Los celulares hablan, posiblemente, más que sus propios dueños. Así se convirtieron en una pieza clave en la causa por presuntos hechos de corrupción, que tiene como principal acusado a Alberto Fernández. El entramado de 45 contratos, la intermediación de brokers de seguros y más de $ 3.300 millones abonados en concepto de comisiones, se va armando con información que la justicia obtiene de los 30 dispositivos electrónicos secuestrados. El teléfono que ahora se abrirá, por orden del juez Julián Ercolini, es el de Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos y amigo de Héctor Martínez Sosa y María Cantero. Además, está citado como testigo en la causa por violencia de género contra el ex mandatario, en la que declarará el próximo 26 de agosto..

Su nombre cobró relevancia cuando del celular de María Cantero, el juez federal Julián Ercolini, obtuvo imágenes que exponen todo tipo de regalos de elevados costos que buscaban hacerle al entonces intendente de la Quinta de Olivos que les facilitaba ingresos y reuniones, por fuera de los registros oficiales.

Daniel Rodríguez fue chofer de Alberto Fernández por décadas. Un hombre de confianza que entre 2019 y 2023 se convirtió en el intendente de la quinta presidencial de Olivos.

En reiteradas ocasiones, en los 1.899 mensajes que intercambiaron Martínez Sosa con su esposa y ex secretaria de Fernández, se refieren al intendente de la Quinta de Olivos como “el gordo, gordi, Dany”. Las conversaciones, también hablan de pedirle a él el ingreso a la residencia presidencial. El 16 de abril de 2021, Cantero escribe: “Pudiste hablar con Dany para ir a Olivos”. E incluso cuando están detrás del contrato de Fabricaciones Militares y no lograban ubicar a Agustín Rossi, la ex secretaria le recomienda a Martínez Sosa “hablar con Dany que seguro lo ve más que yo”.

Conocía en detalle los movimientos de la Quinta. Todo lo que allí sucedía, pero también estaba al tanto del negocio del matrimonio respecto de los seguros. Rodríguez aparece en fotografías que el broker Martínez Sosa se sacaba con él, almorzando en un sector de la residencia de Olivos.

Hasta el momento parecía un personaje lateral a los hechos bajo investigación. Esa situación se revirtió cuando el 23 de junio de este año el juez Ercolini allanó una vivienda que figura bajo la titularidad de Héctor Martínez Sosa. La sorpresa del juzgado fue que allí vive Daniel “gordo” Rodríguez, quien no dio mayores explicaciones. Durante aquel operativo ordenado por el juzgado se le secuestró el celular.

El juez federal Julián Ercolini entendió que su rol no era menor y, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, se ordenó la apertura de su móvil. “Un facilitador de encuentros, de ingresos a la quinta de Olivos y una persona de extrema confianza de Fernández”, definió una fuente allegada a la investigación.

El celular de María Cantero desnudó un “modus operandi” vinculado a los beneficios que fue obteniendo Martínez Sosa. Los números oficiales lo ubican como el segundo broker más beneficiado con el pago de comisiones que realizó el Estado entre 2019 y 2023: 366.635.744 de pesos. Pero le llevó la cuenta más costosa (la de Gendarmería por 1.160 millones de pesos en concepto de comisión) a Bachellier SA, que encabeza el listado de las cinco compañías más beneficiadas.

La justicia federal sostiene que hay vínculos directos entre Martínez Sosa y Bachellier SA, lo que lo convertiría en el principal beneficiario. El Estado pagó más de 3.300 millones de pesos en comisiones, sólo cinco brokers acumularon el 80,56% de esos fondos.

Al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, la lista de contratos que cosechó el broker mostraba el resultado de su constante lobby, “en el que su esposa tuvo mucho que ver”, resaltó una fuente allegada a la causa. Cantero estaba al tanto de los contratos que le interesaban a su esposo, gestionaba las reuniones extraoficialmente, y en muchas de esas gestiones intervenía Daniel Rodríguez. La quinta de Olivos fue sede de encuentros y conversaciones que destrabaron contratos que terminaron integrando la nómina de Martínez Sosa.

En ese entramado, Cantero “aprovechó su posición no sólo física por dónde se encontraba su oficina, sino su posición de extrema cercanía al ex presidente”, explicó a Clarín una fuente judicial cuando se encontraron con las conversaciones de su celular: son intercambios con su esposo Héctor Martínez Sosa. Pedidos de reuniones, consultas sobre contratos específicos, entre otras intermediaciones y cuando ese camino se trababa, acudía directamente “al jefe”, es decir: al Presidente de la Nación.

La justicia no tiene ninguna duda respecto a la relación íntima, de amistad, entre Alberto Fernández y Martínez Sosa. No se investiga el vínculo personal, sino que el mismo fue propicio para armar una estructura de negocios que dañaron los intereses del Estado para beneficios de los particulares involucrados: el ex Presidente, imputado en esta causa, su broker amigo y la ex secretaria privada.

Cuando el juez federal, Julián Ercolini, ordenó una serie de allanamientos dejó entrever las acusaciones que pesan sobre Fernández, Martínez Sosa y Cantero y que podrían alcanzar a Rodríguez. Una asociación ilícita constituida para generar una administración fraudulenta en perjuicio del Estado y las negociaciones incompatibles, son posiblemente, las figuras penales por las que deberá responder el ex presidente de la Nación en una eventual citación a indagatoria.

Hay dos puntos centrales en el caso: si las comisiones abonadas por parte del Estado, responden a los valores de mercado y por otro lado, si los procesos de contrataciones se realizaron a través de procesos irregulares, como ser, el direccionamiento de las licitaciones. Entre los reproches legales al ex Presidente, la justicia le atribuye haber vedado la posibilidad de que en el marco de la Administración Pública central, se hayan llevado procesos transparente y que impulsen la real competencia.

Junto a los celulares bajo inspección, hay un pedido formal del fiscal del caso -Carlos Rívolo- para que el teléfono secuestrado hace una semana a Alberto Fernández se incorpore a la investigación por presuntos hechos de corrupción.

Ese dispositivo electrónico se iba a abrir, en principio, sólo para determinar si en el marco del expediente penal por violencia de género Fernández violó las medidas restrictivas y continuó acosando a Fabiola Yañez. Ella indicó que los días 6 y 7 de agosto cuando las órdenes cautelares estaban en vigencia, continuó escribiéndole desde su celular y a través de terceras personas.

Alberto Fernández es el principal imputado en este caso donde se investiga una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Si bien la pericia del celular lo que obtiene es toda la información, la fiscalía solicitó que el juzgado realice una inspección y selección de aquellos datos, contactos, conversaciones que podrían contribuir a clarificar el entramado bajo análisis en la causa de los Seguros.

De ese teléfono pueden desprender conversaciones con Daniel Rodríguez, Martínez Sosa con quien son amigos hace 30 años y también, con su histórica secretaria: María Cantero cuyo celular se convirtió en una caja de pandora.

De esas comunicaciones se desprende la mención a un docena de funcionarios vinculados a contratos que fue obteniendo el broker amigo del presidente, como también cerca de 25 negociaciones iniciadas por el matrimonio en línea directa con Fernández. La justicia sigue colocando las piezas a este rompecabezas y el fiscal Rívolo entiende, que el celular del ex mandatario, podría ser clave.

Mientras en la causa por presuntos hechos de corrupción el juez Ercolini ordenó abrir su celular, Daniel Rodríguez deberá ir a Comodoro Py la semana próxima: el 26 de agosto a las 10 de la mañana. Fue citado por el fiscal federal Ramiro González que imputó esta semana a Alberto Fernández por lesiones leves y graves, agravado doblemente por el vínculo, en abuso de poder y de autoridad más amenazas coactivas.

Como intendente de la quinta de Olivos, el representante del Ministerio Público Fiscal, entiende que su testimonio puede ser determinante en la causa donde Fabiola Yañez denunció agresiones físicas, verbales, hostigamiento, destratos recurrentes, golpizas con habitualidad, incluso golpes durante su embarazo. Gran parte de esos hechos atribuidos al ex Presidente, transcurrieron en la residencia oficial.

¿Qué pudo ver? ¿Qué pudo escuchar? ¿Estuvo al tanto de lo que esas paredes encerraban? Son algunas de las preguntas que la justicia se formula y que quiere realizarle al ex chofer de Alberto Fernández.

Fabiola Yañez no lo ofreció como testigo a Rodríguez. Allegos a su defensa indicaron que el personal de la quinta de Olivos «firma confidencialidad y más allá de relevar el secreto se van a cuidar, no se va a arriesgar a hablar -porque es planta permanente- a perder el trabajo», explicaron a Clarín. De todos modos, el fiscal Ramiro González quiere escucharlo.