POLITICA
La Convención Nacional de la UCR rechazó la Ley Ómnibus y aseguró que es “improvisada y poco democrática”
La Convención Nacional de la UCR rechazó la Ley Ómnibus (Foto: Télam).El comunicado de la Convención nacional de la UCR. (Foto: captura de X/@ConvencionUCR).
La Convención Nacional de la UCR se reunió de urgencia el viernes y rechazó “la forma y el fondo” de la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei.
En el texto, titu lado “El radicalismo frente a la Ley Ómnibus del Gobierno”, los radicales tratan a la iniciativa de “improvisada y poco democrática” y solicitaron que las y los diputados impulsen un “dictamen propio y autónomo”.
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“Comprendemos el momento dificilísimo que vive nuestro país, consecuencia del pésimo gobierno que concluyó en 2023, pero no queremos que estos se agraven a partir de iniciativas improvisadas y poco democráticas que quiere llevar adelante el nuevo gobierno”, advierte el texto.
Asimismo, los radicales recalcaron que “cuestionan la mayoría de las iniciativas propuestas por el gobierno, como las facultades delegadas, la derogación de la fórmula jubilatoria, la suba de las retenciones para las economías regionales, las privatizaciones y la modificación del régimen electoral, entre muchas otras”.
Además, dijeron ser “enfáticos sobre aquellos puntos que no están formulados como centrales para el gobierno —cuestiones ambientales, de género, de cultura, científicos, entre otros— que nos resultan tan claves y rebatibles como los primeros”.
Por eso, la convención encargó a sus diputados que elaboren un dictamen propio, “autónomo del proyecto” que envió Milei y “ligado a los propósitos e ideales del radicalismo”.
“Los miembros de este organismo nos pronunciamos contrarios de la forma y del fondo del proyecto. Sobre el modo de haber llevado al parlamento estas iniciativas somos sumamente críticos, sobre todo teniendo en cuenta las convicciones republicanas que enarbolamos históricamente desde el radicalismo”, sostuvo el órgano partidario en el comunicado que difundió en sus redes sociales.
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También destacaron el trabajo que están realizando para conciliar dos aspectos: “Dar las herramientas indispensables de gobernabilidad al nuevo gobierno, votado por 15 millones de argentinos” y, a la vez, “mantener sin menoscabo nuestros ideales”.
Luego manifestaron la necesidad de “procurar un dictamen propio del proyecto, que contemple los ideales del radicalismo y que pueda servir de base para obtener el consenso de otras fuerzas políticas que compartan nuestros valores democráticos, republicanos y federales”.
POLITICA
El Gobierno avanza con los exámenes a empleados públicos para recortar las áreas del Estado
Como parte de su plan de recorte al Estado, el Gobierno que comanda Javier Milei, busca deshacerse de gran parte de la plantilla de empleados públicos. Por ello, iniciará esta semana con las evaluaciones previstas para los trabajadores que tengan contratos temerarios en alguna de las áreas gubernamentales.
Se trata de 40 mil empleados temporales que se someterán a pruebas de eficiencia para poder permanecer en su puesto. La idea es recortar lo mayor posible la nómina estatal por parte de la gestión libertaria, que en lo que va del 2024 despidió a más de 35 mil trabadores de diferentes sectores públicos.
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Según indicaron desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, las evaluaciones serán de carácter presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate, ya sea profesional, administrativo y servicios generales. Ya que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.
La realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que se hará en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.
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Si bien la medida despertó el malestar de los gremios que representan a los trabajares del Estado, desde la gestión libertaria señalaron que no buscan que esto “sea un filtro, sino tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”. La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para nuevos ingresantes.
En tanto, desde el Gobierno insisten en que seguirán recortando y desmantelando áreas del Estado que ya no sean eficientes, como se hizo durante el 2024, ya que se redujo la cantidad de ministerios de 24 a 18. A la vez, que se recortaron en un 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del ámbito nacional.
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