El Gobierno se encamina a convertir el primer gol de la segunda y última etapa de su mandato, para empezar a ilusionarse con el objetivo de competir por el campeonato de la reelección dentro de dos años.

Después de haber transcurrido la primera mitad de la gestión sin un presupuesto propio y habiendo exprimido las ventajas del obsoleto cálculo hecho ya hace tres años por Sergio Massa, el oficialismo confía en contar con el número de manos en el Congreso que voten sin demasiados cambios el proyecto elaborado para 2026.

Los punteos y las conversaciones fuera de micrófono permiten justificar ese optimismo. Aunque algunos gobernadores no oficialistas, reconvertidos en amigables dialoguistas y a los que responde una cantidad de legisladores suficientes para que Milei tenga su presupuesto, todavía expongan reparos. No pretenden obstaculizar sino que solo buscan obtener algunos beneficios para sus administraciones y evitar nuevos perjuicios, que se sumen a los ya sufridos y sobre los que esperan alguna mitigación. Pero sin demasiadas expectativas.

El triunfo electoral por un margen mayor al esperado hasta por el oficialismo y la consecuente crisis terminal de representación nacional del perokirchnerismo, que, hasta el 26 de octubre, era todavía la principal fuerza opositora (más aún entre el 7 de septiembre y esa fecha), cambió abruptamente la geografía política.

Ese cambio sustantivo del panorama político está a poco de consagrarse en el Congreso con el tratamiento del presupuesto, aunque resta ver los matices que la trama tendrá, así como los detalles de la escenografía que se impondrá.

El ya no tan flamante ministro del Interior, Diego Santilli, ha constatado tanto la disposición absoluta de la mayoría de los mandamases provinciales a darle esa ley clave al Gobierno, como también las dificultades que empieza a sufrir para dar respuestas definitivas a las demandas que recibe.

“Si me dicen que solo tengo un chupetín para ofrecer yo me la banco y negocio con eso. Pero lo único que necesito es que cuando me lo acepten los gobernadores y los jefes de bloques, los chupetines aparezcan”, advirtió desde un principio el titular de la cartera política. La promesa del primer piso de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda de que contará con esos adminículos sigue en pie, tanto como los temores de Santilli y sus colaboradores sobre si estarán en tiempo y si cuando aparezcan tendrán el tamaño y las formas prometidas.

Será la prueba de fuego sobre la administración del éxito electoral y la renovada recuperación de la aceptación social que tienen Milei y su gobierno. La prevención ante un exceso de entusiasmo y un regreso a las raíces de la intolerancia y la imposición están vigentes en los nuevos funcionarios llegados después del 26 de octubre.

Los números de las encuestas sobre la imagen del Presidente y la opinión respecto de su gestión superado el test electoral han vuelto a parecerse a los de principios de este año, según la última encuesta de Poliarquía difundida anteayer. Allí, la imagen positiva del Gobierno sube once puntos respecto de octubre y llega a 44%. También aumentó el porcentaje de los que creen que el Gobierno toma decisiones pensando en la mayoría de la gente.

“La mayoría de estos índices recuperan gran parte del terreno perdido durante este año y regresan a valores cercanos a los máximos de la gestión libertaria observados durante el verano de 2025. A su vez, la percepción sobre la situación macroeconómica y las expectativas inflacionarias muestran señales de alivio”, dice en su introducción el informe que acompaña a la encuesta.

El positivo resultado para el Gobierno y la referencia temporal tienen enorme relevancia porque, como dice el informe, “esta mejora convive con economías familiares muy tensionadas (queja por bajos salarios, no crecimiento del consumo, ajustes generalizados y temor al desempleo)”.

Es decir, de lo que se habla es de una recuperación de las expectativas antes que de mejoras en la calidad de vida personal de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, eso parece suficiente para la renovación del crédito social, después de los fogonazos cambiarios, las caídas (dispares) de la actividad económica, del consumo y del empleo, así como el leve repunte y luego un estancamiento en la baja de la inflación registrados durante este año.

El regreso a los valores de aprobación de principios de año indica que el resultado electoral y la intervención rescatista del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump le han permitido a Milei y a su equipo superar esas tormentas y contingencias político-económicas que lo tuvieron al borde del abismo y un poco más.

La caída en la aprobación al Presidente y su gestión encuentra su punto de partida el 14 de febrero, fatídico día de los enamorados mileístas, en el que estalló el escándalo $LIBRA.

Entonces empezaron a salir a la luz evidencias de opacidades (y algo más) que involucraban al Presidente y a su hermanísima, que, a la par de un sostenido deterioro de variables económico-financieras, daños autoinfligidos y medidas erróneas, expusieron las primeras demostraciones de una dura disputa interna en la cima del poder libertario y la evidencia de que viejos hábitos de “la casta” sobrevivían en una gobierno que llegó con la promesa de que venía a ponerles fin.

Al mismo tiempo, Milei y el equipo económico, encabezado por Luis Caputo, maltrataba a opositores amigables e incumplía promesas con las que había construido el soporte político que acompañaba al soporte social durante el primer año de mandato.

Todo eso es lo que, tras el triunfo electoral, se promete reparar ahora. Aunque deberá hacerlo con mucha eficiencia y celeridad. El crédito no es eterno y el apoyo tiene bemoles.

Una parte significativa (el 30%) de los que votaron a los candidatos libertarios lo hizo “por oposición al kirchnerismo”, según la encuesta citada de Poliarquía. Ese porcentaje equivale a casi 12 de los 40 puntos que obtuvo la boleta violeta. En tanto, los que votaron a La Libertad Avanza principalmente “porque les gusta Milei” fueron el 58%, lo que indica que el núcleo duro mileísta sigue por debajo del 30% del total de electores y que el temor a un regreso al pasado fue decisivo.

La derrota del perokirchnerismo y la crisis que atraviesa en el orden nacional estaría despejando la variable del miedo y abriendo un vacío que el Gobierno debe llenar con respuestas, antes de que otros espacios encuentren terreno apto para ser ocupado.

En ese escenario adquiere significación la sucesión y acumulación de novedades vinculadas con escándalos de corrupción que ha ocupado la agenda pública en los últimos diez días.

El inicio del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas kirchneristas, con la difusión de las impactantes declaraciones acumuladas durante la etapa de investigación, vino a coincidir con nuevas y graves revelaciones sobre el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sobre el caso $LIBRA, ocurridos y conocidos solo en los primeros 20 meses de la gestión mileísta.

La conjunción parece destinada a superar toda capacidad de asombro y a exponer el altísimo umbral de tolerancia, de anestesiamiento o naturalización de la sociedad ante los negociados que han armado, compartido y disfrutado y siguen haciéndolo importantes funcionarios y poderosos empresarios venales. Muchos de los cuales vienen haciéndolo desde hace muchos años y como parte de ese pasado a cuyo retorno tanto temen los votantes violetas.

Así, el país partido en dos mitades desiguales entre el mileísmo triunfante y el kirchnerismo declinante ofreció esta semana una demostración casi perfecta tanto de cuánto importa el temor a un descalabro económico general como personal a la hora de evaluar gobiernos, así como de la extensión de la degradación de la ética pública sin distinción de ideologías, hasta convertir a la corrupción en una pandemia para la que la Argentina no encuentra vacunas.

Resulta interesante que ante las pruebas documentales y testimoniales las máximas autoridades de los gobiernos involucrados se muestran como víctimas de conjuras u optan por el silencio como si eso no hubiera sucedido o no esté sucediendo, más confiados en la fe de sus fieles que temerosos de las dudas de los agnósticos.

En el show cloacal de estos días, al ya inveterado y muy gastado alegato negacionista y conspiranoico al que han recurrido y siguen recurriendo Cristina Kirchner y sus adherentes, ahora se le suma el hermetismo de Javier Milei y los suyos ante los casos que involucran a funcionarios de su gobierno que tienen o tenían estrechos y frecuentes vínculos personales con el propio Presidente, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, y con otros altos funcionarios o colaboradores del jefe del Estado.

La saga de los Calvete padre e hija, que empezó con los audios del ahora desterrado amigo y abogado personal de Milei, Diego Spagnuolo, no solo ya tiene sus propios cuadernos y sobres con cientos de miles de dólares encontrados en allanamientos, sino que llegó hasta el interior mismo del Ministerio de Economía.

El caso golpeó, además, al replegado gurú Santiago Caputo, quien habría influido para que la pareja de la adinerada y ahora exfuncionaria Ornella Calvete, Javier Cardini, llegara a ser subsecretario de Gestión Productiva de esa cartera, cargo al que después de varios días de titubeos fue despojado. Las gestiones de Cardini parecen haber sido efectivamente muy productivas, aunque no está claro que lo hayan sido para el interés general.

La sombra de las disputas entre Karina Milei y el asesor volvieron a proyectarse, tanto como la de la gran influencia que este último y sus hermanos tienen en el ministerio a cargo del tío Luis.

Pero no es solo eso, también ha repuesto en el mundo económico-financiero rumores sobre grandes ganadores (nacionales y extranjeros) durante los días de temblores cambiarios. Por la magnitud de los réditos obtenidos hay quienes instalan la sospecha de que parecían haber contado con información privilegiada antes que con una dosis de audacia temeraria para arriesgar sumas millonarias. Habrá que probarlo, pero no será fácil. En ese universo hay instrumentos más difíciles de seguir que valijas o sobres. De todas maneras, varios economistas y abogados ya han advertido públicamente que algunos funcionarios importantes podrían enfrentar, nuevamente, citaciones judiciales. Obviamente, una vez que dejen el poder, como ya es habitual en la Argentina.

Mientras la economía se encarrile, el vacío opositor persista, el Gobierno goce de apoyo social, el esponsoreo y la intervención trumpistas se mantengan y el oficialismo no vuelva a autoinfligirse heridas o a convertir aliados en enemigos, todos podrían estar tranquilos.

De todas maneras, hay momentos en que asalta una duda más que legítima. ¿Es la realidad lo que vemos a diario desde hace casi tres décadas y, sobre todo, lo que se concentró en la última semana? ¿O estamos dentro de un laboratorio sometidos a un test de resistencia de los materiales que componen el cuerpo y el alma de los argentinos?

Por ahora, es una duda retórica. El Truman Show Cloacal no impediría que el Gobierno convierta el primer gol después de las elecciones. Como en el fútbol argentino.

Con la “mesa política” del poder acelerando la marcha, y a veinte días del recambio parlamentario, el Gobierno suma aliados en el Congreso y se aproxima a la mayoría necesaria para aprobar la ley de presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias. Nadie quiere, en los pasillos de Balcarce 50, pecar de suficiencia, pero el consenso entre los responsables de conseguir el apoyo de diputados y senadores es que el número está allí, al alcance de la mano.

En el fárrago de negociaciones diarias, la coincidencia entre los referentes del oficialismo, gobernadores aliados y espacios dialoguistas sobre la necesidad de definir el esquema de gastos e ingresos del próximo año fortalece la posibilidad de un acuerdo. El objetivo: tener el presupuesto antes de que finalice 2025.

“Hay optimismo, pero todavía falta”, se atajan cerca del ministro del Interior, Diego Santilli, cuya principal tarea desde que asumió el cargo es la de sumar voluntades de los gobernadores, no sólo para el presupuesto, sino también para las leyes de segunda generación que el presidente Javier Milei quiere tener aprobadas durante el próximo verano. Por lo bajo, el titular de la cartera política asegura en conversaciones reservadas que “cree” que el presupuesto “se aprobará”, pero se niega a dar precisiones.

Para la Casa Rosada, coinciden distintas fuentes oficiales, lograr la aprobación del presupuesto y del proyecto de “Inocencia Fiscal” −diseñado para incentivar la formalización de ahorros en dólares− sería un gesto institucional hacia la nueva etapa política y una señal valorada por sus socios en Washington. Para los gobernadores, en cambio, este es el momento para asegurar contrapartidas concretas para sus provincias, en una pulseada con idas y vueltas a la que todavía le faltan algunos rounds adicionales.

Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúan con su ronda de consultas con los gobernadores. El viernes, el titular de la cartera política visitó Santiago del Estero donde se llevó el compromiso de Gerardo Zamora para avanzar con el Presupuesto.

El martes Santilli viajará a Misiones con el mismo objetivo. En paralelo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y la senadora electa, Patricia Bullrich, conducen la estrategia parlamentaria del oficialismo, respaldados por el envión electoral del 26 de octubre. La Libertad Avanza (LLA) pasó de 35 a 91 diputados y de seis a 20 senadores. Confirmado en su puesto, Menem disputa ahora la primera minoría con Unión por la Patria (UP), que por el momento retiene 96 bancas en Diputados bajo un bloque unificado.

“Ninguno de los gobernadores nos pide demasiado”, contestan cerca de Adorni, quien junto a Santilli espera culminar, en las próximas semanas, las reuniones con los veinte gobernadores y vicegobernadores a quienes Milei recibió en Casa Rosada cuatro días después de su triunfo electoral.

En las últimas semanas, el Gobierno ya movió fichas y amplió su base. Sumó a los bullrichistas en ambas cámaras, incorporó a los radicales “peluca” en Diputados y ahora busca atraer a los legisladores sueltos: los dos del MID, los tres tucumanos del gobernador Osvaldo Jaldo −que busca recomponer su vínculo con Milei pese a haber competido con Fuerza Patria−, los tres salteños del mandatario Gustavo Sáenz, los dos sanjuaninos de Marcelo Orrego y la santafesina Verónica Razzini (Futuro y Libertad). “Sumarnos al bloque era algo natural, ya trabajábamos juntos y [Martín] Menem tendrá 94 diputados que le respondan sin tener que negociar con cada uno”, afirmó a el diputado radical Luis Picat, recién incorporado al bloque libertario.

También insistirá con los cuatro misioneros alineados con el caudillo misionero Carlos Rovira, aunque un reciente decreto presidencial tensionó el vínculo: al quitarle al Instituto Nacional de Yerba Marte (INYM) la potestad de fijar el precio de la yerba mate, el Gobierno desreguló un mercado central para Misiones. Y el encuentro con Zamora, coinciden en la Casa Rosada, era clave: el gobernador, que en unos días le pasará la posta del poder santiagueño a su secretario de toda la vida, Elías Suárez, maneja nada menos que siete diputados y tres senadores.

La UCR atraviesa su propia puja interna mientras intenta reconstruir un bloque unificado que preserve su peso institucional. Entre los 12 diputados radicales electos, seis muestran sintonía con el Gobierno: los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay (referentes de Alfredo Cornejo); los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero (del espacio de Leandro Zdero), la bonaerense Karina Banfi y el correntino Diógenes González (cercano al gobernador radical Gustavo Valdés).

En un punto intermedio se ubican los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán −aliados al gobernador Carlos Sadir−, y el entrerriano Darío Schneider, que fue en alianza con LLA pero mantiene anclaje radical. En el extremo crítico aparecen sólo Pablo Juliano (referente de Facundo Manes), Martín Lousteau y Marcela Coletta.

En paralelo, el Gobierno intenta atraer a los que están cerca y fracturar al resto de los bloques, sobre todo al peronismo. En ese operativo participan el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, bajo la supervisión de Karina Milei, quien tomó esta semana la conducción de la mesa política, con Milei en la quinta de Olivos y el asesor Santiago Caputo en un estudiado segundo plano. Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, también participa del “poroteo”, avalado por Karina Milei aunque aún, en lo formal, fuera de la mesa política. Todos miran al ministro de Economía, Luis Caputo, el encargado del aval final a las concesiones para cada gobernador.

Como parte de ese esfuerzo por sumar voluntades, el Poder Ejecutivo avisó que incluiría en el temario de extraordinarias la reforma a la Ley de Glaciares, un reclamo histórico de las provincias mineras para redefinir el área periglacial y habilitar inversiones frenadas por la normativa ambiental. Con esta modificación técnica, sin costo fiscal aparente ni impacto en su narrativa política, Milei busca acercarse a provincias cordilleranas que suman 13 diputados dispersos en distintos bloques y cuatro senadores. El guiño apunta, sobre todo, a San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca.

Los cuatro diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil se adelantaron y anunciaron su salida del bloque de UP. Es que a Jalil le ofrecieron, además, el traspaso de YMAD −una empresa minera con caja propia− a la órbita provincial. Con este paquete, el oficialismo calcula un universo de 112 legisladores más inclinados a acompañar que a bloquear.

La ofensiva complica a Pro, con quien LLA mantiene una tirantez creciente. El oficialismo ya captó a ocho de sus dirigentes y amenaza con llevarse más. El macrismo exige que el presupuesto incluya el 1,55% de coparticipación para la Ciudad, tal como dispuso la Corte, pero el bloque está dividido: una mayoría respaldaría el proyecto sin esa cláusula, mientras otra fracción podría endurecerse. El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, intenta por estas horas evitar que el malestar termine en nuevas fugas.

En este tablero de reformas técnicas, desregulaciones y pactos provinciales se definirá la suerte del presupuesto, que el oficialismo quiere empezar a tratar horas después de la jura de los nuevos legisladores. En Diputados, el Gobierno calcula unos 120 votos entre propios y aliados, a nueve de la mayoría absoluta. En el Senado, la suma de los 20 libertarios, la decena de radicales, los cinco de Pro y algunos representantes provinciales −como Edith Terenzi (Chubut) o Beatriz Ávila (Tucumán)− también configura un escenario favorable para Milei. “Primero asumen los diputados y senadores, después se verá”, se atajan en un despacho clave de Casa Rosada, confiados pero dispuestos a sostener la respiración y la confianza hasta el 10 de diciembre.