POLITICA
Kicillof repartió $28.600 millones para seguridad en 58 municipios de la provincia de Buenos Aires

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este jueves 24 de abril la entrega de 28.600 millones de pesos a 58 municipios bonaerenses, como parte de la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad creado por decreto el 18 de marzo por el gobernador Axel Kicillof.
Según la norma que creó el Fondo, el monto total destinado a combatir la inseguridad en PBA es de 71.500 millones de pesos. El saldo se repartirá entre los municipios que adhirieron a la norma en próximas entregas.
De acuerdo a lo explicitado al momento de su creación, el fondo tiene como objetivo que los municipios incorporen equipamiento como patrulleros y móviles policiales, pero también la posibilidad de realizar obras de infraestructura en comisarías, junto a otros gastos que demanda paras las fuerzas la tarea de brindar seguridad en el territorio.
Kicillof había anunciado en marzo la medida, asegurando que se toma en paralelo al reclamo que mantiene el estado provincial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la presidencia de Javier Milei, por el recorte de partidas presupuestarias que, según el mandatario, el jefe de Estado nacional “le robó” a los bonaerenses.
“Esta es una inversión provincial que ejecutarán cada uno de los distritos: trabajamos de forma coordinada porque nos votaron para que el Estado funcione mejor y brinde respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, explicó el gobernador.
“Este gran esfuerzo, con el que vamos a seguir sumando patrulleros, equipamiento y tecnología en los 135 municipios, no implica que dejemos de reclamar ante la Corte Suprema los recursos que la Nación les quitó a los y las bonaerenses de manera ilegal”, había declarado en marzo Kicillof. La misma queja la viene planteando en las intervenciones públicas en las que alude al problema.
Los 58 municipios que adhirieron al decreto N°371/2025 que creó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad son los siguientes:
Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Campana, Junín, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingo, José C. Paz, Olavarría, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Tres de febrero, Pergamino, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Vicente López, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Vicente, Tandil, Tigre, Bolívar, Saavedra, Zárate, 25 de mayo, Carlos Casares, Pellegrini, Coronel Dorrego, Dolores, Ensenada, Lincoln, Rivadavia, Escobar, Saladillo, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, San Fernando
El gobierno bonaerense explicó, además, que la inversión forma parte de un plan más amplio. En total, la inversión total prevista es de $170.000 millones, que se destinará a los 135 municipios bonaerenses. “Este plan incluye no solo el fortalecimiento de los distritos que forman parte del fondo, sino también un aumento significativo en los recursos asignados a los municipios adheridos al Régimen de Policías Comunales, cuyos fondos se triplicaron desde abril”, indicaron fuentes oficiales.
En paralelo a los anuncios de las inversiones, el gobernador Kicillof mantuvo las quejas dirigidas a la Casa Rosada por los recortes sufridos. “Dicen explícitamente que quieren fundir a las provincias pero esos recursos son el fruto del esfuerzo de los trabajadores bonaerenses y deben ser utilizados por el Estado nacional para cumplir con sus obligaciones”, reclamó.
“Desde la Provincia podemos trabajar todos los días para compensar esta situación, pero un país federal no puede prescindir del Gobierno nacional”, agregó.
El mandatario bonaerense había explicado semanas antes en qué consiste la queja en la Corte contra el gobierno nacional y de cuánto es el monto. “El Gobierno nacional le robó a la provincia de Buenos Aires un fondo de $750.000 millones que se destinaba íntegramente a la adquisición de patrulleros, la compra de equipamiento y la mejora de la remuneración del personal policial: no era plata para la casta ni para la política, era para que las y los bonaerenses estén más seguros”, explicó.
POLITICA
Antes de viajar al funeral de Francisco, Milei encabezó un evento junto a dos críticos del Papa

Antes de su viaje a Roma para asistir al funeral del papa Francisco, el presidente Javier Milei encabezó una clase en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade). Allí le entregó el Doctorado Honoris Causa al economista español Jesús Huerta de Soto, proveniente de la escuela austríaca y al que el mandatario argentino definió como “el anarcocapitalista más importante del mundo”.
A pesar del vuelo a Roma, su participación en Eseade se extendió más de dos horas, donde hubo presencia destacada del académico libertario Alberto Benegas Lynch (h), otro de los mentores de Milei y quien fundó la universidad en 1978. Paradójicamente, se trata de quien, en medio de un acto en el cierre de la campaña presidencial de 2023, instó a Milei a “romper relaciones con el Vaticano mientras prime el espíritu totalitario”.
Huerta de Soto no se reserva sus diferencias, incluso ahora. Esta mañana, entrevistado en A24, manifestó su pesar por el fallecimiento, pero afirmó que el Papa, luego de su muerte, podrá conocer la “verdad moral” y darse cuenta de que el Estado es “el anticristo”. También dijo que “Dios es infinitamente misericordioso, perdona hasta los pecados y los errores más graves”, en alusión al pensamiento de Jorge Bergoglio.
Como parte de la premiación, Milei brindó un discurso en donde destacó la influencia de su “gurú” en materia económica e hizo un recorrido por sus principales banderas, entre ellas, la política de déficit cero y la baja de la inflación. “Estamos llevando a cabo una estabilización exitosa”, aseguró. Además, y pese al 3,7% mensual registrado en marzo, remarcó que las proyecciones de inflación “hoy viajan al 6% anual”, y afirmó que la Argentina está “a décimas” de su pico histórico de PBI.
En ese sentido, a su vez, le envió un mensaje a sus detractores: “Primero dijeron que no íbamos a poder bajar la inflación, y efectivamente lo estamos haciendo. Entonces, dijeron que lo que íbamos a generar era una nueva gran depresión. Pero en abril [de 2024] ya empezaron a darse cuenta de que no iba a ser así”.

Y continuó: “Pero no solo eso, también dijeron que iba a haber una recuperación suave. Que todo sería muy lento e insostenible socialmente, dada la impaciencia tradicional de los argentinos. Sin embargo, después empezaron a decir que era la pipita de Nike muy suave. Después, que era la pipita de Nike. Después, no les quedó otra que admitir que efectivamente era una V corta. Y hoy, cuando miramos los números, tenemos una tilde”.
Por otro lado, le dedicó un capítulo a la reducción de la pobreza durante lo que va de su estadía al frente de la Casa Rosada e hizo referencia a la herencia social del gobierno anterior. “El 57% de pobreza ya existía en diciembre (de 2023). Lo único que nosotros hicimos fue sincerar los precios y hoy ese número está debajo del 35%. Es decir, bajamos la pobreza en 6 meses o un año, si usted quiere, en 22 puntos porcentuales, sacando de la pobreza a más de 10 millones de argentinos. Vaya que la teoría funciona”.
El raid de Milei junto a Huerta de Soto comenzó a la mañana temprano en los estudios de A24, donde el presidente irrumpió al aire durante una entrevista al economista español. Allí también se encontraban su vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, y el diputado y postulante bonaerense, José Luis Espert.
Luego de la entrevista televisiva, Huerta de Soto, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos (dirige un máster especializado en la Escuela Austríaca de Economía), se trasladó hacia la Casa Rosada pasadas las 11.30, donde se mostró con una amplia delegación de más de 20 integrantes, a fin de compartir un almuerzo con el mandatario nacional.
Por último, el Presidente arribó a las 18.53 a la cita en la sede de Eseade, en Palermo, rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Sin hacer declaraciones a la prensa, saludó a distancia a puñado de vecinos y seguidores. Luego se dirigió hacia una hilera de efectivos de la Policía Federal, acarició a uno de los perros de la fuerza, y estrechó las manos con un cura de la lindante Parroquia Sagrada Eucaristía, que se acercó para verlo.
Con la comitiva llegó también la diputada Lilia Lemoine, mientras que en la universidad ya lo aguardaban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri, y los funcionarios Iñaki Gutiérrez y Santiago Oría.
En la previa, efectivos de la Casa Militar, el Ejército y la Policía Federal vallaron la calle, inspeccionaron cada uno de los autos estacionados y sobrevolaron con drones la zona.
A la salida, pasadas las 21, Milei se acercó a quienes lo esperaban, un número más importante de personas, donde firmó autógrafos y se sacó fotos de una punta a la otra de las vallas. Al retirarse, antes de subirse al auto presidencial, exclamó su grito insignia, “Viva la libertad, carajo”, y emprendió el recorrido para viajar a Roma.
POLITICA
FeSiMuBo: “Hay intendentes peronistas ofreciendo un 2 por ciento de aumento mensual para los municipales»

“Lo tomamos casi como una burla. Nos prometen en reuniones, incluso personales con el ministro de Trabajo de la provincia, pero siguen dilatando esta convocatoria que es clave para los trabajadores, para los intendentes y para el pueblo al que brindamos nuestros servicios”, aseguró Víctor González.
El dirigente explicó que la ley 14.656 establece la creación de un consejo consultivo no vinculante, con once representantes sindicales y once del sector de los intendentes, cuyo objetivo es facilitar y hacer más amigables las negociaciones salariales. Sin embargo, según indicó, la convocatoria oficial nunca llegó. “Hubo compromisos en septiembre, luego en marzo, pero todo quedó en promesas. La paciencia tiene un límite, y ya lo fijamos”, advirtió.
Frente a esta situación, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses decidió avanzar con medidas de acción directa. “El 8 de abril hubo un plenario de secretarios generales que facultó al Consejo Directivo a definir una metodología de protesta. Nos reunimos en el sindicato de La Plata con importantes regionales del conurbano, donde se debatimos si habrá una o varias movilizaciones, cortes de ruta, o ambas cosas. Pero de que habrá medidas, las habrá”, confirmó.
Además, González puso en duda la legitimidad de algunos encuentros difundidos por el gobierno provincial en redes sociales. “No fue una reunión del Consejo Consultivo. Fue con una federación que no cumple con los requisitos legales de representatividad para estar sentada en ese consejo. Nos preocupa que se busque incorporar sindicatos que son más permeables al poder político”, señaló, diferenciando a FeSiMuBo como la organización con mayor cantidad de afiliados municipales en la provincia.
Consultado sobre si este reclamo tenía alguna intencionalidad política, fue contundente: “Nosotros no estamos haciendo política partidaria, estamos defendiendo los intereses de los trabajadores. Esta demanda la sostenemos desde hace años, con todos los gobiernos. Con María Eugenai Vidal fue aún peor: quiso suspender la ley y marchamos a la Legislatura. No es contra Axel Kicillof, es por los derechos de los municipales”.
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Causa Seguros: la Justicia profundiza la investigación sobre un posible testaferro de Alberto Fernández

La Justicia tiene pendiente resolver el posible procesamiento de Alberto Fernández en la causa Nación Seguros. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, el nuevo juez a cargo, Sebastián Casanello, ordenó profundizar una línea de investigación vinculada a un posible testaferro del expresidente.
El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta presidencial de Olivos y amigo personal de Fernández. Además, le solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) un informe detallado sobre su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.
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La hipótesis que investiga la Justicia es si Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Héctor Martínez Sosa, broker que también está bajo la lupa en esta causa. Se trata de un requerimiento clave en esta etapa de la investigación para determinar el veradero rol de este hombre.
En la causa Seguros se investiga un decreto de la gestión de Alberto Fernández que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Ese decreto fue derogado en la gestión de Javier Milei.
En este sentido, la Justicia tiene en la mira la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del exmandatario. Los 39 involucrados ya prestaron declaración indagatoria, por lo que está pendiente su eventual procesamiento.
Causa Seguros: la Justicia profundiza la investigación sobre un posible testaferro de Alberto Fernández
Un dato clave en esa línea de investigación es que, aunque Rodríguez vivía en la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández en la Casa Rosada, también ocupaba una vivienda ubicada en la calle Maestra Elizarraga al 2600, Martínez, que en realidad pertenecía a Martínez Sosa.
Desde que asumió la causa en febrero, Casanello avanza en el análisis de los vínculos entre los protagonistas. En ese sentido, también pidió a ARCA un informe en el que se detallen las relaciones de Daniel Rodríguez con Alberto Ángel Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y la empresa “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.”.
El objetivo del juez es entender el rol que cada uno de ellos tuvo en los hechos investigados.
Aunque no hay plazos definidos, en el juzgado trabajan para resolver “lo más pronto posible” la situación procesal de Fernández, que está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
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Semanas atrás, Casanello ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández; del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano; de Martínez Sosa; de su esposa, María Cantero —histórica secretaria del exmandatario—; del broker Pablo Torres García; y de las firmas Bachellier, San Ignacio, San Germán, TGG Broker, entre otras. En total, son 51 personas físicas y jurídicas alcanzadas por la medida.
En su presentación ante la Justicia, Alberto Fernández declaró que no incurrió en ninguna irregularidad o acto de corrupción relacionado con el decreto que involucra a Nación Seguros: el exjefe de Estado negó categóricamente haber ayudado a su amigo Héctor Martínez Sosa a conseguir contratos con el Estado como broker.
Fernández, que se negó a responder las preguntas del juez Julián Ercolini (que estaba entonces a cargo de la causa) y el fiscal Carlos Rívolo, defendió el decreto 823/2021, que obligó a las entidades estatales a contratar pólizas a través de Nación Seguros. “En lugar de pagarles a empresas privadas, podíamos direccionar esos recursos a una aseguradora que los dirigía a Banco Nación para mejorar la existencia crediticia”, señaló.
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