Por qué la PFA no fue a la DAJUDECO cuando estaba intervenido el teléfono de Uliarte? Son algunas de las preguntas que se hacen los investigadores.

En la causa todavía se investiga la posible participación del diputado Gerardo Milman. Esa pista surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró el 23 de septiembre le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

El diputado reapareció en las últimas horas tras la decisión de Capuchetti. “Pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”, le dijo al sitio MDZ. Los movimientos indican que la causa pasó a otra etapa.

El debate sobre el teléfono de Sabag Montiel se reavivó por el desarrollo del juicio oral. Este jueves declararon los peritos de Gendarmería y el comisario Acosta, que no dudó en decir que “nunca hubiera recibido un sobre abierto”, como habrían hecho sus colegas de la PSA.

La audiencia comenzó con un episodio muy llamativo. El teléfono estaba en una caja grande de cartón corrugado y de repente comenzó a despedir olor a quemado. “Fue una lámpara que le dio demasiado calor”, minimizó uno de los presentes ante una consulta de Infobae. Otro de los abogados fue irónico: “Ese teléfono tiene un gualicho”.

No es el único episodio llamativo que registra ese teléfono. Uno de los militantes que redujo a Sabag Montiel en la esquina de Juncal y Uruguay, Guillermo Federico García, declaró ante la jueza Servini que recibió amenazas. “Gordo buchón fíjate lo que hablas cuando vas al juzgado de la vieja a hacerte el super testigo , kircho puto mirá que con nosotros no se jode pedazo de ortiva después vas a tener que andar mirando para atrás hasta cuando vayas a comprar al kiosco. Estas avisado dejá de hablar que sabemos todos los lugares por los que andás y no te vamos a avisar más,cerrá el orto si Ale tiene quilombo vos vas a cagar fuego”, habría sido la frase que le llegó a su cuenta de Facebook.

Otro de los testigos de la noche del atentado, identificado como Juan Ramón Meza, sostuvo que los policías que intervinieron en la detención de Sabag Montiel manipularon el teléfono. “Lo probaron a ver si prendían y figuraba como bloqueado, que la pantalla se ponía en azul no tenía patrón de seguridad, que el aparato “no reaccionaba’, que lo desarmaron, le sacaron el chip y la memoria, lo pusieron en un sobre bien cerrado, sellado y firmado”, dijo. Nadie se puso colorado.

Mientras el resto de los candidatos para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires habla de transporte, seguridad, higiene -es decir, las principales preocupaciones de los porteños-, Manuel Adorni y los referentes libertarios se enfocan centralmente en el gasto público y, en segundo plano, del concepto de “orden”. No muestran interés en dirigirse a los temas “de cercanía”, que sí abordan sus principales rivales: Silvia Lospennatto (PRO), Ramiro Marra (Libertad y Orden); Leandro Santoro (Es Ahora BA) y Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos BA).

Cuando falta un mes y medio para los comicios del 18 de mayo, el vocero apenas se refirió a las inquietudes de los porteños que aparecen en las encuestas locales. Al contrario, en su conversación con el streaming Neura, el jueves, dijo que votarlo a él era equivalente a darle respaldo a Javier Milei.

Más allá de la “motosierra”, los representantes del Gobierno no tienen una batería de propuestas concretas para la Ciudad, a diferencia del oficialismo amarillo; del financista que disputa el concepto de libertad a los Milei o la oposición más férrea que lidera el radical-K. Pero no es una falla, aseguran, sino parte de un plan.

La nacionalización de la campaña fue premeditada, y el Gobierno empezó a activarla desde el primer día, con la visita, fotografiada y difundida, a la sede de la administración de Jorge Macri con el aparato rebanador en mano, como símbolo.

Ayer, la reforzaron. En un sábado fresco del incipiente otoño, hicieron bajar al territorio a tres referentes locales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lleva el concepto de “orden”, el único que coincide con las necesidades porteñas; el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tiene buena imagen y cuya presencia refuerza la intención de recortar el gasto del GCBA; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuya participación se explica sólo por su relación con Karina Milei, pues proviene de La Rioja, lidera la Cámara de Diputados nacional y no registra índices altos de conocimiento o aprobación, más allá del apellido.

Los impuestos y el rol de los políticos (cuando son apreciados como ”casta”) aparecen en lo alto de la órbita de las preocupaciones nacionales. Pero no a nivel local, donde tallan fuerte otras, como el estado del tránsito y el transporte, la salud y la educación. Sin embargo, no hay planes de sumar a la campaña a los jefes de las áreas que inquietan a los vecinos. El secretario Franco Mogetta y los ministros Mario Lugones, aunque poderosos en el esquema de la administración nacional, tienen muy bajo perfil y brillan por su ausencia en la difusión de la plataforma de ideas libertarias para la Ciudad de Buenos Aires. Y por ahora no se informó que Sandra Pettovello, de Capital Humano, tenga planes de bajar a recorrer.

Hay ciertos pruritos internos con esta estrategia, donde prima la distancia conceptual del bastión que se busca conquistar. Y algunos funcionarios, inclusive en lo alto del Gobierno, se preguntan si los porteños estarán dispuestos a darle su voto a Milei, a través de Adorni y compañía, a pesar de que no les hablen sobre sus preocupaciones como vecinos, sino únicamente como ciudadanos nacionales.

Por ahora, esas voces no son escuchadas. “Lo único que importa es la marca”, repiten en el laboratorio elecotral de LLA que maneja Santiago Caputo. Y agregan que no los desvela que los reveses en la órbita nacional -como el caso de la criptomoneda $LIBRA, la volatilidad cambiaria o los cuestionamientos institucionales- pueden traer dudas sobre la imagen del vocero en el primer turno electoral de alto voltaje este año.

Las posiciones libertarias, de todas formas, son dinámicas. En los primeros meses del año, cuando aún no habían definido al candidato porteño, en la Casa Rosada aseguraban que no necesitaban sacrificar una figura conocida en una contienda para una Legislatura, porque bastaba con que el postulante, fuera quien fuese, tuviera el apoyo de Milei y compitiera con el sello violeta.

Al final, por el nivel de los rivales, se vieron obligados jugar a Manuel Adorni, a pesar de que el portavoz no quería rebajarse a una elección legislativa y de que les hubiera sido más útil en la pelea nacional por la Cámara de Diputados o el Senado. Por lo que nada asegura que con el pasar de las semanas, los libertarios desarrollen una plataforma más ambiciosa.

Es difícil que ocurra. Después de todo, la consigna madre del mileismo sigue siendo disminuir el rol del Estado. Por lo que cualquier promesa de acción sería contradictoria con el espíritu libertario nacional que buscan aplicar a la ciudad.